Abordar el tema de la responsabilidad de las universidades colombianas frente al posconflicto exige que se mire con atención el contexto en que se plantea la pregunta para poder entender los alcances e implicaciones sobre la dinámica de transformación que enfrentan estas instituciones en la actualidad. En efecto, las instituciones de educación superior están pasando por una especie de «vértigo de adaptación» en virtud de las nuevas formas de producción del conocimiento, de las nuevas demandas sociales, de los cambios de las nuevas tecnologías en materia de su evolución y alcance. Las preguntas que deben responder ponen en tela de juicio la pertinencia de sus funciones tradicionales heredadas hasta el punto que, para muchos, hoy las condiciones materiales de su reproducción se están agotando y su cultura se está convirtiendo en un obstáculo para asumir los cambios que el nuevo escenario en que operan les exige.
Se trata de situaciones críticas que cuestionan su pertinencia actual y que a modo de enunciado se pueden mencionar, entre otros, los siguientes: a. Las nuevas formas de producción y gestión del conocimiento obligan a las universidades a operar en forma de redes, a cambiar sus estructuras de gestión del conocimiento y a vincularse a instituciones externas de investigación, cuyos intereses y finalidad no se acoplan bien con los de las instituciones de educación superior; b. ¿Cómo responder a la demanda creciente por la educación de tercer nivel, proveniente de los sectores de menores ingresos?; c. Las nuevas demandas de los mercados laborales son cada vez más diferenciados y versátiles; d. Los efectos de la globalización en la educación superior ponen la mirada en aspectos tales como la movilidad académica de profesores y estudiantes, y la flexibilidad de los currículos; e. La conformación de «Espacios de Educación Superior» en América Latina, a imitación de lo hecho por la Comunidad Económica Europea; f. El interés creciente del sector externo por las universidades al entender la importancia de alianzas para avanzar en competitividad, como país en una economía global; g. ¿Cómo incorporar las nuevas tecnologías en la educación superior y aprovecharlas como recursos para incrementar el acceso y la educación a lo largo de la vida?
Todos estos aspectos generan turbulencias que afectan el funcionamiento interno de las instituciones de educación superior y constituyen puntos claves para el análisis de las transformaciones en curso. Una visión de conjunto de estas transformaciones parece mostrar que se está dando una incoherencia entre la visión que la universidad tradicional tiene de sí misma y las expectativas que los grupos de interés actuales tienen de ella. Para muy pocos de estos grupos son importantes los valores básicos que defienden y practican por lo menos algunas universidades consolidadas: la libertad intelectual, la autonomía, el valor de la crítica y el interés de la universidad en la formación integral de sus egresados. A esta última se le pide, por el contrario, que produzca conocimiento de frontera sin profesores bien formados, que capacite profesionales de manera rápida y poco costosa, y que se articule a la solución de los problemas del país sin que las propuestas de quienes detentan el poder puedan ser discutidas. Pareciera que los grupos de interés requieren una «universidad funcional», orientada por los mercados. En consecuencia, debe aceptarse que las universidades colombianas se encuentran, como tantas otras, en medio de estas turbulencias y que las más sólidas poco a poco van encontrando nuevos caminos para aumentar su pertinencia, incrementar su responsabilidad social y responder a las expectativas sociales que se tienen frente a ellas.
Es en este contexto en el que se plantea la pregunta acerca de qué puede hacer la Universidad colombiana después de una posible firma de los acuerdos en La Habana. Las respuestas no abundan; de una parte, porque no se entiende bien qué significa exactamente posconflicto; y de otra, porque no siempre la institución universitaria ha sabido situarse de manera adecuada frente a las exigencias de su medio, siendo prisionera de un estilo establecido desde la Colonia, más cerrado y auto-referencial que abierto, y articulado a las dinámicas de la sociedad.
Las nuevas formas de producción y gestión del conocimiento obligan a las universidades a operar en forma de redes y a vincularse a instituciones externas de investigación, cuyos intereses no se acoplan bien con los de las instituciones de educación superior.
Es fácil encontrar aún entre los miembros de la «tribu académica» quienes sostengan que esta pregunta no es pertinente porque la Universidad en su idea originaria tiene su objeto propio en el desarrollo de la ciencia como valor en sí y no como medio para resolver los problemas del país. Claro está que esta última posición es una verdad a medias porque olvida que uno de los objetivos de la creación de la Universidad de Berlín (1811), planteados por Von Humboldt, fue la unificación del espíritu alemán deshecho por las guerras napoleónicas; por lo tanto, fue una finalidad política de la Universidad atada al compromiso con el país. Pero sin ir tan lejos, recuérdese el interés de Bolívar y Santander al crear las Universidades de Antioquia (1822), de Cartagena y del Cauca (1827), porque bien sabían de la importancia de expandir nuestras fuerzas productivas intelectuales para lograr la unificación política de la nación después del retiro forzado de los españoles. Lo mismo aconteció en el gobierno de la Revolución en Marcha, cuando Alfonso López Pumarejo, teniendo clara conciencia de la importancia de reorientar la universidad colonial para ponerla al servicio del país y sin abandonar su idea originaria, buscó apoyarse en ella para satisfacer las urgencias del incipiente proceso de modernización. Pero aún más, Darcy Ribeyro, hacia la década de los setenta en Brasil, recordaba en su célebre obra La Universidad necesaria, que la Universidad Latinoamericana debía tener tres compromisos claros: con el conocimiento, con la formación del talento humano y con el desarrollo del país.
Ahora, la pregunta acerca de qué debe o puede hacer la Universidad colombiana en el posconflicto no es un problema de semántica, sino más bien de si existe o no voluntad política de la Universidad para comprometerse con las urgencias inmediatas del período que sigue a la firma de los compromisos en La Habana y ratificados por la sociedad en general, de la forma en que se decida hacerlo. La pregunta no es arbitraria y, si la Universidad colombiana es débil en su respuesta, quizá ello demuestra la debilidad del Estado y de las instituciones existentes para enfrentar el reordenamiento de la sociedad que la coyuntura requiere. Si realmente se asume que la Universidad forma parte de la estrategia, por la simple razón de los bienes públicos que produce y porque, como lo señalaba el Presidente Salgar en su época: «Si no se le da a la educación la importancia que tiene en la urgencia de destruir la ignorancia, el problema de la miseria pública, el de la libertad, el del progreso, en fin, estarán siempre delante».
¿Qué puede hacer entonces la Universidad colombiana en el posconflicto? Para contribuir al debate sobre el tema, propongo las siguientes ideas: a. Evitar mantenerse al margen de su contexto siendo infiel a su responsabilidad social y a las expectativas que la sociedad tiene de ella; b. Asumir un compromiso con el país en conformidad con su naturaleza y funciones propias; c. Con plena conciencia del debate ideológico en el seno de la institución, reconocer de una parte, que los acuerdos de La Habana, hasta donde de ellos se tiene conocimiento, se refieren no a una negación de la estructura del Estado o del orden económico vigente sino a la urgencia de avanzar en el proceso de restitución de tierras; que no implican la clausura de los mecanismos de la democracia sino a crear otros espacios que generen democracia en las regiones, más allá del poder gamonal; y de otra parte, que tales acuerdos no conllevan un cambio radical en la política agraria, sino un política que haga menos daño al productor campesino. Todo ello inspirado en el principio de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como puede apreciarse, se trata de aspectos que tienen que ver con la construcción de país, con su desarrollo; aspectos que deberían interesar a la Universidad en tanto asuma su compromiso con la sociedad. En cada uno de ellos se está haciendo referencia a cambios en la sociedad colombiana o mejor, a reformas que ya han sido mencionadas por diversos académicos en el pasado y que no se han hecho porque claramente ponerlos en acción afecta la dinámica de los intereses sedimentados en el país; d. por último, visibilizar las limitaciones de las propuestas y enfoques de los marcos de referencia de la política en acción; a modo de ejemplo, los alcances y límites de la justicia transicional, los pros y contras de una Constituyente o de un referendo como mecanismos de ratificación de los acuerdos por parte de la sociedad.
La pregunta acerca de qué debe o puede hacer la Universidad colombiana en el posconflicto es de si existe o no voluntad política para comprometerse con las urgencias inmediatas del período que sigue a la firma de los compromisos en La Habana.
Es posible identificar otras acciones prioritarias, a saber: formar profesionales con competencias para enfrentar la urgencia de la reconstrucción del tejido social; adelantar investigación sobre el poder local; asumir los puntos de los acuerdos de La Habana como agenda de investigación interdisciplinaria en las universidades que disponen de especialistas en estos temas. Quizá, las instituciones de educación superior tienen la obligación de asumir la responsabilidad de formar una nueva élite para el nuevo país. Esto último podrá llevarlas a reinventarse en cuanto se refiere a pensar sobre los mecanismos de relación que existen entre ellas y el medio externo colombiano, que no se agota en las relaciones ya existentes con las élites y el sector corporativo privado.
Esta urgencia de posicionamiento y de respuesta de las universidades frente al conflicto es un problema de responsabilidad social de estas instituciones, que les implica sentirse comprometidas con el devenir de la sociedad colombiana en este estadio de su desarrollo. Así, su pertinencia será visible no solo en los sectores de mayores ingresos, sino también en los «condenados de la tierra» que esperan construir nuevos y dignos proyectos de vida que posibiliten una sociedad más abierta, crítica y flexible.
Para ampliar la información sobre este tema, el autor sugiere la siguiente bibliografía:
Banco Mundial. (2000). The Task Force on Higher Education and Society «Higher Education developing Countries. Peril and Promise». Washington: The World Bank.
BID. (2005). Hacia la expansión del capital del conocimiento de América Latina y el Caribe: Una estrategia del BID para la educación y la capacitación. [Borrador].
Brunner, J. J. (2003). Aseguramiento de la calidad y nuevas demandas sobre la Educación Superior en América Latina. En Consejo Nacional de Acreditación, Colombia (Ed.). Educación Superior, calidad y acreditación (Tomo I). Bogotá: CNA.
CEPAL/UNESCO. (1992). Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile: CEPAL-UNESCO.
CINDA. (2011). Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2011. Brunner J. J. (Coord.). Santiago de Chile: RIL editores.
Clark, B. (1997). Universidades modernas. Espacio de investigación y docencia. México: Nueva Imagen.
Gibbons, M. (1998). La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares-Corredor.
GUNI (2009). La Educación Superior en tiempos de cambio. Nuevas dinámicas para la responsabilidad social. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
Kaplinsky R. (2005). Globalization, Poverty and Inequality. Cambridge: Polity Press.
Orozco, L. E. (2002). La calidad de las Universidades. Más allá de toda ambigüedad. Bogotá: CNA.
Reich, R. (1993). El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI. Buenos Aires: Javier Vergara (ed.).
* Luis Enrique Orozco Silva (leorozco@uniandes.edu.co) es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Colombia.
