¿En quienes quedarán?

Hablar de los Acuerdos de Paz que firmó el gobierno colombiano en el 2017 puede resultar desgastante para muchas personas. Pensar nuevamente en ese momento político que dividió al país resulta polémico. Las mentes de las personas se remontan una vez más a la disputa que se generó sobre el “SÍ” y el “NO”. Los que fueron defensores del “SÍ” resaltan el hecho de que algunas personas le dijeran no a la paz, mientras que quienes estuvieron del lado del “NO” aún se quejan de que el gobierno continuará con el acuerdo negociado pese a su triunfo. Las disputas respecto a este tema son varias, pero en todas ellas hubo un factor que no generó mayor oposición: las curules de paz. El Observatorio de la Democracia afirma que dos de cada tres colombianos apoyan estas circunscripciones territoriales. Sin embargo, hay un tema que resulta preocupante al hablar de estas y es quiénes serán abanderados. Hay consenso en que las personas de los territorios que fueron afectados por el conflicto armado deben tener voz y espacio en la política nacional, pero se debe garantizar que estas personas estén por el beneficio de su territorio y no de distintos intereses privados. Es por esto, entre muchas otras razones, que a un día de que se desarrollen las elecciones legislativas es necesario remontarse nuevamente a lo pactado años atrás.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz son producto del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016. Mediante estas se busca promover y fomentar la reparación colectiva y darle representación política a las personas que han padecido directamente el conflicto armado. Tras múltiples complicaciones relacionadas con su aplicación, el Acto Legislativo 2 del 2021 del Congreso ratificó, finalmente, su existencia y vigencia para los siguientes dos periodos de elección, es decir para el 2022-2026 y el 2026-2030, en la Cámara de Representantes. El dar voz y poder de acción a grupos históricamente olvidados o marginados por el Estado es de crucial importancia para el desarrollo efectivo de los Acuerdos de Paz. Los intereses y necesidades de estos sectores de la población, de los 16 territorios que contarán con su circunscripción, son muy distintos a los de los habitantes de las grandes ciudades y de aquellos usualmente promovidos por los partidos políticos. Para garantizar su eficiencia, el Acto Legislativo establece que para la postulación de una candidatura esta debe ser inscrita por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales. Si en la circunscripción hay territorios étnicos los consejos comunitarios, resguardos y autoridades indígenas y las Kumpañy podrán dar el aval e inscribir candidatxs. Además de estas hay otras restricciones, como haber nacido en el territorio y haberlo habitado por tres años consecutivos.

El Acto Legislativo busca implantar ciertas barreras claras para la adquisición de la curul en el Congreso, dándole representación y mediante ella el reconocimiento y dignificación a las víctimas del conflicto armado. El objetivo de las curules es claro, pero el temor de que distintos miembros de la política tradicional que se encuentren vinculados a ella tomen el poder de dichos espacios está latente. Según Pares (2022) las nuevas curules se enfrentan a tres problemáticas: i) la presencia de estructuras armadas ilegales que dificulten el desarrollo libre de las elecciones; ii) las dinámicas de las economías ilegales y el riesgo de victimización y; iii) la cooptación democrática de los clanes políticos. La última de estas resulta de particular atención debido a un informe obtenido por Sin Corbata sobre los candidatxs en el Catatumbo, una de las 16 circunscripciones definidas. En este informe se cuestiona a 5 de lxs 14 candidatxs a las Curules de Paz en dicho territorio: Diógenes Quintero Amaya, Pedro Elías Quintero Montejo, Mayra Alejandra Gaona Pinzón, Tatiana Judith Gaona Pinzón y Jhon Jairo Márquez Guerrero.

La obtención de información respecto a cada unx de lxs candidatxs resulta compleja debido a la ausencia de información, imagen del olvido estatal mencionado previamente. Sin embargo, con plena confianza en la información obtenida y a partir de la revisión que se logró realizar, se denuncia la inviabilidad de estxs candidatxs y se realza la preocupación sobre quiénes estarán representando a las zonas marginadas. Pongamos como ejemplo la situación de Diógenes Quintero, exdefensor regional de Ocaña. Este mantuvo vínculos estrechos con el representante a la cámara por el Partido de la U, Wilmar Carrillo. Además, se ha manifestado que su candidatura corresponde a una cuota política de William Villamizar, Silvano Serrano y Wilmer Carreño, personas vinculadas a los partidos políticos tradicionales y que han gobernado al departamento en las últimas décadas. Otro ejemplo puede ser plasmado a partir de la postulación de Jhon Jairo Márquez, exalcalde de El Tarra, quien dejó al municipio con una demanda por despidos masivos e injustificados. Es además cuestionado por sus posibles nexos con los procesadores de coca en la región. La situación de ambos pone en tela de juicio no solo sus candidaturas, sino que refleja la preocupación del contexto del que provienen lxs otrxs 397 candidatxs que se expanden a lo largo del territorio nacional.

La necesidad de hablar con las personas que se encuentran en los territorios es de crucial importancia para poder entender el contexto regional y lograr obtener información sobre quienes se están postulando a la representación. Las curules para la paz son una oportunidad única en la que grupos históricamente marginados podrán alzar su voz y representar los intereses de sus territorios. Pero como fue evidenciado brevemente en los casos de Diógenes Quintero y Jhon Jairo Márquez, es fácil que la representación caiga en las manos equivocadas. Recordemos que obtener las mayorías en el congreso es un objetivo crucial de cualquier coalición que esté buscando el poder, ya sea para gobernar o ser oposición. La oportunidad de conseguir votos y así poder tener mayorías es de gran interés de los partidos políticos existentes y, por tanto, pone en riesgo la representación real de los territorios. Pero el cuestionamiento no solo debe recaer en la posibilidad de generar mayorías en la Cámara, sino también en las personas que están siendo electas. La representación debe basarse en los intereses de los ciudadanos y ser hecha por personas que realmente estén inmiscuidas en su contexto y busquen trabajar por él. Es necesario un mayor estudio sobre quiénes fueron lxs candidatxs a las curules de paz y sobre cómo funcionarán en la Cámara aquellxs que sean electxs. Pero de lo que no hay duda es que a las personas de estos territorios no se les puede privar de una oportunidad única e histórica como la que se les está ofreciendo. Aquellas personas que intenten apoderarse bajo los intereses de partidos políticos o de diferentes mafias han de ser castigados severamente. Las barreras legales muchas veces no son suficientes y es necesario ingeniarse distintas alternativas para que el objetivo de la política realmente se pueda cumplir. La lucha por las necesidades de su territorio que ha sido afectado por décadas debe darse en base al conocimiento, y nadie posee más de este que sus habitantes.