A propósito de la ley de patrimonio y su relación con el hallazgo del Galeón San José hay temas que parecen soslayarse a la luz de las discusiones sobre las posibilidades de mercantilización del patrimonio. Sin lugar a dudas, este hallazgo es una oportunidad única para preguntarse sobre la compleja relación entre Estado y patrimonio. Este trae a colación viejas y nuevas preguntas que invitan a salirse de las maniqueas posturas ofrecidas por los medios de comunicación y por la opinión pública quienes, en general, desconocen la dimensión real de un hallazgo arqueológico de estas proporciones, los retos que plantea su tratamiento científico como patrimonio, y la investigación que lo encuadra. Al contrario, parecieran centrarse solo en el “tesoro”, las monedas, y los beneficiarios privados del negocio, como bien lo señala la editorial de este número. No obstante, más allá de este campo de debate, este descubrimiento arqueológico pone el dedo sobre la investigación científica en Colombia, y llama la atención sobre la poca capacidad e interés que ha tenido el Estado colombiano en invertir en formas de ciencia y tecnología para el cuidado y la conservación del patrimonio nacional, más allá de las ganancias futuras previstas en la ley (y de la parte que terminará en el ministerio de Hacienda). Habla sobre los retos que tiene el Estado frente al cada vez más bajo presupuesto para la investigación en ciencias sociales, y habla también sobre la situación general de la investigación arqueológica y patrimonial en el país y su capacidad para hacerle frente a una investigación de esta magnitud. El Galeón San José pone a la arqueología colombiana ante un desafío importante: dejar de pensarse en pequeñito, volver a pensarse como un área de conocimiento y de producción científica e intervención clave para el país. Visibilizar la importancia del patrimonio sumergido desde la investigación especializada y el conocimiento experto en los debates académicos y científicos que hoy ponen a Colombia en el centro de la discusión, puede resultar mucho más productivo a la hora de debatir la actual política pública sobre el patrimonio.
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