Por: Dann Melo y Juan Alejandro Pérez
Esto reavivo demonios y reabrió heridas de la (oscura y violenta) historia de nuestro país, retumbó en las más altas esferas de poder, en la comunidad internacional y claramente en las víctimas de estos crímenes tan atroces. Luego de que la JEP publicara dicho documento, de manera casi automática e inmediata, el ex presidente Uribe empezó su recorrido por todos los medios de comunicación posibles, siendo la revista decadente su mayor fortín, para poder “defender” su “buen nombre” y mostrar que “nunca le dio un mal ejemplo a la Fuerza Pública”. Seguido de eso, como marca el libreto, él y sus seguidores prosiguieron a atacar al organismo de justicia transicional, con el argumento, que ya está rayado, pero en su interpretación nunca falla, que es: “La JEP presenta una clara politización”.
Luego, como era de esperarse, personas del gobierno dieron su “veredicto irrefutable” sobre este tema. Dos de estos funcionarios son el Alto Comisionado para la Guerra, o bueno, como su nombre oficial dice, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y el otro, el negacionista de nuestro conflicto armado interno y director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. El primer personaje “exigió en términos irrestrictos” a la JEP que verifique cada uno de los casos de estos crímenes, ya que, en palabras de Ceballos:
“No se trata solo de estadísticas. Estamos hablando de personas, no de números. Puede haber bases de datos con cifras posiblemente diferentes, pero no basta. Deben verificarse desde el origen, identificar a cada uno, decir si fueron desaparecidos o afectados por otro delito”
Con esto el Alto Comisionado también le muestra al país su sentido de “humanidad” y a su vez, demuestra que es “defensor de la dignidad humana”.
Paralelamente, nuestro “gran historiador” y “sabio” de la historia política reciente del país, Darío Acevedo, en conversación con una “reputada” periodista, dijo que posiblemente no todas las tumbas o fosas comunes fueran de asesinatos extrajudiciales, sino que se podían encontrar personas que hayan sido asesinadas en combate. Pero hay que informarle a Ceballos y a Acevedo, por si no sabían, que la lamentable cifra de 6402 personas que muestra la JEP es resultado de cruzar varias bases de datos de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de varias ONG´s. Además, los casos ya están individualizados, como lo hizo saber en un artículo la Silla Vacía, no hay ningún N.N, aunque, es verdad que no hay una identificación total por el documento de identidad de todas las víctimas.
Todas esas declaraciones oficiales de algunos integrantes del gobierno y del partido del gobierno no solo demuestran la innegable desesperación e incredibilidad de querer negar la alarmante y penosa cifra, sino que también nos evidencia cuatro cosas: el privilegio de desconocer, invisibilizar y olvidar a las 6,402 víctimas asesinadas durante el periodo presidencial de Uribe gracias a la política de Seguridad Democrática que puso en marcha; la clara inmunidad de la clase política de poder minimizar, reviolentar e ignorar la violencia, angustia y sufrimiento de los familiares generada por el asesinato masivo provocado por el Ejército Nacional ; la ausencia de responsabilidad política al negar la violación de derechos que hubo y de quien dio la orden; y negarle el perdón y reparación a los familiares de las víctimas.
El centro de la discusión deberían ser las víctimas que fueron olvidadas, negadas e invisibilizadas y no sobre la veracidad y politización de los datos. La sociedad colombiana y la clase política no debería exigirles demostrar nada a quienes ya sufrieron pérdidas de sus seres queridos asesinados por los militares en consecuencia de los incentivos perversos de un gobierno de turno. Los familiares de las victimas ya padecieron alguna vez ese proceso tortuoso, violento y revictimizante que le permitió a la JEP obtener su base de datos, de la cual resulta tan alarmante cifra. Después de la publicación del AUTO 033 los medios se centraron en ignorar e invisibilizar a las víctimas. El debate se centró en evadir la importancia de las víctimas y corroborar si era una cifra verídica, o si había politización dentro de la JEP o demás temas. Fueron muy pocas los medios y organismos nacionales que hablaron de las afectaciones y engaños ocasionados a las familias de las víctimas durante años y los agravios que esto les ocasiona. La publicación de esta cifra evocó un instante en el cual las víctimas, como las Madres de Soacha, revivieron la violencia que padecieron en la búsqueda desesperadas de sus hijos cuando se enteraban por las autoridades que habían sido asesinados en Ocaña porque “no estaban recogiendo café”. Es reanimar años en los que las familiares de las víctimas se vieron perseguidas, ignoradas y silenciadas por la violencia y perdidas que sufrieron en manos de aquellos que tenía que defenderlos. Sobre las cifras ofrecidas por el AUTO 033, fueron pocos los que se negaron a re-olvidar y re-invizibilizar a las víctimas.
Rebrotaron los fantasmas y violencia de un país que, en un pasado, y lo sigue haciendo, asesinó por interés político y económico a quienes no eran culpables o responsables de un enfrentamiento. En palabras de José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch “estos hechos no se habían visto en ningún otro país del mundo”. Dicha declaración le costó ataques y señalamientos estigmatizantes a Vivanco. Las familias de las víctimas no solo cargan día a día la cruz de la violencia en sus espaldas, sino que tienen que revivir toda el dolor y tortura provocado por los presentan debates y pujas políticas en torno a la verdad o no del asesinato de sus hijos. Muchas de ellas solo quieren verdad, reparación y no repetición, que el Estado acepte su culpa y reconozca que asesinaron hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas, amigos y amigas. Que esto fue resultado de incentivos perversos que generaron miles de víctimas, y que aún hoy se siguen presentando. No olvidemos a Dimar Torres, a Alejandro Carvajal o don Emérito Buendía, asesinados a manos del Ejército en Norte de Santander y que sus asesinatos han sido cubiertos sobre un manto de duda y de mentiras sobre el porqué de sus muertes.
La sociedad civil debe unirse en torno a las víctimas y exigirles a los máximos responsables de estos actos que digan la verdad, que vayan a la JEP y comparezcan sobre esto. También que se reúnan con la Comisión de la Verdad y que miren a las víctimas a los ojos. Se le debe exigir a los ministros y ministra de defensa de la época (Martha Lucía, también diga qué pasó con la Operación Orión; Jorge Alberto Uribe Echavarría; Camilo Ospina Bernal; Juan Manuel Santos Calderón) que digan la verdad sobre estos hechos y que dejen de negar a quienes fueron víctimas de la violencia generada en sus manos. El país tiene una deuda histórica con las víctimas de estos hechos, en ese sentido, desde Sin Corbata también exigimos la verdad y nos unimos a los llamados de las víctimas.
