Liderado por Felipe Botero Jaramillo (Departamento de Ciencia Política, Uniandes) y en co-ejecución con Silvia Alejandra Otero Bahamón (Universidad del Rosario), el proyecto propone una cartografía fina y metodológicamente transparente de la estatalidad para comprender, con mayor resolución, cómo y dónde se expresa el Estado en el territorio nacional. La propuesta, de 12 meses de duración, se inscribe en el espíritu de Puentes de Conocimiento: investigación conjunta, pertinencia social, co-creación interinstitucional, formación de talento y apertura de resultados para el beneficio público.
Puentes de Conocimiento es una convocatoria concebida para fortalecer alianzas entre universidades y, cuando aplica, actores no académicos, en torno a problemas de desarrollo cuya solución requiere evidencia rigurosa, diálogo interdisciplinar y productos orientados al uso. Sus términos de referencia enfatizan la co-ejecución entre instituciones asociadas, la participación formativa de estudiantes de pregrado y posgrado, la calidad ética y metodológica de las propuestas, y la transferencia de conocimiento mediante planes de comunicación para públicos especializados y no especializados. Además de la solidez técnica, la convocatoria valora la colaboración efectiva (con roles y mecanismos de coordinación claros), la gestión de datos responsable y la proyección del proyecto más allá de su primera fase, con miras a futuros escalamientos o concurrencia a fondos competitivos. En su ciclo operativo, Puentes articula etapas de construcción de consorcios, evaluación por pares, adjudicación, kick-off y seguimiento a través de informes de avance y productos comprometidos. En síntesis, el llamado invita a tender puentes entre la excelencia académica y el valor público, de manera que los resultados no solo sean sólidos, sino también útiles y accesibles.
En ese marco, «El mapa del poder» parte de una premisa básica: la estatalidad no se distribuye de forma homogénea al interior de los límites político-administrativos. En muchos contextos de gobernanza híbrida o legitimidad fragmentada, parte de las funciones atribuidas al Estado se ejercen por mecanismos indirectos, dispositivos informales o arreglos colaborativos que las estadísticas agregadas no alcanzan a capturar. Para iluminar esa heterogeneidad, el equipo propone medir la capacidad estatal a través de tres dimensiones complementarias —coercitiva, extractiva y administrativa— y traducirlas a una batería de indicadores espacialmente sensibles que permita observar patrones intramunicipales. La innovación central es la adopción de una unidad de observación independiente de la división político-administrativa: una rejilla regular de 5×5 km que “desarma” el mapa municipal para localizar diferencias de presencia estatal a escalas más próximas a la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
La metodología combina sensores remotos, registros administrativos y encuestas de opinión en un protocolo reproducible. En fuentes remotas se consideran imágenes satelitales y luces nocturnas; en infraestructura, redes viales y datos de cobertura de telefonía móvil; en registros, sistemas sectoriales de educación, salud y justicia; y en percepción, baterías reconocidas en ciencias sociales. Todos los insumos serán armonizados a un sistema geodésico común y agregados a la rejilla definida, con procedimientos de interpolación para variables continuas y agregación por moda ponderada en variables categóricas. El equipo implementará validación cruzada interna y externa para examinar consistencia temporal, sensibilidad a decisiones técnicas (por ejemplo, radios de interpolación) y robustez frente a alternativas de construcción. En esta primera fase, la aproximación es descriptiva y exploratoria: se busca caracterizar la estatalidad y sus asociaciones territoriales, no inferir relaciones causales. Ello no impide que la arquitectura de datos se diseñe desde el inicio para posibilitar, en etapas posteriores, análisis cuasi-experimentales o comparaciones diacrónicas más finas. La apuesta de ciencia abierta es un rasgo estructural del proyecto. Al cierre, la comunidad contará con índices subnacionales desagregados por dimensión a 5×5 km, bases de datos documentadas, shapefiles, mapas estáticos y un visor geográfico interactivo de acceso público, acompañados por guías de uso y buenas prácticas de citación, de forma que periodistas, analistas, organizaciones sociales y entidades públicas puedan usar, contrastar y reutilizar los resultados sin barreras técnicas. Junto con ello, el equipo desarrollará dos artículos científicos en coautoría —uno metodológico sobre construcción y validación de indicadores, y otro aplicado al caso colombiano—, así como un boletín de divulgación orientado a públicos no especializados y un curso en co-docencia Uniandes–Rosario sobre Estado, territorio y métodos espaciales. Este último componente responde directamente a los énfasis de la convocatoria en formación de talento y transferencia hacia nuevas generaciones de investigadoras e investigadores, con espacios para jóvenes asistentes que se entrenarán en SIG, curaduría de datos, análisis espacial y comunicación pública de evidencia.
El componente institucional es igualmente clave. Universidad de los Andes actúa como entidad ejecutora y Universidad del Rosario como co-ejecutora. Felipe Botero Jaramillo lidera el equipo desde el Departamento de Ciencia Política de Uniandes, mientras que Silvia Alejandra Otero Bahamón aporta desde el Rosario una trayectoria consolidada en análisis territorial, provisión de bienes públicos y estudios sobre conflicto y gobernanza. Esta pareja de instituciones refleja una cooperación sustantiva: integra experiencia en teoría política, métodos espaciales, datos abiertos y diseño institucional, y proyecta una red formativa para estudiantes de pregrado y posgrado que participarán en tareas de integración de fuentes, validación, producción cartográfica y escritura de productos. A nivel de gestión, la Oficial de Proyectos Ángela Patricia Rodríguez Cruz y la Decana Laura Wills Otero han acompañado los pasos de aval, radicación y articulación interunidades, asegurando que el cronograma de Puentes fluya con los hitos que la convocatoria establece. Más allá del logro académico, los impactos esperados se miden en decisiones mejor informadas. Una lectura de la estatalidad a 5×5 km permite identificar bolsas de ausencia o concentración dentro de un mismo municipio, priorizar territorios con déficits simultáneos en dimensiones críticas, coordinar intervenciones entre sectores y evaluar si los esfuerzos públicos modifican, con el tiempo, la geografía de la presencia estatal. En línea con los ODS 10 y 16, el proyecto ofrece un lenguaje común —indicadores y mapas— para que diferentes actores conversen sobre los mismos datos y ajusten sus estrategias a partir de evidencia compartida. Esa es precisamente la filosofía de Puentes de Conocimiento: producir investigación conjunta que tenga valor público y potencia de escalamiento, sin sacrificar el rigor metodológico ni la transparencia. En la etapa inmediata, el consorcio iniciará la curaduría e integración de fuentes, la puesta a punto del protocolo espacial y un primer ciclo de validación con usuarios potenciales para recoger retroalimentación temprana (historiadores locales, oficinas de planeación, periodistas de datos, organizaciones comunitarias). En paralelo, se avanzará en el prototipo del visor, la documentación de metadatos y la planificación del curso, cuidando que la experiencia formativa incorpore ética de datos, seguridad de la información y comunicación clara hacia audiencias no expertas. A lo largo de los 12 meses, los hitos de seguimiento pactados con la convocatoria asegurarán que la producción de evidencia y su traducción en productos públicos marche al ritmo esperado. Al cierre, la comunidad académica y la ciudadanía dispondrán de una caja de herramientas abierta para mirar el territorio con más detalle y para sostener conversaciones mejor informadas sobre presencia estatal, desigualdad y oportunidades de intervención.
