A finales de 2025, la profesora Laura Wills-Otero, directora de Congreso Visible, presentó los resultados de una consultoría desarrollada junto a Sheyla Durán-Oviedo y Andrés Manrique para IDEA Internacional. El encargo hacía parte del proyecto regional “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para proteger las democracias en América Latina”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y su producto fue un estudio de caso sobre Colombia: uno de los más completos que se han producido sobre el estado actual de la democracia electoral en el país. El informe parte de un diagnóstico que pocos se atreverían a calificar como tranquilizador. Colombia entra al ciclo electoral 2026 con instituciones electorales sólidas, la Registraduría Nacional ha modernizado sus procesos de forma notable en la última década, pero también con un Código Electoral que data de 1986, un Consejo Nacional Electoral que los propios actores del sector describen como partidizado, y niveles de violencia política que, tras disminuir entre 2016 y 2018, volvieron a escalar. En los primeros meses de 2025, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró más de 130 hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunitarios. No es un dato menor: es el telón de fondo sobre el que transcurre cualquier conversación sobre integridad electoral en el país.
Junto a este diagnóstico institucional, el equipo analizó tres dimensiones que resultan especialmente relevantes para entender los desafíos contemporáneos del proceso electoral colombiano. La primera es la digitalización: la RNEC ha incorporado biometría facial y dactilar, arquitecturas en la nube y herramientas de analítica de datos, pero lo ha hecho en ausencia de un marco legal claro y bajo esquemas contractuales con proveedores privados que limitan las posibilidades de auditoría ciudadana independiente. La segunda es la desinformación: el informe documenta cómo Colombia combina una ciudadanía mayoritariamente moderada con élites políticas que utilizan plataformas digitales —especialmente entornos cerrados como WhatsApp— para propagar narrativas engañosas que erosionan la confianza en las instituciones y en los resultados electorales.
La tercera dimensión es quizás la más novedosa y la que más aportes teóricos ofrece: la violencia digital de género en política. El estudio describe con detalle cómo las mujeres que participan en la vida pública colombiana enfrentan formas sistemáticas de agresión en entornos digitales (amenazas, campañas de desprestigio, violencia simbólica) que no son accidentales ni espontáneas, sino que responden a lógicas de poder orientadas a desincentivar su participación. La Ley 2453 de 2025, que tipifica la violencia política contra las mujeres incluyendo su dimensión digital, representa un avance normativo importante, pero el informe deja claro que la distancia entre la norma y su aplicación efectiva sigue siendo considerable.
Estos resultados trascendieron el informe entregado a IDEA Internacional. La riqueza analítica del trabajo —tanto en su marco conceptual como en los hallazgos empíricos derivados de entrevistas, grupos focales y revisión documental— se convirtió en insumo directo para el Seminario de Política Colombiana, el curso de cierre de carrera que ofrece el Departamento de Ciencia Política para sus estudiantes de pregrado. La consultoría proveyó casos, datos y marcos interpretativos actualizados con los que trabajar en el aula: exactamente el tipo de circulación del conocimiento que esta sección ha venido describiendo a lo largo del año.
Y es que el proyecto ilustra bien la tesis de esta editorial: cuando un equipo de investigación documenta sus procesos con rigor y con conciencia de que sus preguntas tienen valor más allá del encargo original, el conocimiento producido no se agota en el informe final. El análisis sobre violencia digital de género, la discusión sobre los límites de la digitalización electoral sin base legal robusta, o el mapa de actores del ecosistema electoral colombiano son todos materiales con potencial formativo para múltiples audiencias: estudiantes de ciencias sociales, funcionarios electorales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas especializados. La pregunta que esta sección quiere dejar abierta es si la Facultad puede empezar a hacerse esa pregunta — ¿qué audiencias se beneficiarían de este conocimiento? — de manera sistemática, al cierre de cada proyecto, y no solo cuando el encargo original lo contempla.
