El 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, ha convocado a las mujeres de todo el mundo para salir a las calles y manifestarse por la defensa de sus derechos, particularmente para reclamar el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Este 8 de marzo del 2022 es, además, una celebración por el más reciente triunfo alcanzado por las activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres: la despenalización total del aborto hasta la semana 24.
Desde el Gender, Justice and Security Hub de la Universidad de los Andes, queremos visibilizar los hitos de las movilizaciones y conquistas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, así como ofrecer un panorama en torno a las regulaciones del derecho de familia, las libertades patrimoniales, el matrimonio, sus hijas/os y la decisión libre y autónoma de tenerles. Al final del texto describiremos algunos de los retos que plantea la decisión de la Corte Constitucional del pasado 21 de febrero de 2022, especialmente para las mujeres víctimas del conflicto armado. El Gender Hub se une a esta conmemoración y celebración de hoy.
A continuación, presentaremos la línea de tiempo mencionada:
La decisión de la Corte Constitucional bajo la Sentencia C-055 del 2022, resolvió mantener el delito del aborto en el sistema normativo, con excepción de los abortos que se practiquen antes de la semana 24 de gestación, y sin sujeción a este límite cuando se configuren las causales expresadas en la Sentencia C-355 de 2006 reseñada en la línea de tiempo. Así mismo, este fallo histórico de la Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral para garantizar el acceso a este servicio por las mujeres. En este sentido, la celebración por esta conquista es parcial, dado que aún quedan pendientes una serie de acciones de política pública que en efecto materialicen el fallo constitucional.
Una investigación adelantada por DeJusticia, organización socia del Gender Hub, sobre los derechos sexuales y reproductivos en Montes de María, también dio cuenta sobre cómo los roles de género inciden negativamente en la garantía de estos derechos, dado que la maternidad es una expectativa impuesta sobre las mujeres, la cual resta el ejercicio autónomo y libre de ellas a decidir sobre sus cuerpos, su reproducción y su sexualidad[1].
Al respecto, queremos señalar que este cambio legal aún no significa el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los retos a los que nos enfrentamos pasan por múltiples dimensiones entre los que resaltamos la apropiación por parte del personal médico y prestador de servicios de salud la nueva dirección de la práctica médica alrededor del aborto. Pensando, por ejemplo, en una modificación al lenguaje que etiqueta a toda persona gestante ingresada a un centro de salud como “mamá”, sin tener conocimiento de sus decisiones y pensamientos individuales.
De igual forma, reconocemos que existen otros retos como la divulgación de la decisión de la Corte en todo el territorio nacional, la persistencia del estigma del aborto, las barreras de acceso por parte de prestadores de servicios de salud y la voluntad política asociada a la implementación. El acceso al aborto seguro y legal, junto con el acceso a la anticoncepción, la anticoncepción de emergencia y la educación sexual integral, es un componente esencial de una política de salud pública eficaz.
Finalmente, queremos extender toda nuestra gratitud a las mujeres que han hecho de esta su lucha, a las organizaciones y colectivos. Más que por cualquier otra razón, fue su habilidad, compromiso y persistencia las responsables de este cambio en Colombia. Esta ley no es el final, es solo el principio.
[1] Dávila, María Ximena, Margarita Martínez, and Nina Chaparro. 2018. Un camino truncado: los derechos sexuales y reproductivos en Montes de María. Bogotá: Dejusticia.
Artículo por:
Luisa Salazar-Escalante
María Gabriela Vargas
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Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia.
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