Editorial

Los traspiés de los mecanismos de participación ciudadana: la consulta anticorrupción

El domingo 26 de agosto los colombianos nos dirigimos a votar por cuarta vez en menos de seis meses de lo que va del 2018. Sin embargo, esta vez no era una elección ordinaria, sino la inauguración de uno de los mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional: la consulta popular. Los traspiés de todo tipo no se hicieron esperar.

Si bien después de una larga y caudalosa recolección de firmas y de una aprobación unánime en el Congreso se veía buen viento para la consulta, las dificultades empezaron a surgir al momento de la convocatoria a elección. En primera instancia, surgieron las preocupaciones sobre el abstencionismo, pues la apatía y el desinterés ciudadano dificultaban lograr cumplir el alto umbral del 33,3% del censo electoral. Asimismo, el poco apoyo de líderes políticos que fueron protagonistas de la política nacional en 2018 (Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas), generó preocupación sobre la aprobación de la consulta y dudas sobre su relevancia. También las críticas enfocadas en tildar la consulta como innecesaria no se hicieron esperar: argumentos sobre los altos costos del mecanismo, la existencia de normas similares a las propuestas, y el retiro del apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron aspectos que aparecían como premonitorios del fracaso de la consulta.

Estas preocupaciones se vieron opacadas parcialmente las últimas semanas previas a la votación con el surgimiento de cuestionamientos de corte jurídico, concretamente sobre la viabilidad constitucional de las preguntas 1 y 7. La pregunta 1 planteaba la disminución de los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado descritos en el artículo 197 de la Constitución; y la 7 se refería a la limitación de la reelección indefinida de congresistas y miembros de otras corporaciones públicas. Ambas pretendían modificar normas de orden constitucional (los artículos 187 y 132-133 respectivamente), y sobre esto se generó un largo debate en medios de comunicación y redes sociales que dio pie a una fuerte oposición.
Sobre esto es importante recalcar que, efectivamente, las consultas populares no pueden promover iniciativas inconstitucionales (artículo 21 L.1575/15). La Sentencia C-150 de 2015, referente a la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana plantea expresamente que las consultas populares no pueden modificar la Constitución Política, pues el mecanismo idóneo para esto es el referendo constitucional. Si bien este argumento se utilizó para promover el abstencionismo desde el supuesto de que la consulta engañaba la voluntad popular para dar ventaja política de sus promotores, de haber sido aprobadas, se hubiese generado un fuerte impasse que iba a recaer, como normalmente ocurre, en la Corte Constitucional.

Hablo de impasse porque la ley de mecanismos de participación ciudadana (L. 1757 de 2015) establece que el órgano correspondiente para adoptar las medidas de obligatorio cumplimiento a nivel nacional es el Congreso (Art. 42, numeral c.), y que, si vencido el plazo de máximo un año no se expiden las normas necesarias, el Presidente de la República deberá, dentro de los 15 días siguientes, adoptar decretos con fuerza de ley para hacer efectiva la voluntad popular expresada en la consulta. Si, para el caso de la Consulta Anticorrupción (en el caso hipotético de que hubiese sido aprobada), hubiese habido incumplimiento por parte del Congreso, el presidente se habría encontrado con el dilema de tener que tramitar una modificación a la Constitución Política por medio de un decreto ley, lo cual, claramente no está contemplado dentro de sus poderes.

Para muchos la solución a esto estaba en el “vacío” relativo a la carencia de un control constitucional previo y automático a la convocatoria de elección, como sucede para las consultas en entidades territoriales. No obstante, las sentencias C-180 de 1994 y C-150 de 2015 recuerdan en que no está entre las funciones de la Corte -expresadas taxativamente en el artículo 241 de la Constitución-, realizar control previo de constitucionalidad a las consultas populares. Las anteriores providencias plantean expresamente prohibición de este control, pues solo existe posterior y para vicios de trámite y realización. Si se buscase cambiar esto, sería necesaria una reforma constitucional.

Es importante hacer énfasis en que lo sucedido con la Consulta Anticorrupción. Más allá de haber generado este debate, debe ser el inicio para impulsar la búsqueda de soluciones a esta situación, con el fin de evitar que se irrespete la libertad del votante. Los postulados de una consulta aprobada son de obligatorio cumplimiento, y dejar siempre este tipo de soluciones a la Corte Constitucional genera dilemas que profundizan el desencanto ciudadano hacia la democracia. Lo anterior, porque era claro que, de haber sido aprobadas, estas dos preguntas no habrían sobrevivido luego de su paso por la Corte, pues violaban postulados constitucionales. De haber sucedido eso, habría quedado en entredicho la voluntad popular.

Finalmente, es clave recalcar que, a pesar de no haber sido aprobada, no hubo un fracaso de la Consulta. En términos comparativos, considerando que no fue una elección ordinaria (donde hay cantidades de personas movilizando la votación y mucho dinero materializado en propaganda, así como comida, camisetas, ladrillos y otras formas de clientelismo), la votación de casi 12 millones de colombianos se configura como un hecho inédito en Colombia. La medida logró demostrar que los ciudadanos sí votan por cuestiones programáticas y no solo materiales o inmediatas.

Y un último traspié que dejo como pregunta: ¿violó la ley el Registrador al dar resultados parciales de la Consulta el domingo?