Los pueblos y territorios indígenas han sido vistos durante las últimas décadas como garantes de soluciones a problemas medioambientales mundiales. Con las preocupaciones globales frente al cambio climático, este hecho se ha traducido en acciones donde se usan los territorios y comunidades indígenas como parte de iniciativas para producir energías limpias. Dichas iniciativas han apropiado elementos del entorno de los pueblos indígenas como recursos para producir ganancias económicas, mientras que las comunidades donde directamente se implementan ven en estas tanto una alternativa de ingresos como una forma de poner en riesgo su soberanía territorial y su conocimiento tradicional. Los múltiples conceptos de propiedad a través de los cuales se usa un elemento del entorno se establecen, sin embargo, no solo localmente, sino a través de una red de prácticas, discursos y relaciones que involucra actores —institucionales o no—, locales, nacionales, regionales y transnacionales, que actúan en nombre del Estado o de entidades privadas (Tsing 2005). Tales formas de definir la propiedad han creado una pregunta clave para entender los conflictos en torno a las áreas protegidas: ¿qué es lo que se “protege” en las “áreas protegidas”? Este texto explora un conflicto particular que gira sobre esta pregunta.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones —en adelante el Foro— del año 2008 centró su atención en los efectos que el cambio climático tendría entre los pueblos indígenas. Las discusiones más acaloradas transcurrieron no tanto sobre los impactos anticipados y directos de este fenómeno, sino sobre las medidas de mitigación de dichos impactos. Los 1líderes indígenas presentes en el encuentro en Nueva York no dejaron pasar por alto la ironía de que fuera precisamente en sus territorios donde la mayoría de medidas eran o serían desplegadas. En efecto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio a los que dio lugar la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas convirtieron directa o indirectamente los territorios indígenas en baluartes para la conservación ambiental (Brohé et al. 2009). Esto ocurrió no solamente por las condiciones selváticas de muchos de esos territorios —que son tomados como “pulmones del mundo” —, sino también porque siguen siendo vistos como tierras improductivas y de acceso relativamente fácil después de la utilización de la “consulta previa”, que se ha vuelto un trámite burocrático del mismo nivel de una licencia ambiental.
Una líder asistente al Foro estaba particularmente disgustada por la doble moral de representar a los indígenas como ambientalistas innatos y, al mismo tiempo, utilizar dicha retórica para irrespetar los territorios ancestrales. Se trataba de una indígena wayúu llamada Karmen, quien aprovechó hasta la menor oportunidad para denunciar la tergiversación que se había colado en las relatorías del Foro (Tauli-Corpuz y Lynge 2008) sobre un proyecto de desarrollo limpio llamado Jepirachi, operado por un gigante de los servicios públicos colombiano y movido por recursos prestados por el Banco Mundial. El proyecto consistía en la instalación de turbinas de viento para la generación de energía eléctrica en una zona de la península de La Guajira (Colombia). Los vientos y la zona misma son significativos para los pobladores de la región por razones muy distintas. Es en ese lugar, e impulsados por los mismos vientos que mueven las turbinas, donde los muertos viven después de la muerte en una suerte de inframundo (Perrin 1987). Los eventos que de esto se desencadenaron demuestran una disputa profunda por conceptualizar un elemento del entorno como capital, como patrimonio o —de manera más profunda— como forma inalienable, constitutiva de lo que significa ser humano para los indígenas wayúu.
Representantes del Banco Mundial presentes en el Foro organizaron una presentación en la cual mostraron sus compromisos con el medio ambiente y los pueblos indígenas. En concreto mostraron cómo sus recientes regulaciones al respecto estaban siendo puestas en práctica (World Bank 2005a, 2005b). El éxito del proyecto estaba condicionado de manera importante al éxito que tuviera en términos del así llamado “componente social”:
El objetivo del Proyecto “Jepirachi Carbon Off-Set” es contribuir en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a partir del sector energético en Colombia, a través del patrocinio de una instalación que generaría 19,5 mw de electricidad cuya fuente es el viento. Se espera que el proyecto reemplace un estimado de 1168 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono-equivalente [unidad para medir créditos de carbono] durante un periodo de 21 años y además financiará un programa social que contribuya al bienestar social de comunidad indígena local. El programa social incluirá actividades definidas en consultas con la comunidad wayúu local y será puesto en marcha durante el curso de los dos primeros años de construcción y operación del proyecto. Proveerá apoyo para actividades de desarrollo comunitario que sean implementadas por el tiempo de duración del proyecto en una base sustentable, y enfocado en áreas de salud, educación, economía y desarrollo institucional. El Fondo Prototipo de Carbono [Prototype Carbon Fund, pcf] otorgará un Premium del valor de la reducción de emisiones basada en los resultados del programa social (World Bank 2003).
En el momento de la presentación en el Foro ya se había construido el proyecto, lo que implicaba que la consulta previa ya estaba saldada. De igual manera, el programa social se había puesto en marcha: a las mujeres indígenas de “las comunidades” implicadas se les había sugerido conformar una “fundación” para manejar los dineros que fluirían por parte de la empresa de servicios públicos. El componente social promovió, como es usual en La Guajira, proyectos productivos centrados en las artesanías producidas por las mujeres.
Una vez presentados los avances del proyecto por parte de los representantes del Banco Mundial, Karmen pidió la palabra para lanzarse lanza en ristre contra lo que se había dicho de este. Para ella era importante que los asistentes supieran que el proyecto había sido implementado en un momento de plena actividad de paramilitares de ultraderecha en La Guajira. También era importante que supieran que el proyecto de desarrollo limpio se encontraba junto al puerto por el que se exportaba carbón desde la mina a cielo abierto más grande del mundo, reconocida por la contaminación generada en toda su zona de influencia (Chomsky et al. 2007). Lo más importante para ella, sin embargo, es que la consulta previa realizada era ilegítima. El viento no era un recurso que pudiera “pertenecer” a las “comunidades” sobre las que pasaba. No era ni siquiera un recurso. Era un fenómeno que atravesaba las concepciones wayúu de humanidad, y como tal eran “los wayúu” los que debían ser consultados y no las personas viviendo en las inmediaciones de las turbinas.
Los comentarios debieron llamar la atención de los representantes del Banco Mundial, pues a su regreso a Colombia Karmen recibió la llamada de un emisario de la empresa de servicios públicos que le preguntaba sobre su inconformidad con respecto a Jepirachi. La representante le solicitó una reunión privada, pero Karmen decidió ir directamente a hablar con las mujeres que operaban el proyecto social en la zona de influencia del proyecto Jepirachi. Las mujeres tampoco estaban felices y Karmen les explicó sus argumentos frente al Banco Mundial y las invitó a “trabajar juntas”.
Frente a las nociones de capitalizar el entorno, promovidas a través del proyecto de generación de energía eólica, se configuró un proceso de movilización social que reclamaba el lugar del viento como un elemento vital para los wayúu. El proyecto que surgió fue una campaña por la eliminación de todas las formas de violencia contra Wounmainkat —territorio wayúu—, la cual critica todos los megaproyectos en el territorio wayúu, principalmente la extracción de carbón, pero también el parque eólico. Simultáneamente, la crítica a la ética de apropiación que promueven los megaproyectos es una voz de protesta en contra de las estrategias divisivas para articular políticamente el pueblo wayúu.
En conclusión, la disputa por reclamar el viento no fue enunciada en términos de recursos, sino como una reivindicación de los conceptos wayúu sobre la vida misma. Entender las dimensiones reales de lo que está en juego en procesos como este resulta fundamental para analizar qué, cómo y para qué se protegen las “áreas protegidas”.
