Hagamos un ejercicio. Por un momento piense en el nombre “Parques Nacionales Naturales”, ¿qué palabras vienen a su mente? Probablemente habrá pensado en naturaleza, vida, biodiversidad, animales, y quizás en menor medida, plantas, ríos, selva, aventura o paraíso. Si continuáramos nuestra lista muy pronto reconoceríamos una cierta inclinación por la dimensión “natural”, y en una segunda mirada comprobaríamos, quizá, que la asociación de estos territorios con grupos indígenas es débil, tan débil que nunca faltará el incauto a quien inspire la imagen del indígena en taparrabo.
Nada muy distinto pasa con las prioridades de conservación de las entidades delegadas por el Estado colombiano. Este sencillo ejercicio permite acercarse a los argumentos que rigen algunas decisiones políticas y administrativas —a veces con profundas consecuencias— que se toman sobre estos territorios y las comunidades que los habitan.
En las siguientes líneas discutiré los hechos que vienen ocurriendo en el Parque Nacional Natural El Cocuy, que a principios del año pasado fue noticia nacional cuando se convirtió en el hogar de dos cóndores jóvenes criados en cautiverio por la Sociedad Zoológica de San Diego y el Programa de Especies Sobrevivientes de California, Estados Unidos (El Tiempo, 16 de abril de 2011). La iniciativa, que busca recuperar el ave nacional —especie monógama de difícil reproducción—, estuvo acompañada de un hecho que llamó la atención de la opinión pública: los dos cóndores fueron bautizados con los nombres de Wayra y Sirará, palabras en u ́wa que significan ‘Diosa de los vientos’ y ‘Montaña’.
El uso mediático de Wayra y Sirará como emblemas de la naturaleza es un buen ejemplo de la lógica conservacionista que caracteriza la política de Parques Nacionales Naturales (PNN). Mientras los cóndores que llevan esos nombres reciben el apoyo y la vigilancia de programas internacionales, el pueblo que “simbólicamente” los bautizó es casi invisible.
El desequilibrio es más evidente si se revisan los planes de manejo en PNN y la puesta en marcha de los varios programas orientados a la recuperación y sostenimiento de la fauna y flora endémica (Muñoz 2002). En todos ellos se trata marginalmente el problema ambiental en las comunidades indígenas del mismo parque. La Política Nacional de Diversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se basa el Plan de Acción Institucional de PNN 2011-2019, establece que se busca “promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales” (Parques Naturales Nacionales de Colombia 2011: 10). Sin embargo, estas comunidades —dentro de las que se encuentran las comunidades étnicas— son mencionadas solamente en cuanto a la gobernabilidad y empoderamiento sobre las áreas de forma conjunta con las entidades gubernamentales, y respecto a los efectos antrópicos que causan sobre el medio ambiente, los cuales deben ser mitigados y reducidos en favor de la conservación de los recursos (Parques Naturales Nacionales de Colombia 2011: 23, 41)1.
Miremos únicamente el Plan de Manejo de El Cocuy: en dicho documento se establecen doce amenazas prioritarias para el parque a las que se debe hacer frente de forma inmediata (UAESPNN 2005: 14). La primera de la lista se refiere a la pérdida de gobernabilidad del pueblo u’wa por la presión ejercida por colonos, grupos armados y paradójicos planes de desarrollo (UAESPNN 2005: 13). No obstante, nueve de los puntos restantes no hacen alusión a la condición del pueblo u’wa en el parque y se concentran en su mayoría en problemas ambientales como la tala y quema indiscriminada; las obras de infraestructura sin las medidas ambientales correspondientes; el mantenimiento de las fuentes de agua; y la introducción de especies exóticas (UAESPNN 2005: 14).
El panorama se hace aún más apremiante cuando miramos de cerca el problema de los indígenas, que hoy ocupan cerca de un 30% del territorio dentro del PNN El Cocuy (UAESPNN 2005: 6). De acuerdo con un informe realizado en el mes de julio de este año por la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública (Obusinga)2, la situación de los u’wa en el plano alimentario es crítica y ha traído consigo consecuencias directas en la salud de la población, como por ejemplo la aparición de brotes de tuberculosis que amenazan su supervivencia (OBUSINGA 2011: 18). Según esta ONG, las comunidades u’wa de Aguablanca, Támara y Tauretes se encuentran en una situación de salubridad alarmante debido al acceso limitado a recursos alimenticios en el parque.
¿Cómo llegaron hasta este punto? Tradicionalmente, las comunidades se alimentaban de plátanos, caña de azúcar, maíz, chontaduro, y distintas frutas como: piña, lulo, kusará o salero, flor de bijao o rutona, bagala o sisona y kuesko o guáimaro (OBUSINGA 2011:14). Además de los vegetales, frutas y granos ya mencionados, los u’wa obtenían la proteína animal de animales de monte como paujiles, palomas, armadillos y algunos peces (OBUSINGA 2011:14). Pero hoy en día la obtención de proteína animal se ha visto reducida dramáticamente. Las causas detrás de la desaparición de especies animales van desde la contaminación de fuentes de agua y la caza indiscriminada hasta la tala de árboles para abrir terrenos a la ganadería y la presión de la frontera colonizadora (Muñoz 2002: 2; UAESPNN 2005: 7). Bajo este panorama, los indígenas del parque han visto reducido su territorio y por lo tanto la obtención de carne para su dieta. La falta de este componente alimenticio repercute directamente en el sistema inmunológico, reduciendo las defensas y aumentando la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, como es el caso de la tuberculosis, que los afecta actualmente (OBUSINGA 2011: 19).
Además del problema ambiental al que se enfrentan los u’wa y en general las especies de fauna y flora que ocupan el territorio del PNN El Cocuy, la integración dentro de la lógica campesina favoreció la introducción de animales que no son propios de este territorio como la vaca, el cerdo y la gallina, destinados a propósitos comerciales —principalmente para la obtención de leche y queso— por algunos pocos miembros de la comunidad (OBUSINGA 2011: 18). El dinero que obtienen a partir de la venta de estos productos les permite adquirir alimentos procesados como arroz, atún, lentejas, aceite, pastas, harinas, galletas y cerveza3 (OBUSINGA 2011: 15), alimentos no tradicionales que, de acuerdo con el informe del nutricionista y del médico especializado en seguridad alimentaria delegados por la ONG para el estudio, son de baja calidad nutricional a causa de su bajo aporte de proteínas.
Reacción en cadena
No sería justo desconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte de la entidad de PNN para buscar salidas a la situación actual de los indígenas, pero ha faltado intención, acción y visión de conjunto. La protección de la fauna y la flora endémica del parque es un aspecto obligatorio en los ejercicios de control de los funcionarios que vigilan los territorios reconocidos dentro de su jurisdicción, iniciativa que no se replica con las comunidades indígenas dentro del parque, cuyos interlocutores son miembros del ICAHN y el INCORA que limitan su actuación a los lugares donde hay conflicto de tierras o donde es necesario regular las formas locales de autogobierno en relación con los planes dispuestos para la zona de reserva ambiental (UAESPNN 2005: 19). Así, la atención que se presta a los problemas por los que atraviesan los u’wa es comparativamente menor a la que reciben los informes que reportan la disminución o desaparición de especies de flora y fauna4.
Las discusiones recientes sobre la conservación de especies endémicas en vía de extinción responsabilizan a los procesos de industrialización realizados en el territorio colombiano que pertenece a PNN. De acuerdo con la denuncia, estos son el principal riesgo para las especies de flora y fauna, únicas en el país y el mundo (Muñoz, 2002). Sin embargo, el deterioro del medio ambiente a raíz de dichos procesos no solo trae consecuencias para las diferentes especies de plantas y animales que por su rareza o utilidad —en términos comerciales— alcanzan protagonismo en publicaciones tanto académicas como de dominio público —prensa, noticias, etc. —, sino que además reduce la capacidad de supervivencia de los grupos humanos que habitan estos territorios, para los cuales las especies mencionadas son la base de su alimentación.
Notas
1. Cabe mencionar que el Plan de Acción contempla a futuro la implementación de diálogos con las comunidades a fin de garantizar monitoreo y vigilancia constante, las cuales, a su vez, permitirían articular distintas visiones del territorio y un manejo concertado de este (Parques Naturales de Colombia 2011: 23). Sin embargo, es un camino que apenas comienza.
2. Este estudio fue solicitado por el ICBF Regional Santander.
3. Si bien algunos productos de esta lista tienen altos porcentajes de proteínas, el informe aclara que son consumidos en cantidades mínimas. El plátano y algunos alimentos tradicionales, principalmente frutas –dice el informe–, son la base de su dieta actual.
4. Si bien en la estructura de algunas instituciones del Estado existen distintas dependencias que se ocupan de proyectos particulares con comunidades indígenas, como en el Ministerio de Interior y en el Ministerio de Agricultura, en realidad las dos entidades de competencia directa son el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Instituto Colombiano de Antropología. Así, el Art. 7 del Decreto 622 de 1977 expresa: “No es incompatible la declaración de un parque nacional natural con la constitución de una reserva indígena; en consecuencia cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada por grupos indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios correspondientes se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Instituto Colombiano de Antropología, con el fin de establecer un régimen especial en beneficio de la población indígena de acuerdo con el cual se respetará la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables, observando las tecnologías compatibles con los objetivos del sistema señalado al área respectiva” (UAESPNN 2005: 19).
