Editorial

¿Vivir juntos, iguales y diferentes, en paz?

Vivir juntos: probablemente no habrá actividad más evidente cuando de sociedades humanas se trata. No obstante, desde hace algunos años, este fenómeno aparentemente tan natural se ha convertido en un concepto con nombre propio, objeto de análisis y fuertes connotaciones políticas. El “vivir juntos” no solo se da, así no más. También puede prestarse para debates. Sobre todo, debe entenderse como un aprendizaje.

A finales de la década de 1990, el sociólogo Alain Touraine hacía la pregunta: “¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes”, en un mundo cada vez más marcado por la influencia paralela de la ley del mercado y del resurgimiento de afirmaciones identitarias frecuentemente contradictorias. Progresivamente, la expresión entró en el vocabulario común en Francia. La necesidad de pensar –y no solo “padecer”– el vivir juntos llegó a ser reclamada en nombre de un mayor respeto de diferencias étnicas, religiosas, regionales o de orientación sexual que el principio de la –supuesta– igualdad nacional ya no alcanzaba a borrar de la esfera pública. Aunque la referencia al vivir juntos pudo también ser tachada de limitarse a una receta retórica “de cajón”, heredada del modelo multicultural estadounidense al que escaparía la excepción Francesa –defendida, siempre, en nombre de la sacrosanta República.

Paralelamente, la profunda crisis social que quedó al descubierto tras la matanza de “Charlie Hebdo” y los atentados del 13 de noviembre en el año 2015, contribuyó para demostrar que tampoco tendría cabida el “entre sí” –otra fórmula consagrada del hablado galo de las últimas décadas–. “Entre sí”, debe leerse como el encierre identitario. A veces impuesto por estigmatizaciones y cierta “ghettoización” con base en desigualdades en el acceso a recursos políticos, económicos, culturales, educativos y de salud –tales como las que afectarían en mayor proporción a los habitantes de los suburbios, a ciertos franceses “procedentes de la inmigración” y/o a la “comunidad musulmana”. Pero también “entre sí” otras veces reivindicado como medida defensiva frente a amenazas exteriores –tales como las que inquietarían a la “comunidad Francesa”, a los “franceses de pura cepa”. Y de repente, aún, “entre sí” para quienes lograrían escapar al malestar de ambiente y considerarían que no habría nada que hacer. En últimas, un “entre sí” que dejaría poca chance de interlocución dentro del ámbito nacional y que oscurecería el futuro próximo del tejido social.

Panorama complicado para el caso francés, el cual además solo es un ejemplo de los difíciles retos que afectan hoy varios otros países europeos. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, la experiencia de Colombia se destaca por ir en una dirección seguramente igual de compleja pero más alentadora, con aires de lo que –me parece– puede dar buenos ejemplos a seguir.

A pocas semanas de celebrar un cuarto de siglo para la Constitución de 1991 vale recordar una vez más la fuerza que habrá tenido esta para la enseñanza del vivir juntos. Es de resaltar su capacidad discursiva, para ratificar la pluralidad y la multiculturalidad del país. Pero sobre todo, cabe insistir en su incidencia concreta: para promover el respeto de la diversidad y la igualdad en la(s) diferencia(s); aún más, para invitar a la concertación.

Así, en varias oportunidades, los jueces constitucionales han llamado a preservar los derechos fundamentales y demás principios de no discriminación de las personas, acreditados en la Magna Carta. Han recordado al Estado su responsabilidad al respecto. Desde el Ministerio del Interior se han instaurado instancias y procesos de comunicación con las “minorías” – sexuales, indígenas, afrodescendientes, roms. Entre otros aspectos, se han institucionalizado reuniones alrededor de una Mesa Permanente de Concertación Nacional para asegurar negociaciones estatales con los pueblos indígenas así como una Consultiva Nacional con las comunidades afrocolombianas. A través de estas han venido perfilándose puntos de acuerdos, relativos a tierras, autonomía o consulta previa por ejemplo. Mal que bien, aunque con bloqueos, peleas e incertidumbres, también a “golpes” de movilizaciones sociales, las conversaciones siguen rigiendo.

En el mismo orden de ideas, la otra esperanza de Colombia se enfoca por supuesto en la paz. No solo la que posiblemente se firmará pronto –lo cual, indudablemente, será un primer gran paso. Pero, más bien, la que irá construyéndose, consolidándose, en el día a día en el mal llamado “post-conflicto”. Los conflictos no desaparecerán, de hecho son parte de la esencia del vivir juntos, de la política. Pero formulemos el deseo que se den en adelante sin armas y a través de diálogos que, ojalá, no acaben en La Habana.

Si lugar a dudas podría ser allí la mejor condición para efectivamente aprender a vivir juntos, iguales y diferentes, en paz.

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El impeachment de Dilma: Brasil bajo juicio

Por: Simone Pitta (s.souto10@uniandes.edu.co)

El 12 de mayo, el Senado brasileño decidió, por 55 votos contra 22, aceptar la decisión de la Cámara de Diputados de apartar a la presidenta Dilma Rouseff de su cargo. Dilma es la segunda jefa de Estado del país en enfrentar un proceso de impeachment desde la redemocratización del país, 24 años después de la caída de Fernando Collor. El vicepresidente Michel Temer del PMDB, partido de la coalición, asumió interinamente la presidencia y en la última semana presentó su equipo de ministros, entre los cuales siete están siendo investigados por corrupción en la operación Lava-Jato*.

El juicio político en el Congreso, presidido por el ministro-jefe de la Corte Suprema, tendrá una duración máxima de 180 días en que la presidenta será juzgada por crímenes de responsabilidad**. Los pronósticos para Dilma no son favorables. La prensa y el congreso parecen estar preparando el ambiente para un gobierno pemedebista hasta diciembre de 2018. A diferencia del juicio de Collor, en el que una amplia mayoría aprobaba el proceso, en el caso de Dilma lo que se observa, a través de las protestas en las calles en defensa de la democracia, es una fuerte polarización. No necesariamente entre militantes del PT versus los de la derecha, pues en últimas lo que hay es un divorcio entre sociedad y clase política. El sistema representativo va de mal en peor con los escándalos de corrupción que envuelven a varios partidos y congresistas, incluso a los presidentes del Senado y la Cámara (este último recientemente apartado de su cargo por la Corte Suprema).

La polarización es más social que partidista. No solamente Dilma está en juicio sino el sistema político brasileño también. Políticas sociales del gobierno PT, como Bolsa Familia y la movilidad social de la clase C, la corrupción crónica de la administración pública, la relación entre el legislativo y ejecutivo, la mala gestión de los recursos públicos e incluso la necesidad de la democracia, son temas de contestación pública que develan una crisis profunda de representación y legitimidad. En el corto plazo, con el gobierno Temer estamos aún más lejos de llegar a un consenso. Una encuesta realizada en abril por el Datafolha muestra que 58% de los entrevistados está a favor de un impeachment para Temer también.

En un documento elaborado en octubre del año pasado, llamado Puente para el Futuro, Temer convoca la unidad nacional con propuestas sobre un fuerte ajuste fiscal, reducción de los ministerios y cargos públicos y alteraciones en el sistema de seguridad social y de los derechos de los trabajadores. La respuesta es fundamentalmente una forma de retomar las riendas de la economía bajo un lema antiguo y conservador de orden y progreso, que más parece un puente hacia el pasado. La crisis de representación sumada a la económica, el desplome del PIB de -3,4 en 2015 y una tasa de desempleo de 10% en 2016, precipitó el fin de 13 años de gobierno PT.

Después de conocer la decisión del Senado, Dilma, que luchó contra la dictadura militar y fue torturada y detenida por el Estado por crímenes políticos, acompañada por su mentor Lula da Silva, pronunció un discurso fuera de congreso en que compara el proceso a un golpe a la joven democracia brasileña. Tal vez más que joven, lo que enfrentamos en Brasil es el resultado de una democracia corrupta, de un libreto mal escrito de malas alianzas partidarias, una lucha a cualquier precio por el poder y el despertar de una ciudadanía desconcertada. Ojalá que, en el posible juicio político de las calles, la novela acabe con un final más promisorio de lo que vemos en el presente.

*La Operación Lava-Jato es la más grande investigación penal ejecutada por el Ministerio Público Federal en 2009, sobre corrupción en Brasil, donde se descubrió un esquema ilícito de pago de propinas en las licitaciones de Petrobras involucrando las principales constructoras del país y partidos políticos, con más de 490 personas investigadas, entre ellos 57 congresistas.

** Los crimines de responsabilidad están definidos en la ley n. 1079 de 1950. La solicitud del impeachment en contra de Dilma se refiere a tres acusaciones: apertura de créditos suplementarios, maquillaje de la deuda pública ante al sector financiero a través de maniobras fiscales (pedaladas) y falta de probidad administrativa.