Este escenario tiene como resultado que la regulación estatal de la tierra está en tensión con las prácticas y configuraciones socioespaciales de las comunidades. En este sentido, debido a que la concepción espacial del gobierno se construye y concibe a través mapas y conocimiento técnico que regula el uso, ocupación y tenencia de la tierra, las comunidades locales necesitan herramientas para traducir su conocimiento en una lógica espacial capaz de cuestionar y complementar los mecanismos de gobernanza del Estado. Por lo tanto, nuestro trabajo desarrolla metodologías que se fundamentan en la cartografía y los SIG participativos para construir instrumentos y planes ambientales alternativos que puedan situarse al mismo nivel que la información producida por el Estado, con el objetivo de conciliar la agenda de conservación, con la presencia y actividad humana.
