¿Cómo caracterizaría usted las movilizaciones sociales indígenas, afro y campesinas (entre otras “las mingas» indígenas, las «dignidades campesinas”, el paro de Buenaventura) que se han manifestado en el país durante los últimos años?
Uno de los primeros elementos que permite caracterizar a las movilizaciones que en los últimos tiempos se han desarrollado en torno al problema de la tierra en Colombia es la heterogeneidad, es decir, la confluencia de diversos actores que exigen demandas comunes y que en otros tiempos estaban aislados. Los paros agrarios de 2013, dieron cuenta de ello con la conformación de la Cumbre Agraria Campesina Étnica Popular que logra agrupar a la Organización Nacional Indígena de Colombia, a las comunidades negras representadas en la Autoridad Nacional Afrocolombiana y otras plataformas sociales que recogen organizaciones gremiales del campo como Fensuagro, Asonalcamp, Asocampo, Anzorc y Comusoc. De esta manera después de la movilización del 2013 logra formar una estructura organizativa que recogiera todas esas expresiones de movilización.
Por otra parte, esa suma de actores que constituyen la cumbre tiene otra característica particular: la convergencia de un pliego único de exigencias que no se limita a la lucha por la tenencia de la tierra —tal como ocurría dos décadas atrás— sino que trasciende a la reivindicación por el respeto a los derechos humanos, la reparación a las víctimas del conflicto por parte del Estado, la solución al problema de los cultivos de coca, las exigencia de cambios de carácter estructural en lo social, lo económico y lo político y, principalmente, a la búsqueda del reconocimiento de los campesinos organizados como sujetos políticos.
En su opinión, ¿cuáles son los alcances y los límites en Colombia del reconocimiento constitucional y del imperativo de Unesco sobre el “respeto de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia”?
Creo que en Colombia ese reconocimiento institucional y ese imperativo no se cumplen a cabalidad. En relación con muchos de los actores que se movilizan, por ejemplo, existen unos enmarcados por parte de algunos sectores de la ciudadanía, reforzados por los medios de comunicación, que los identifican con sujetos desestabilizadores, violentos, miembros de grupos armados etc. Lo anterior contribuye a que se promueva la criminalización de la propuesta social con el consecuente desestimulo por parte de eventuales nuevos participantes. En algunos movimientos en particular este fenómeno se acentúa; es el caso por ejemplo de quienes luchan por el derecho a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, las mujeres que defienden el derecho al aborto libre y seguro o de aquellos que luchan porque sus preferencias sexuales no coarten sus derechos legales, laborales o sexuales y reproductivos. En este punto vemos entonces que, a pesar del reconocimiento constitucional y del imperativo de la Unesco, mantenemos en muchos casos unos esquemas tradicionales de exclusión y discriminación de ese otro al que seguimos viendo distinto y cuyos reclamos consideramos inaceptables.
¿Se puede establecer una relación entre movimientos sociales y patrimonio cultural? ¿Cómo se ha dado esa relación y con qué sentido?
Por supuesto que se puede establecer una relación entre movimientos sociales y patrimonio cultural. Esa relación se traduce en la trayectoria que han tenido los movimientos sociales a lo largo de la historia y que ha permitido su consolidación con el paso del tiempo. Vemos las primeras movilizaciones estudiantiles a comienzos del siglo XIX en contra de la enseñanza escolástica, por ejemplo que siglo y medio después son el referente histórico de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE; igualmente, a comienzos del siglo XX recordamos el surgimiento de las primeras organizaciones campesinas y las organizaciones de obreros y artesanos encaminadas a conseguir condiciones dignas de trabajo urbano y rural y que devienen en organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Lo anterior nos permite pensar que las primeras organizaciones de ciudadanos inconformes sirvieron como referente para que, durante los siglos XX y XXI, en múltiples ocasiones se haya retomado la tradición de lucha social.
Del mismo modo, existe un vasto acervo de investigaciones y de narrativas propuestas por especialistas y por protagonistas de las luchas sociales que han permitido entender el recorrido que se ha dado en el campo de la movilización social en Colombia y que constituyen un importante patrimonio cultural en el tema de los movimientos sociales.