Cuando se transita por el centro de Bogotá, es usual encontrarse junto a las oficinas del Palacio de Justicia grupos de personas que sostienen pancartas, entonan arengas y tocan instrumentos mientras algunas otras entran a radicar una demanda ante la Corte Constitucional. También es frecuente encontrar en las carteleras de las ONG fotografías tomadas en la Plaza de Bolívar que retratan a abogados y ciudadanos que, orgullosos, sostienen un documento con el sello de “Recibido”. Este documento, que es una demanda radicada, sintetiza el trabajo de muchos días y noches, de discusiones, encuentros y desencuentros entre las organizaciones sociales que participaron en la escritura de una demanda. En efecto, a partir de la Constitución Política de 1991, la movilización social en Colombia se lleva a cabo no solo por medio de protestas y labores de cabildeo, sino también —y cada vez más— mediante la presentación de demandas ante la Corte Constitucional.
