Cuando este boletín llegue a sus bandejas de entrada, Colombia habrá cerrado el ciclo electoral más reñido de su historia reciente. Con el escrutinio oficial todavía en curso al momento de escribir estas líneas, el preconteo de la Registraduría indica que Abelardo De la Espriella obtuvo una ventaja de menos de un punto porcentual sobre Iván Cepeda. Son, en términos absolutos, poco más de 250.000 votos sobre cerca de 25 millones emitidos. El resultado, cuando sea certificado, será jurídicamente inapelable. Políticamente, en cambio, el país que hereda De la Espriella está dividido casi a la mitad.
Ese dato no es un detalle de contexto, sino el hecho que marca el inicio del nuevo gobierno. Un presidente que llega al cargo con menos del 50 % de los votos y cuyo oponente movilizó doce millones de ciudadanos, no tiene un mandato amplio; tiene una pluralidad estrecha. Aunque eso no le resta legitimidad, sí le impone límites. La primera pregunta que el nuevo gobierno tendrá que responder no es ideológica sino institucional: ¿gobernará dentro de las reglas, o intentará doblarlas?
No se trata de una pregunta retórica. De la Espriella construyó su campaña sobre un lenguaje de ruptura y una promesa de mano dura. Ese estilo lo llevó al poder, pero gobernar no es hacer campaña. Colombia tiene instituciones de control con trayectoria y autonomía —la Corte Constitucional, la Contraloría, la Fiscalía, los organismos electorales— que no están diseñadas para ser cómplices del ejecutivo, sino para contenerlo. La tentación de tratarlas como obstáculos en lugar de como contrapesos es real en cualquier gobierno que llega con mandato de cambio radical. Resistir esa tentación será la prueba más temprana del nuevo presidente.
El segundo reto es más difícil porque no le corresponde solo al presidente. Gobernar para todos es una responsabilidad compartida. De la Espriella prometió en la noche del 21 de junio ser el presidente de todos los colombianos. La promesa es el mínimo esperable de cualquier ganador; lo que importa es si se traduce en decisiones concretas. Pero la otra mitad del país tiene también algo que revisar. Durante años, sectores con capital cultural y educativo construyeron su identidad política sobre el desprecio hacia una Colombia que no compartía sus códigos, sus gustos, su lenguaje. Ese desprecio no explica todo, pero explica algo. Si el llamado al diálogo y a la unidad va a ser creíble, tiene que venir acompañado de un reconocimiento honesto de que la polarización no fue alimentada solo desde un lado. Eso aplica con especial fuerza para quienes, desde la academia y los medios, tenemos la responsabilidad de comprender antes de juzgar.
El tercer reto no da espera porque las necesidades apremiantes del país no distinguen entre ganadores y perdedores. La crisis fiscal es real y sus márgenes de maniobra son estrechos. La violencia no cedió durante el gobierno saliente y en varias regiones se agravó. La pobreza y la desigualdad persisten con una inercia que desafía los ciclos electorales. Ninguno de estos problemas es herencia exclusiva de Petro —llevan décadas acumulándose— pero todos aterrizan en el escritorio de quien asuma el 7 de agosto. La capacidad del nuevo gobierno para construir coaliciones legislativas estables y traducir su programa en política pública efectiva será determinante.
Desde la academia, nuestra tarea no cambia con los resultados electorales. Formamos para comprender y transformar el mundo, y eso implica leer el momento con rigor, sin eufemismo y sin catastrofismo. Este boletín es una muestra de ese trabajo cotidiano. En sus páginas encontrarán reflexiones sobre el fútbol como espejo social, la historia del internet en Colombia, estudiantes que convierten el italiano en resistencia, jóvenes que construyen desde sus territorios y comunidades que ensayan formas de vivir juntos sin borrar sus diferencias. Son, cada uno a su manera, ejercicios de lo mismo que le pedimos al país. Entender que más allá de las diferencias existe un propósito compartido, y que ese propósito no se declara, se construye.
