Han transcurrido más de 20 años desde que se evidenció que Colombia, sin una historia de ancestralidad y de patrimonio nacional de la hoja de coca como la de Bolivia y Perú1 y con una clara conexión de su cultivo con el narcotráfico, era el principal productor de coca en la Región Andina. A partir de 1996 las áreas de cultivo de coca se redujeron considerablemente en Perú y Bolivia, mientras Colombia incrementó su participación en 1997 alcanzando el 53% del área cultivada en la región Andina. Entre 1999 y 2000, concentró el 72% del total del cultivo de coca de la región, años en los que el Plan Colombia, bajo la política estadounidense de guerra contra las drogas, fue concebido e iniciada su implementación con la fumigación aérea con glifosato de cultivos de coca como una de sus estrategias centrales.
De los países de la Región Andina solo el gobierno colombiano ha autorizado la aspersión aérea, política que se ha sustentado en la criminalización del pequeño productor de coca, tal como quedó estipulado en la Ley 30 de Estupefacientes de 1986 que impone cárcel para quien tenga más de 20 plantas sembradas (Art.32), aunque también considera como un caso excepcional la siembra y consumo de la hoja “de acuerdo con los usos y prácticas derivadas de [la] tradición y cultura [de las] poblaciones indígenas” (Art. 7, Ley 30 de 1986). Este reconocimiento de la ancestralidad del cultivo de coca en Colombia es muy marginal comparado con Bolivia y Perú, donde no solo se reconocen los usos ancestrales de la coca, sino que además se producen derivados de la hoja de coca para usos no narcóticos con el fin de comercializarlos, tales como el té, la harina y las galletas de coca, productos medicinales, ungüentos y soluciones para baño entre otros. Dos aspectos del cultivo de coca sobresalen para ser considerados a continuación: por una parte, la condición ancestral y patrimonial de la hoja de coca y por otra, su industrialización. El carácter patrimonial de la hoja de coca ha sido del resorte de las comunidades indígenas, mientras que la elaboración de productos derivados de la hoja ha estado en manos tanto de comunidades indígenas como campesinas, y es en este tema que las relaciones interculturales han jugado un papel central en el replanteamiento del uso de la hoja de coca por parte de los campesinos cocaleros en Colombia.
Más allá de lo sagrado: los Nasa y su inserción en el mercado con productos derivados de la hoja de coca
Como una consecuencia no intencionada de la guerra contra las drogas declarada en 1989 por el presidente Bush (1989-199) desde Estados Unidos, los cultivadores de coca en los países de la Región Andina, tanto indígenas como campesinos, empiezan a reunirse y a intercambiar experiencias, así como a comparar el desenvolvimiento de esta política antidrogas en tres contextos diferentes. Es en este marco que Fabiola Piñacué, indígena Nasa del resguardo de Calderas en Tierradentro, y su compañero mestizo David Curtidor fundan en 1999 la empresa Coca Nasa para elaborar productos derivados de la hoja de coca, siendo su primer producto el té Coca Nasa, Nasa Esch’s. La autoridad indígena representada en la Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama de Inzá Cauca, emite la resolución No.001 que autoriza el uso de la coca para la producción de bebidas aromáticas respaldando a nivel local este emprendimiento indígena (Open Society, 2018). Durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002), el proyecto Coca Nasa fue considerado como un modelo alternativo a la producción de hoja de coca para usos ilícitos. No obstante, en 2007 el INVIMA restringió la comercialización de productos derivados de la hoja de coca a los límites territoriales indígenas y desde entonces no la ha permitido en mercados masivos como supermercados, farmacias y almacenes de cadena, negándole a los productos las licencias sanitarias (Zambrano, 2014). Al respecto sostienen los indígenas Nasa que se está obstaculizando la consolidación de una forma productiva que les permitiría superar la marginalidad económica. (Carta Dirección del ICANH, 2007). Aquí se evidencia que además de reivindicar los usos tradicionales de la coca, se busca insertarse al mercado capitalista con productos derivados de la hoja que tienen un valor agregado por ser producidos por comunidades indígenas. Son entonces los Nasa quienes lideran este proceso de industrialización de la hoja de coca en Colombia y abren esta alternativa productiva a los campesinos cocaleros.
El proceso para replantearse el valor de la hoja de coca por parte de los campesinos cocaleros
Los campesinos cocaleros se vieron sujetos al Plan Colombia a partir de 2000, el cual buscó romper los lazos entre la guerrilla y la industria de la droga, al considerar que los cultivos de coca eran su fuente de financiación, lo cual convirtió la guerra contra las drogas en una guerra contrainsurgente, que conllevó a que además de ser criminalizados, los campesinos fueran tildados de “auxiliares de la guerrilla”. En este contexto se instauró la política del “garrote y la zanahoria”, consistente en erradicar los cultivos de coca de manera forzada como condición previa para sustituirlos por cultivos legales.
En agosto de 2001, en el marco de la implementación del Plan Colombia, tuvo lugar en Bogotá el “Conversatorio sobre la Iniciativa Regional Andina, la estrategia antinarcóticos y los movimientos cocaleros del Área Andina” que reunió a representantes de movimientos, instituciones y personas de los países andinos, Estados Unidos y Europa invitados por el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP). Entre los participantes a este evento estuvo Evo Morales quien en ese momento como cocalero del Chapare lideraba el Movimiento al Socialismo (MAS) que lo llevaría a la presidencia en el 2005, y quien interpeló a los cultivadores de coca colombianos a organizarse como un partido político, a lo cual los campesinos cocaleros colombianos respondieron que la criminalización del cultivador de coca en Colombia, aunada a la guerra contrainsurgente en medio de la cual se encontraban, les impedía pensar en conformar tal partido político.
Posteriormente, en septiembre de 2004 con financiación de Colciencias, el ICANH junto con Mamacoca organizó un Foro andino-amazónico de cultivadores de coca de la Región Andina, donde los representantes peruanos oriundos de Cuzco, resaltaron la condición sagrada de la hoja de coca e hicieron un llamado a unirse alrededor de su reivindicación, propuesta que fue acogida por los indígenas Nasa, pero que los campesinos cocaleros provenientes del macizo colombiano presentes en la reunión rechazaron, al manifestar que para ellos los cultivos de coca eran solo su medio de sobrevivencia, de allí que transformaran la hoja en pasta de coca para su venta. En este momento, no mostraron interés alguno en activar la condición patrimonial de la hoja de coca.
Los bolivianos por su parte afirmaron la necesidad de diferenciar la hoja de coca de la cocaína, y plantearon que su lucha era la de buscar la reversión de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas en la que la hoja de coca aparecía equiparada a la cocaína y más allá de su condición sagrada, se mostraron interesados en ahondar en su industrialización.
Después de estos encuentros, en 2004 en el Cuzco, una ordenanza del gobierno regional autorizó el libre cultivo de la “hoja sagrada” por tratarse de “un patrimonio regional, biológico, cultural, histórico de la antigua capital del imperio Inca”, así como “un recurso botánico integrado a la cultura y cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales medicinales” cuya producción “está destinada al uso medicinal, ceremonial y religioso.” (La Prensa, 2005). Por su parte, en Bolivia fue electo en 2005 el cocalero Evo Morales como presidente y seguidamente, la Constitución Boliviana de 2009 estipuló que el estado tenía la obligación de preservar y proteger la masticación de coca como una práctica ancestral. Mientras tanto en Colombia la fumigación aérea con glifosato de cultivos de coca alcanzó su pico en 2006 cuando se fumigaron 172,000 hectáreas, triplicando así las 43.000 hectáreas fumigadas en 1999, con la concomitante implementación desde el 2000 de proyectos de desarrollo alternativo que para entonces mostraban su falta de competitividad comercial frente a la coca.
Surgimiento de la propuesta de industrialización de la hoja de coca bajo un marco intercultural
En enero de 2009 se convoca el Primer Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos (FMPCDI) que tuvo lugar en Barcelona y contó con la presencia de representantes campesinos de México, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, las islas de San Vicente y Santa Lucía en el Caribe, Marruecos, Lesoto y Birmania (Transnational Institute, 2009). En este foro participó Fabiola Piñacué, así como representantes de los campesinos cocaleros del Guaviare. En esta oportunidad Fabiola Piñacué brindó con el ron de coca producido por Coca Nasa y enfatizó su misión de desatanizar la hoja de coca y de promover sus usos tradicionales y alimenticios.
Por su parte, los representantes de los campesinos cocaleros manifestaron encontrarse en medio del conflicto armado y la erradicación forzada de los cultivos de coca, situación que los llevaba a enfrentar una crisis económica, y de derechos humanos (Armenta, 2009). En estos espacios de intercambio se hizo evidente la necesidad de despenalizar la hoja de coca con el fin de poder producir y comercializar sus productos derivados como una alternativa frente a la guerra contra las drogas, lucha que estaba siendo liderada por Evo Morales, quien consiguió en 2013 que las Naciones Unidas reconocieran la masticación de la hoja de coca como lícita, lo cual permitió que su gobierno se enfocara en la despenalización de su comercialización. En agosto de ese año, se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, el IV Foro Internacional de la Hoja de Coca, contando una vez más con la asistencia de campesinos e indígenas colombianos cultivadores de coca.
Sobre este evento David Curtidor afirmó que Coca Nasa “ha tenido dos lógicas: una, reivindicar el uso de la hoja de coca como alimento y como elemento para desarrollar procesos medicinales; y dos, la afirmación de ella como elemento fundamental de identidad de los pueblos indígenas” (Molano, 2013). Por su parte, Pedro Arenas, ex alcalde de San José del Guaviare y quien participó en las marchas cocaleras de 1996, manifestó a la prensa que le “sorprendió la política boliviana para incentivar la producción de productos de hoja de coca legales… [y] los programas de nutrición con productos de harina de coca” y señaló que “es posible proyectar la hoja de coca como un producto que podría llevar a superar la llamada crisis alimentaria de la que habla la FAO” (Molano, 2013). Mientras que David resalta el aspecto identitario y patrimonial de la hoja de coca, Pedro se maravilla de su valor nutricional. No obstante, ambos se encuentran al considerar como alternativa al problema de los cultivos de uso ilícito la industrialización de la hoja de coca.
Como resultado de estos intercambios, los campesinos cocaleros empiezan a mostrarse interesados en producir derivados de la hoja de coca, debido también a su mala experiencia con los proyectos de desarrollo alternativo en los que han participado, considerando además la adaptación agroecológica de la planta de coca, así como el conocimiento por ellos acumulado durante años sobre su cultivo. Se abre así la puerta para hablar de la cadena de valor lícita de la coca, tal como lo propusieron en un taller en Putumayo en 2019 una campesina cocalera y una gobernadora indígena Nasa, que comparten un mismo territorio. Por su parte, los campesinos del corregimiento de Lerma en el Municipio de Bolívar, Cauca, han dado a conocer la planta de coca como un producto medicinal y nutricional para lo cual han promovido un recorrido turístico en su territorio denominado “Ruta de la Coca” (El Nuevo Liberal, 2017). Para lograrlo trabajan en alianza con el Centro Agropecuario de la Regional Cauca del Sena que a su vez obtuvo en 2017 permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para realizar investigación científica con la hoja de coca. Este Centro Agropecuario elabora abono para cultivos, lombricultura, insecticidas, galletas, chocolates y pasteles de coca (Portilla, 2018). Para Open Society (2018) esta experiencia que han denominado el “Modelo Lerma”, ofrece la oportunidad de reconvertir el uso ilícito de la hoja de coca, propuesta que avanza en diversas localidades y que es hora de que sea integrada a la política de desarrollo alternativo a nivel nacional como una alternativa de desarrollo rural.
Notas
1.En Bolivia el carácter patrimonial de la hoja de coca está consagrado en la Constitución y en Perú los “usos culturales tradicionales de la hoja de coca” son reconocidos como patrimonio inmaterial según declaratoria del Ministerio de Cultura (Zambrano, 2014: 452).
