Hecho por: Manuela Caldas
A dos años de la administración del presidente Gustavo Petro, el país enfrenta una evaluación compleja de los avances y retos bajo su mandato. Aunque su gobierno, el primero de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha impulsado iniciativas como la «Paz Total» y la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes. Las masacres y los asesinatos de líderes sociales, junto con el desplazamiento forzado, continúan afectando a miles de colombianos, lo que cuestiona la efectividad de las estrategias implementadas.
En primer lugar, es importante recordar que el gobierno Petro heredó un contexto de violencia significativo, y las expectativas tras su elección apuntaban a un cambio sustancial en este aspecto. La propuesta más destacada de Petro, la «Paz Total», prometía extender el alcance del Acuerdo de Paz de 2016 a todos los grupos armados, presentándose como una solución integral para los conflictos del país.
Sin embargo, las cifras recientes muestran una realidad preocupante. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), «entre enero y el 11 de septiembre de 2024 se han registrado 47 masacres con un total de 168 víctimas». Este dato cobra mayor relevancia al compararlo con el año anterior, cuando «durante todo el año 2023 se reportaron 93 masacres y 300 víctimas hasta el 22 de diciembre». De igual manera, la situación de los líderes sociales sigue siendo alarmante. INDEPAZ reporta que «durante el 2024 hasta el 9 de septiembre hay 117 líderes sociales asesinados», una cifra que, si bien es menor que la del año anterior, sigue siendo preocupante considerando que el 2023 «cerró con 189 líderes sociales asesinados» (INDEPAZ, 2024).
A pesar de los esfuerzos por desarticular grupos armados ilegales a través de negociaciones, el panorama sigue siendo sombrío. La percepción local en algunos territorios es desalentadora. Una habitante del territorio, al responder nuestra pregunta sobre si, desde su punto de vista, considera que en estos dos años de gobierno de Gustavo Petro ha habido cambios, mejoras o retrocesos en su territorio en relación con la violencia generada por el conflicto armado, nos comenta lo siguiente: «No, ha empeorado la violencia acá en el territorio de Sardinata y Norte de Santander. En los últimos meses se ha generado más violencia. Nos ha costado muchísimo que el presidente Petro haya cambiado las políticas y no nos haya ayudado últimamente para que en el territorio de Norte de Santander haya paz. Han hecho paro, ha empeorado la situación de los educadores, de los niños y de las familias». (Entrevistadora anónima, comunicación personal, 25 de septiembre del 2024)
La situación es reflejo de un contexto más amplio. Castillo (2024) señala que, según las Alertas Tempranas de la Defensoría, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han ampliado su control territorial, pasando de dominar 230 municipios en años anteriores a 299 en 2023. Esto ha afectado particularmente a los departamentos de Antioquia, Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y Nariño. Esto evidencia que el avance de los grupos armados en Colombia va ligado con los fallos en la implementación de la política de paz y en los procesos de diálogo establecidos con estos actores.
Simultáneamente, según la Fundación Ideas Para La Paz (FIP) En comparación con el primer año, se observó un aumento en el desplazamiento forzado masivo (7%), los confinamientos (71%), los homicidios de líderes y lideresas (2%) -convirtiéndose en el segundo año con más asesinatos desde 2015- y el reclutamiento forzado (42%). No obstante, los desplazamientos individuales disminuyeron en un 51%, al igual que los homicidios de excombatientes (38%) y las masacres (14%). Aunque los secuestros se redujeron en un 11%, las cifras siguen siendo elevadas. En cuanto a los homicidios generales, estos permanecen relativamente estables, con una leve disminución del 1%. (FIP, 2024)
Desde la perspectiva de otro habitante, Samuel, quien reside en Casabianca, Tolima, la situación es mixta: «Desde mi perspectiva, en estos dos años de gobierno de Gustavo Petro, han habido algunos cambios, pero es difícil decir si han sido mejoras claras o retrocesos. Por un lado, he visto más intentos de diálogo con los grupos armados, especialmente con el ELN y otros actores, y hay promesas de paz total, lo que ha generado algo de esperanza en las comunidades. Sin embargo, en este territorio, la situación sigue siendo complicada. Aunque hay regiones donde la violencia ha disminuido, en otros lugares como este territorio, los combates y enfrentamientos entre grupos ilegales persisten. A veces parece que la presencia del Estado no es suficiente y que estos grupos siguen controlando muchas zonas. Siento que los esfuerzos de paz necesitan más apoyo en lo local, porque aunque se hable de acuerdos, en el día a día no siempre se reflejan en una mejora concreta para las comunidades afectadas. Lo que sí he notado es que hay más visibilidad de las problemáticas rurales, pero mientras no haya un verdadero control del territorio por parte del gobierno, es difícil sentir que ha habido un avance real». (S. Bucheli, comunicación personal, 25 de septiembre del 2024)
La estrategia de «Paz Total» ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos valoran el esfuerzo por establecer diálogos con todos los grupos armados en busca de una paz integral, otros critican la falta de logros concretos a corto plazo y el deterioro de la seguridad en regiones clave como Cauca, Nariño y Catatumbo.
A la mitad de su mandato, el gobierno de Petro se encuentra en un gran dilema. A pesar de los esfuerzos por construir una paz más inclusiva a través de la estrategia de ‘Paz Total’, los datos sobre violencia y los testimonios de las comunidades nos indican que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado desmantelar los patrones históricos de conflicto que han afectado al tejido social.
Es crucial reconocer que la violencia en Colombia es un fenómeno multidimensional que requiere un enfoque más allá de la mera negociación con grupos armados. Se necesita un enfoque integral e interdisciplinario para abordar las condiciones socioeconómicas que alimentan el ciclo de violencia, así como un fortalecimiento de la presencia estatal en las regiones más afectadas. En este contexto, el gobierno debe ir más allá de la retórica, y comenzar a implementar políticas efectivas que ofrezcan soluciones concretas y sostenibles.
Referencias
• Castillo, D. (2024). La paz total en Colombia: ¿una utopía?– Indepaz.https://
indepaz.org.co/la-paz-total-en-colombia-una-utopia/
• Fundación Ideas Para La Paz (FIP). (2024). Segundo año de Petro: ¿dónde está
el cambio? Balance territorial de la Paz Total https://ideaspaz.org/publicaciones/
investigaciones-analisis/2024-08/segundo-ano-de-petro-donde-esta-el-cambiobalance-territorial-de-la-paz-total
• Indepaz. (2024, septiembre). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022,
2023 y 2024. https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-duranteel-2020-2021/comm ent-page-4/4
• Indepaz. (2024, septiembre). Líderes sociales, defensores de DD.HH. y firmantes
de acuerdo asesinados en 2024.
