¿Cuán difícil será la tarea de la reconciliación en el país? ¿Qué opiniones y actitudes tienen los colombianos frente a otros ciudadanos involucrados en dinámicas del conflicto? ¿Cómo evalúan las perspectivas para la reconciliación en este país? Y ¿Qué factores inciden en sus opiniones acerca de estos temas?
Más allá de los daños materiales y tangibles, los conflictos arma-dos—especialmente aquellos de larga duración—dejan profundas secuelas en las instituciones sociales y políticas y en las opiniones y creencias de las personas. Aunque se reconstruya la infraestructura destruida, se desmovilicen los combatientes y se repare a las víctimas, quedan grandes retos en términos del (r)establecimiento de relaciones sociales constructivas y productivas entre todos los miembros de la sociedad, que apalanquen y generen sos-tenibilidad para los demás cambios políticos y económicos que deben emprender los países una vez se comprometan con una transición hacia la paz. Llamado genéricamente «reconciliación», este proceso de (re)construcción de confianza entre los ciudadanos y en las instituciones estatales que se refleje en actitudes y comportamientos constituye, por lo tanto, un importante reto para cualquier país que encare seriamente las implicaciones de un conflicto armado para la construcción de una paz sostenible. Lejos de ser sólo un slogan emotivo que permea la cultura popular, la reconciliación tiene implicaciones tangibles en el devenir de las sociedades.
¿Cuán difícil será la tarea de la reconciliación en el país? ¿Qué opiniones y actitudes tienen los colombianos frente a otros ciudadanos involucrados en dinámicas del conflicto? ¿Cómo evalúan las perspectivas para la reconciliación en este país? Y ¿Qué factores inciden en sus opiniones acerca de estos temas?
La reconciliación es difícil de estudiar porque es difusa y difícil de medir, porque se trata de un fenómeno de largo plazo y porque ha sido frecuentemente equiparada con su manifestación religiosa y espiritual, profundamente subjetiva y vinculada a las identidades individuales.
A pesar de estas dificultades, con base en una encuesta realizada por Ipsos – Napoleón Franco en febrero del 2012 por encargo de la Fundación Social, la Unidad de Víctimas del Departamento de Prosperidad Social, el Centro de Memoria Histórica, la OIM y el Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPaz) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, se pueden ofrecer varias respuestas a las preguntas arriba señaladas.
En primer lugar, la mayoría de los colombianos parece tener actitudes favorables a la reconciliación y contrarias a guardar rencores hacia otros grupos, especialmente hacia los principales responsables de la violencia colombiana. Esto es un resultado notable después de casi cincuenta años de conflicto armado, en el curso del cual han muerto miles de personas. Parece que, en general, la población colombiana no sólo tiende a tolerar a «los otros», sino que están dispuestos a convivir con ellos, tenerlos de vecinos, novios y colegas. Ello puede deberse en parte a que un porcentaje elevado de la población comparte un sentimiento de responsabilidad colectiva frente a la violencia que ha azotado al país. Puede reflejar también la elevada proximidad social entre los diferentes grupos enfrentados en el conflicto (en muchas comunidades colombianas conviven víctimas y perpetradores con otros grupos sociales) y la fatiga de guerra que un conflicto de larga duración impone a la población.
En segundo lugar, las divisiones de la población colombiana no parecen hoy ser profundas ni parecen ser de tipo identitario, ya sea porque hace tiempo dejaron de serlo o porque el cansancio de la guerra llevó a superar las divisiones. Más del setenta por ciento de los encuestados opina que reparar a las víctimas contribuye a la reconciliación y que deberían aumentarse los impuestos para cubrir las necesidades de la reparación. Además, la condición de víctimas sorprendentemente se asocia con actitudes favorables a la reconciliación con perpetradores. Así, las barreras entre estos grupos sociales parecen no ser insuperables como muchas veces se sugiere en los círculos normativos de la justicia transicional, en los cuales la perspectiva de que víctimas y perpetradores restablezcan lazos sociales puede ser considerada no sólo imposible sino indeseable e inmoral. Según los datos de esta encuesta, no sólo ya está y ha venido ocurriendo sino que se ve más que con resignación, con franca aceptación. No hemos vivido ni parece que vamos a enfrentar los colombianos la perspectiva de masivos ciclos de venganza.
Al mismo tiempo, una serie de hallazgos obligan a matizar este balance. Si bien existe una suerte de «masa crítica transicional», grupo que comparte actitudes más favorables a la reconciliación y que está compuesto por personas que tienen, en promedio, mejor educación, mejor conocimiento de los mecanismos e instituciones de justicia transicional y expresan una mayor confianza en los colombianos y sus instituciones, existen también actitudes y opiniones que privilegian la reconciliación con unos sobre otros. Estas opiniones constituyen importantes alertas para quienes deberán formular políticas públicas en este campo porque apuntan a serias dificultades que el proceso deberá enfrentar. Es necesario prestar atención a quienes creen que las víctimas en general eran personas vinculadas con grupos armados ilegales o que la mayoría de personas que se beneficiarán con la Ley de Víctimas son oportunistas que se hacen pasar por víctimas para recibir beneficios. También a la clara división que hay entre víctimas organizadas y las que no lo están (la mayoría) en términos de sus opiniones frente a la verdad, la justicia y la reparación. También es importante considerar la baja disposición a aceptar la participación en política de los perpetradores.
Sin embargo, lejos de ser máquinas vengadoras que buscan hacer cuentas a como dé lugar, la población colombiana aparece aquí mucho más pragmática, incluso comprensiva de lo que muchos se imaginarían de cómo las complejidades de la guerra pueden atrapar a individuos determinados del lado equivocado del espectro moral. Este es un insumo importante para quienes formulan políticas públicas y estudian el fenómeno en Colombia.
