Editorial
Seguridad ciudadana basada en evidencia empírica
Por: Ingrid Johanna Bolívar, profesora Asistente Departamento de Ciencia Política
El 2021 marca el aniversario de tres procesos significativos para los pueblos indígenas en Colombia. Corresponde, en primer lugar, a la celebración de los los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC , primera organización regional destinada a plantear sus reivindicaciones ante el Estado y la sociedad.
Veinte años después, en julio de 1991, se aprobó una nueva constitución. Desde entonces, esta ha transformado la definición de la nación, en nombre de su diversidad étnica y cultural. Al cabo de tres décadas, tal giro hacia el multiculturalismo ha pasado por la prueba de la experiencia. Si bien ha favorecido un reconocimiento oficial para los pueblos indígenas, las prácticas igualmente han demostrado limitaciones, retrocesos y fallas frente a dicho principio. Finalmente, han transcurrido cinco años desde la firma del Acuerdo para “la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, que propuso –también– involucrar a los pueblos indígenas en semejante desafío. Al respecto, incluye un “Capítulo étnico” y una serie de cláusulas basadas en la necesidad de su “trato diferencial”.
Con un grupo de estudiantes, abordamos –entre otros– estos temas, en el marco de un curso enfocado en “pueblos indígenas y política”. Allí, compartimos reflexiones sobre su inserción en las coyunturas (sub)nacionales. Nos referimos, por ejemplo, al proyecto de unidad que dimana del movimiento indígena, pero también a sus divisiones internas; a cómo quienes toman parte en el juego electoral, en nombre de sus organizaciones, enfrentan retos de representación; a las dificultades ligadas al funcionamiento de la consulta previa y la jurisdicción especial indígena; de manera más general, a la forma cómo no deja de estar puesta en entredicho la autonomía constitucionalmente plasmada y cómo, frente a ello, se mantienen la resistencia y la solidaridad, a través de las mingas. Pero, sobre todo, se destaca un asunto tan preocupante como recurrente. Semana tras semana, se amplía el número de líderes y activistas, hombres y mujeres indígenas, asesinados, masacrados, amenazados, desplazados, abusados, asustados –entre ellxs, también, menores de edad. Semana tras semana, y hasta día tras día, van así en aumento los registros de crímenes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el martes 20 de abril se rastreó 52 defensores de derechos humanos asesinados en el 2021, de los cuales 18 indígenas. Y, por cierto, la cuestión no es de cifras, sino de vidas. Este día, fue arrebatada la de Sandra Liliana Peña Peña autoridad del pueblo nasa, gobernadora del Cabildo de La Laguna – Siberia, en el Cauca.
Dentro de este panorama, los pueblos indígenas han repetido desde hace años su oposición a la guerra y su voluntad de aportar para la paz. Insisten en rechazar la incursión de actores armados –ilegales y legales– en sus territorios y reclaman el respeto de los Acuerdos de paz; llaman a una veeduría nacional e internacional. Paralelamente, apelan hoy al apoyo de “todas las estructuras locales, zonales y regionales, a los gremios, organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, estudiantiles, juveniles, afros, campesinos, defensores de derechos y comunidad en general, para que juntos, participe[n] activa y decididamente en [una] gran Minga Hacia Adentro”. Con esta, proponen, “en cada uno de [sus] territorios, implent[ar] y fortalec[er] el control territorial para que las actividades que generan desarmonías y son contrarias a [su] cultura, sean erradicas”. Además de aspirar a proteger “el territorio, la unidad, la cultura y la autonomía”, la acción se orienta hacia la “defensa de la vida y la paz”. Esta es, sin duda, una prioridad para los pueblos indígenas. Seguramente, también concierne y debería motivar a toda Colombia. Porque, definitivamente, ¡BASTA YA!
Análisis e Investigación
¿Qué tan centralistas somos? Una herramienta para medir y comparar la autoridad subnacional
Por: Juan Diego Prieto Sanabria, Investigador Postdoctoral del Departamento de Ciencia Política
En Colombia son frecuentes las denuncias contra el carácter centralista del Estado. Al menos una o dos veces al año surgen propuestas para convertir a Colombia en un Estado federal. ¿Qué tan centralista es Colombia? La respuesta parece fácil: tenemos un Estado unitario, no federal, luego se trata de un Estado claramente centralista. Pero la cosa no es tan sencilla. ¿Cómo hacemos entonces para medir el centralismo? ¿Cómo determinamos si un país es más centralizado o descentralizado que otros? El Índice de Autoridad Regional (Regional Authority Index, RAI), publicado por primera vez en 2008, propone bajar la mirada del nivel nacional al subnacional. Para determinar la estructura de gobierno de los países, el RAI no se queda en la distinción binaria entre países unitarios y federales, sino que pregunta por la autoridad que tienen las unidades subnacionales con relación al nivel nacional.
A su vez, el RAI analiza dos dimensiones de esta autoridad: “autogobierno” (self-rule) y “gobierno compartido” (shared rule) . La primera se enfoca en qué tanta autonomía tiene las unidades subnacionales para gobernarse a sí mismas y a la población que vive en su territorio. Esto depende de si las autoridades subnacionales son designadas por el nivel nacional o por elección popular, pero no sólo de eso; también importa el rango de las políticas que pueden adoptar y si pueden establecer impuestos y endeudarse sin autorización. La segunda dimensión se enfoca en la capacidad de las unidades subnacionales para incidir en la toma de decisiones nacionales. Por ejemplo, ¿qué incidencia tienen en el poder legislativo? ¿Qué tanto debe el ejecutivo nacional consultarlas para tomar decisiones que las afecten?
Además de codificar los puntajes de las regiones subnacionales de los países (y determinar con base en ellos el puntaje nacional), el RAI ofrece perfiles detallados de la evolución de la autoridad regional de cada país. La versión más reciente, lanzada la semana pasada, cubre 96 países y tiene datos de 1950 a 2018. Yo participé en esta última edición, actualizando junto con Sara Niedzwiecki los puntajes y perfiles históricos de 10 países de América Latina, incluyendo a Colombia. Los datos y los perfiles se pueden consultar completos aquí.
¿Qué nos dice el RAI sobre la autoridad regional en Colombia? El Gráfico 1 muestra la evolución histórica de los puntajes de Colombia en autogobierno y gobierno compartido. Vemos una tendencia hacia una autoridad creciente en términos de autogobierno, con varios saltos notables: primero en los 80 con las medidas de descentralización fiscal y posteriormente política, y el más grande con la Constitución de 1991. El gobierno compartido siempre ha sido limitado. Cuando existía, se limitaba a que los departamentos eran la unidad de representación en el Senado antes de 1991 un estado de cosas poco deseable). No ha habido otros mecanismos institucionales para que los entes territoriales incidan en las decisiones del orden nacional, como sí los hay en otros países.
Gráfico 1. Colombia. Puntaje RAI desagregado (1950-2018)
El Gráfico 2 compara el índice de autoridad regional combinado (autogobierno + gobierno compartido) de varios países de América Latina. Vemos que el efecto del federalismo en la autoridad regional es relativo y depende en gran parte del tipo de régimen político. Como lo muestran Argentina, Brasil, Perú y Venezuela, cuando la democracia es débil, la autoridad regional también lo es.
Gráfico 2. Colombia en perspectiva comparada. Puntajes RAI (1950-2018)
¿Y todo esto para qué sirve? Por espacio, anoto sólo dos cosas. Primero, es una fuente de datos valiosa para estudiar la política territorial empíricamente y en perspectiva comparada. Y segundo, nos muestra que hay que abrir la caja negra de los debates sobre federalismo versus unitarismo. Dentro de estas etiquetas hay mucha variación y un amplio menú de opciones para mejorar la calidad de la descentralización.
Dato de la semana
En la investigación “Igualdad de género, violencia y acoso sexual en América Latina: Hallazgos de la encuesta anual WIN World 2020” ,una de las temáticas principales fue el nivel de logro en igualdad de género en el trabajo, la política y el hogar. Frente a la pregunta “¿en qué medida se ha logrado la igualdad de género en su país en los siguientes campos?”, la encuesta encontró que para el 2020, en los 34 países incluidos en el estudio, las personas encuestadas percibieron un poco más de igualdad en el trabajo y el hogar mientras que, en la esfera política el incremento de igualdad fue significativamente mayor, aunque los niveles de igualdad de género en esta esfera siguen siendo bajos.
Fuente: WIN World 2020, Igualdad de género
Estudiantes
¿Por qué las reformas tributarias necesitan de nosotros los politólogos?
Por: Andrés Barinas, estudiante de último semestre de Ciencia Política y Economía
Cómo era de esperarse, el Gobierno al fin presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de “Solidaridad Sostenible” que venía haciendo eco hacía algunas semanas. Con más de 160 artículos, su aparición en la agenda legislativa tomo desprevenidos a algunos sectores de la población que, con el pasar de los años, ven como este tipo de reformas se empiezan a tornar permanentes. Para muchos esta no es la primera y seguramente no será la última reforma tributaria que verán a lo largo de su vida. En particular, si contamos el número de reformas tributarias realizadas durante este siglo, la ley de “Solidaridad Sostenible” está en camino de ser la duodécima. La duodécima reforma en apenas 20 años. ¿Cómo se puede intentar explicar este constante cambio en la estructura tributaria colombiana?
Aunque la respuesta parece económica -y en parte lo es, dado que la realidad económica se transforma con el pasar de los años- la naturaleza del constante cambio se sitúa sobre una dimensión política que permea cada uno de los debates en torno a este proyecto y que de una u otra forma termina distorsionando el documento que inicialmente se presenta. No se debe malinterpretar esta afirmación, pues el proceso democrático en la construcción de la reforma tributaria es esencial dado que busca otorgar legitimidad al proyecto de ley. Sin embargo, los mecanismos que otorgan legitimidad a este proceso no recaen solo sobre la tecnicidad económica impuesta en el proyecto sino también en la forma como el Congreso reacciona a esta propuesta y cómo comunica sus opiniones a la ciudadanía.
Desde una perspectiva económica, el documento “técnico” que fue presentado el 15 de abril ante los medios ha recibido un importante apoyo por parte de académicos, miembros de comisiones de expertos y especialistas en materia fiscal. La mayoría de ellos afirman que esta reforma parece ser muy ambiciosa en cuanto busca consolidar una estructura tributaria más progresiva y con menos privilegios para los colombianos ubicados en el decil más alto de ingresos. Pero si ese es el caso, ¿por qué algunos de los partidos políticos como Cambio Radical, Alianza Verde o incluso el Centro Democrático se manifestaron en contra de la reforma?
Porque la discusión técnica no aborda la discusión política. Porque la eliminación de exenciones tributarias, el incremento del IVA o el impuesto a las pensiones altas tienen un factor en común: un conjunto de personas “ganadoras” y “perdedoras” que buscarán representar sus intereses en el Congreso. Es aquí donde la Ciencia Política debe ser central en la discusión, pues estos intereses particulares de diferentes actores derivan en costos económicos que de forma irreparable tendremos que pagar en el futuro, seguramente con nuevas reformas tributarias.
La motivación es entonces a promover esta discusión política como un eje central en el análisis de esta reforma y de las reformas venideras. Claro que las discusiones técnicas sobre el uso de un impuesto son fundamentales, pero es igual o más importante pensar cuánto nos cuesta renunciar a componentes técnicos por la satisfacción de intereses personales con grandes poderes y privilegios dentro del Congreso.
Egresados
Fernando Escallón Largacha
Daniel es Politólogo de la Universidad de Los Andes con opciones en Derecho y Gobierno. Hizo su maestría en Gerencia Política en la Universidad de George Washington, y una especialización en Opinión Pública y Marketing Político en la Universidad Javeriana. Tiene 15 años de experiencia en asuntos públicos, gerencia pública, asuntos regulatorios, gerencia política, asuntos de gobierno, asuntos corporativos y manejo de crisis.
Actualmente es vicepresidente en Edelman Colombia y lidera hace más de 2 años y medio las prácticas de asuntos públicos, asuntos de gobierno y crisis. Hace parte del equipo de transformación regional, donde lidera clientes estratégicos para América Latina y la región Andina. En la práctica que maneja, sobresalen clientes del sector salud, tecnología, y alimentos y bebidas entre otros.
Antes de llegar a Edelman, fue Director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República de Colombia, desde este cargo llevaba el seguimiento de los indicadores y metas del gobierno nacional, les hacía seguimiento a los compromisos del Presidente y los temas prioritarios del Gobierno Nacional. Desde este espacio también lidero planes estratégicos como el Plan Pacífico, La Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira o el Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuenta también con amplia experiencia en el sector público habiendo sido Gerente de Proyectos Especiales en el SENA, desde donde articuló el relacionamiento empresarial y gremial con las necesidades de empleabilidad y formación del país. Trabajó también en el Ministerio del Interior, donde asesoro temas de participación ciudadana y acción comunal, y en el Ministerio de Vivienda, donde lideró el equipo social. Fue también Edil de Chapinero (presidió la corporación en 2 ocasiones) y emprendedor durante 3 años con una agencia de marketing político.
Colombia internacional en Abstract
Cambiando la cerradura. Intenciones legislativas del proyecto de ley de migraciones en Chile
Objetivo/contexto : las democracias latinoamericanas del siglo XXI enfrentan una tensión entre “proteger” la soberanía estatal con políticas inmigratorias más restrictivas y adscribirse a los diálogos y acuerdos internacionales más liberales, que promocionan los derechos y la movilidad humana. Una mayor migración intrarregional, especialmente desde Venezuela, ha llevado a varios países a restringir derechos y libertades previamente reconocidos. Nuestro objetivo es profundizar en este giro hacia la restrictividad mediante un análisis empírico de las tendencias e intenciones legislativas de inmigración en Chile. Metodología : desde 2018, el Gobierno de Chile ha promovido medidas para “ordenar” y “regular” la inmigración. Entre estas, modificar la Ley de Migraciones de 1975. Empleamos el índice de políticas de inmigración en comparación (IMPIC), utilizando el proyecto de Ley 8970-06 y la Ley 20430 de refugiados. Conclusión: la administración chilena presenta intenciones legislativas de una mayor restrictividad frente a la inmigración económica y la reunificación familiar, que se direccionan a constreñir la movilidad humana.
Noticias
La revista Colombia Internacional publicó su edición número 106 titulada “Migraciones en clave política”. Léala aquí.
El pasado jueves 22 de abril estudiantes del curso “Introducción a la Ciencia Política” asistieron a la visita guiada virtual al Congreso, organizada por la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República, en asociación con las Secretarías Generales de Senado y Cámara de Representantes, y las Fundaciones Hanns Seidel y Domopaz. Esta es una actividad fomentada por el Programa Congreso Visible que tiene el objetivo de vincular al estudiantado de primeros semestres del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes con la historia, el arte, la arquitectura y el trámite legislativo del Congreso colombiano.
Ayer la profesora Sandra Borda publicó su columna quincenal en el diario El Tiempo, esta se titula “¡Aborto libre ya!”. Léala aquí.
Agenda
CEU (Central European University) junto a OSUN (Open Society University Network) invitan este jueves 29 de abril a las 8:30 a.m. a un seminario que se centrará en el libro “Socialism: Tragedy of an Idea”, el evento contará con la participación del autor Lajos Bokros. aquí. para más información.
El jueves 29 de abril a las 9:00 a.m. se llevará acabo el evento virtual “El rol de los congresos en la promoción de la ética y lucha contra la corrupción”, organizado por Congreso Visible y el Instituto Nacional Demócrata. Este evento tendrá como invitado al Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicepresidente mundial y presidente para América Latina y México de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC). Inscríbase aquí.
Oportunidades
Hasta el 21 de mayo el LAPOP Lab (Latin America Public Opinion Project) tiene abierta la recepción de propuestas para la conferencia anual “EL público y la democracia en las Américas”. Los trabajos deben usar datos del Barómetro de las Américas. Llene aquí el formulario.
La Revista Latinoamericana de Opinión Pública (RLOP) tendrá abierta convocatoria hasta el 15 de julio para recepción de artículos para el número especial “COVID-19 y opinión pública en América Latina”. Consulte aquí los términos de la convocatoria.
Director
Miguel García Sánchez
Asistente Editorial
María Byfield Pérez
Fanny Medina Ariza
Diseño Gráfico
Andrés Felipe Montoya
Ossman Aldana
