En los últimos años, Colombia parece haber experimentado un cambio de rol en el juego político regional e internacional. Ha ganado mayor visibilidad entre sus vecinos y ha dado pasos orientados a reforzar su posicionamiento internacional. Entre estos, cabría mencionar la promoción de la inversión directa extranjera y la publicidad otorgada a su nuevo estatus de “país de renta media”; sus aportes a los retos globales medioambientales, principalmente a través de organizaciones como la ONU; el impulso de la cooperación sur-sur mediante la difusión de conocimiento en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico; y, finalmente, la intensificación de los flujos migratorios de extranjeros que buscan una oportunidad laboral en el país, así como la internacionalización del conflicto armado interno y el proceso de paz impulsado por Juan Manuel Santos.
El análisis de estos cambios en los lineamientos de la política exterior colombiana integra una de las áreas de investigación del nuevo Centro Colombia contemporánea que la Facultad de Ciencias Sociales ha puesto recientemente en marcha. Liderada por el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Facultad, el principal objetivo de esta área de investigación es realizar un análisis riguroso sobre los factores locales, nacionales, regionales e internacionales que han contribuido a impulsar estos cambios de rumbos, así como sus posibles efectos. Esto con el fin de realizar recomendaciones para la formulación de política pública y para profundizar en el conocimiento sobre el papel de Colombia en algunos de los procesos globales contemporáneos.
Con este telón de fondo, pareciese que el país ha ampliado el espectro de posibles relaciones tanto bilaterales como multilaterales, relativizando en alguna medida la centralidad que Estados Unidos ha tenido en su formulación de política exterior durante más de un siglo. Sin embargo, si bien estas son algunas de las tendencias que parecen dibujar las últimas acciones de Colombia en relación con su política exterior y su rol en las relaciones internacionales, esta área de investigación abordará interrogantes orientados a dilucidar cuánto hay realmente de nuevo en estas acciones, en qué medida responden a un cambio de paradigma en la política exterior colombiana, cuáles son las motivaciones que las impulsan y cuáles sus efectos sobre las dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales del país, así como su grado de sostenibilidad en el tiempo.
Con el fin de responder a estas inquietudes, el área de investigación Colombia en la región latinoamericana y en el mundo desarrollará cuatro líneas temáticas de análisis.
a) Desarrollo y cooperación internacional: el objetivo principal es estudiar el doble rol de Colombia como país receptor de ayuda internacional y, a su vez, donante emergente. Se analizará cómo este cambio influye en la elaboración y adaptación de recomendaciones y normas internacionales para la práctica del desarrollo en y por Colombia, así como los efectos perversos y/o inesperados que pueda tener esta bicefalia ejercida por el país en términos de cooperación al desarrollo.
Pareciese que el país ha ampliado el espectro de posibles relaciones bilaterales y multilaterales, relativizando la centralidad que Estados Unidos ha tenido en su formulación de política exterior durante más de un siglo.
b) Seguridad y flujos ilícitos transnacionales: la noción de seguridad ha sufrido un proceso de redefinición desde el fin de la Guerra Fría. Colombia, y en general la región latinoamericana, ejemplifica con claridad cómo el viejo paradigma de seguridad asociada al Estado soberano y a la fuerza militar se combina y tensiona con nuevas demandas de seguridad humana y ciudadana que exigen formas de autoridad coordinada a nivel transfronterizo. El objetivo de esta línea es, por tanto, estudiar cómo Colombia está respondiendo a los nuevos retos de seguridad a nivel nacional y en la construcción de respuestas regionales y globales ante el impacto de flujos ilícitos transnacionales como el tráfico de drogas, armas, recursos naturales y la trata de personas.
c) Flujos migratorios: si bien el país cuenta con numerosas investigaciones que han abordado el desplazamiento interno como un fenómeno de movilidad humana, son mínimas e iniciales aquellas que buscan estudiar el impacto de los flujos migratorios extranjeros hacia Colombia. El país se enfrenta actualmente al reto de formular una política pública migratoria integral que hasta el momento no tiene, a fin de responder al creciente ingreso de migrantes extranjeros al territorio nacional como lugar de tránsito o destino. Para responder a este reto, el CEI ha creado, junto a la Unidad administrativa Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, un Observatorio de las migraciones para desarrollar investigaciones que permitan comprender la naturaleza e impactos de estos flujos de personas en cuatro ámbitos principales: i) la articulación entre seguridad nacional y protección de los derechos humanos; ii) los procesos de integración y construcción de ciudadanía; iii) la relación entre migración y desarrollo socioeconómico; iv) la particularidad de las dinámicas sociales de las franjas de frontera.
d) Derechos Humanos y política exterior: internacionalmente, Colombia ha respondido a los desafíos de la violencia generada por el conflicto armado interno mostrando formalmente su compromiso con la protección de los derechos humanos. Además de ratificar los principales instrumentos internacionales sobre el tema, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/2011) reconociendo el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Si bien se han realizado numerosos estudios sobre las disposiciones de la ley, los mecanismos de implementación y sus efectos, la inmensa mayoría de ellos han prestado escasa o nula atención a la situación de los colombianos víctimas del conflicto en el exterior. El CEI adelanta un proyecto de investigación junto con la Procuraduría General de la Nación buscando responder a este vacío y formulando recomendaciones orientadas a comprender el bajo número de reclamaciones presentadas por los connacionales en el exterior, la mayoría con estatuto de refugiado, para hacer efectivos estos derechos.
