El concepto de indulto, al fin y al cabo, parte de que las sanciones judiciales por delitos con connotaciones políticas pueden ser suspendidas y, en consecuencia, se acepta que acciones catalogadas como rebelión, sedición, asonada y conspiración pueden ser perdonadas. Acciones colectivas que caen jurídicamente bajo algunas de esas categorías, pueden ser descritas, a la vez, en términos políticos, como formas de desobediencia civil. En ese marco se abren, a primera vista, dos posiciones ideológicas: la del legalismo autoritario y la del liberalismo.
El primero no reconoce la posibilidad misma de delitos motivados, en últimas, por alguna noción de justicia y, en ese sentido, dotados de un carácter político. Su fundamento es, digamos, hobbesiano: la ley positiva, cuya interpretación radica exclusivamente en el poder soberano, es el único estándar de la justicia y, en consecuencia, no puede haber reclamos sobre la injusticia de las leyes. Aunque es innegable, en eventos como las protestas, la existencia de zonas grises entre actos puramente delictivos y actos políticos, desde esta perspectiva toda violación de la ley es, sin más, un acto delictivo. Si ningún delito puede reclamarse justo, y la apelación a alguna noción de justicia es aquello que hace un delito merecedor de un indulto, este último se queda sin fundamento. Más que ilustrativa es esta cita de Hobbes en De Cive: “si los jueces, corrompidos por regalos, favores e incluso por misericordia, rebajan los castigos y con ello alimentan en los malvados la esperanza de la impunidad, los buenos ciudadanos, asediados por asesinos, ladrones y bellacos, no podrán relacionarse libremente ni moverse en absoluto con libertad; más aún, el propio Estado se disuelve, y cada uno recupera su derecho de protegerse a su arbitrio” (XIII, 17).
Desde el legalismo autoritario, los miembros de la Primera Línea son delincuentes sin matices. El liberalismo reconoce, en cambio, la rebelión y la desobediencia civil como acciones contra la ley que no son equiparables a los delitos tradicionales, pero establece condiciones para su ejecución que, de no cumplirse, las equipara a estos últimos. Si, en términos rawlsianos, la ‘desobediencia civil’ es un acto político consciente, no violento y público de transgresión de una medida político-legal particular, dirigido contra las autoridades públicas, conforme al sentido de justicia de la mayoría y fiel, en todo caso, al espíritu de la más fundamental normatividad legal, actos como los de la Primera Línea no parecen cumplir, al menos, algunos requisitos de esta definición. Sus actos no fueron ‘públicos’ en el sentido de informar por anticipado a las autoridades públicas sobre su realización, incluyeron actos de violencia contra funcionarios públicos o contra derechos centrales en un Estado liberal – como la propiedad privada –y no resuenan necesariamente con el sentido de justicia compartido por las mayorías.
De manera contundente o matizada, diferenciándose, eso sí, en torno a la noción de delito político, legalistas de derecha y liberales de centro parecen así comulgar en rechazar un indulto a los miembros de la Primera Línea. Su diagnóstico de la situación comparte, además, otros elementos. En primer lugar, omiten las selectividades instaladas en el Estado. Resulta fantasioso pensar que quien acusa aquí es la Ley, en su majestad impersonal, y no la Fiscalía de Barbosa, asociada indudablemente al proyecto ideológico de la derecha. Se omiten, por ejemplo, la persecución legal y los montajes judiciales de los que fueron víctimas muchos jóvenes durante el Paro Nacional de 2021. Se ignora cómo la imputación de delitos puede ser, perfectamente, una estrategia de creación o magnificación de delitos para deshacerse de adversarios políticos. El ingenuo institucionalismo centrista muestra aquí sus efectos. En segundo lugar, se excluyen las dinámicas internas de la movilización. Se parte de un escenario abstracto en el cual se hallan la ley y el delito, pero no actores concretos inmersos en una movilización en la cual intervinieron, por ejemplo, civiles armados o infiltrados de la policía que disparaban contra los manifestantes, y cuyo desarrollo, a modo de una batalla callejera, se desenvolvió en medio de un confuso intercambio de acciones y reacciones. Poner la discusión en ese plano – normas vs. actos transgresores – equivale a neutralizar, muy convenientemente, ese nivel de observación. En tercer lugar, convertir la protesta en un asunto entre el Estado y algunos ciudadanos díscolos resulta sospechoso cuando, como se vio en el Paro del 2021 en las acciones contra entidades bancarias, el propósito era castigar grupos beneficiados por la Reforma Tributaria de Carrasquilla. Se trataba de una lucha contra diversos sectores del ‘establecimiento’.
Desde una tercera perspectiva ideológica, la de la democracia radical, muchas de las acciones de miembros de la Primera Línea constituyen formas radicales de desobediencia civil que merecen, por tanto, un estatus político y ameritan, como tales, un indulto. Aunque las motivaciones de la acción siempre son complejas, y varían a lo largo del desarrollo de un evento, resulta difícil negar que entre los motivos desencadenantes de los actos de protesta se hallan reivindicaciones que implican una cierta noción de (in)justicia.
A este punto de partida para justificar un indulto habría que añadirle, primero, debido a las selectividades institucionales, una duda razonable sobre los hechos y protocolos que justifican una condena; segundo, la diferenciación entre las razones que impulsaron inicialmente una acción y las acciones delictivas cometidas en el calor de una confrontación y unidas, en algunos casos, a agravios procedimentales en el manejo de la protesta; tercero, la desconexión entre el daño a bienes públicos y el carácter no político de una acción, pues, así pueda haber daños o robos sin carácter político – como efectivamente los hubo en el Paro del 2021 –, la política no termina necesariamente donde comienzan los derechos de los propietarios. El involucramiento de facto, por parte de organizaciones del sector privado, en el impulso y amparo de ciertas políticas gubernamentales, terminó deparando en una forma, drástica sin duda, de rendición de cuentas.
La desobediencia civil no deja de ser por ello desobediencia y tener consecuencias penales. El indulto parte de la existencia de una sanción jurídica. No obstante, la civilidad de la desobediencia no remite aquí a concordar con los criterios normativos de mayorías significativamente derechizadas y protestar con buenas maneras, sin tomas del espacio público, vidrios rotos, moretones y altercados. Más bien radica en hacer valer el poder ciudadano, de manera dramática, cuando algunos poderes, visibles e invisibles, vulneran o ignoran la dignidad de ciertos agentes. La democracia también puede presentarse como asonada.
El pasado miércoles 12 de octubre se realizó el lanzamiento del último libro de Francisco Leal “Antología de escritos efímeros: Colombia en el siglo XXI”. Además de presentar el libro, este evento fue una ocasión perfecta para rendirle un homenaje a Leal, quien fue una persona fundamental en la institucionalización de las Ciencias Sociales, no sólo en nuestra Universidad, en donde creó la Facultad de Ciencias Sociales, sino que su legado se puede reflejar en diferentes instituciones colombianas:
Según Mauricio Nieto, decano de nuestra Facultad, Francisco Leal fue el precursor de tres acciones fundamentales en la institucionalización de las Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes: la creación del Año básico, del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO) y de la Revista de Estudios Sociales (RES).
¿Qué tienen en común las Ciencias Sociales? Sin lugar a duda comparten una historia, problemas y metodologías de investigación. Teniendo en cuenta esto, la propuesta de un año en que los estudiantes de las distintas disciplinas que componen las Ciencias Sociales compartan un núcleo de formación al inicio de sus carreras, fue una idea crucial de Leal para crear cohesión entre las disciplinas y al mismo tiempo lograr propiciar espacios interdisciplinares para la creación de un pensamiento crítico enriquecido por las perspectivas de múltiples áreas de conocimiento. El objetivo de la interdisciplinariedad sigue muy vigente en los propósitos y acciones que se llevan a cabo actualmente dentro de la Facultad de Ciencias Sociales.
El CESO se creó en el año 2000 con el objetivo de articular y administrar las investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, su creación potenció las investigaciones en la Facultad dando financiación a una gran diversidad de proyectos. La investigación se fortaleció tanto en la Facultad, que fue necesario convertir el CESO en una unidad más robusta que permitiera una mejor articulación entre las actividades de investigación, así nació la actual Vicerrectoría de Investigaciones y Creación.
La RES fue fundada en el año 1998 con el objetivo de contribuir la divulgación de las investigaciones, reflexiones y análisis sobre los problemas sociales que enfrenta Colombia y el mundo. Actualmente la RES se encuentra posicionada dentro del cuartil Q1 del ranking Scimago, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Además, publica contenidos en inglés, español y portugués dirigidos a públicos especializados y generales, con el fin de fortalecer redes académicas alrededor de los estudios sociales.
Francisco Leal cohesionó a las Ciencias Sociales en nuestra Universidad y fortaleció los programas de pregrado y posgrado a través de una formación interdisciplinar con una mirada crítica. Sin embargo, los aportes de Leal no sólo se limitan a las Ciencias Sociales en general, particularmente el legado que le ha dejado a la Ciencia Política en Colombia es muy grande. Miguel García se encargó de destacar sus aportes a la Ciencia Política durante el evento de lanzamiento:
En 1975 Francisco Leal participó en la fundación de la primera maestría en Ciencia Política que existió en el país, la cual se creó en la Universidad de los Andes. En la Universidad Nacional donde fue nombrado profesor emérito, también dejó un gran legado al estructurar el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) en 1986 y dentro de esta institución crear la Revista Análisis Político, publicación que ha sido fundamental en la formación de muchos politólogos y politólogas.
Nace Francisco Leal Buitrago en la ciudad de Bogotá.
Ingresa a prestar su servicio militar en el batallón «Miguel Antonio Caro», creado por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.
Recibe el grado de Sociólogo en la Universidad Nacional de Colombia.
Recibe el título de Magister en Sociología del desarrollo, también de la Universidad Nacional de Colombia.
Se gradúa del doctorado en la Universidad de Wisconsin, USA.
Participa en la creación de la Maestría en Ciencia Política de los Andes, primer posgrado de Ciencias Sociales que existió en nuestra Universidad.
Publica el libro «Estado y política en Colombia».
Funda el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) en la Universidad Nacional de Colombia.
Crea la Revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), en la Universidad Nacional.
Publica el libro «Clientelismo: El sistema político y su expresión regional» junto con Andrés Dávila.
Después de aceptar la propuesta de Rudolf Hommes, regresó a los Andes a estructurar y crear la Facultad de Ciencias Sociales.
Se publica el primer número de la Revista de Estudios Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales.
Lanza el libro «La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría.»
Publica su autobiografía: «Al paso del tiempo: mis vivencias»
Publica el libro «Antología de escritos efímeros. Colombia en el siglo XXI».
A la par de su compromiso con la academia, Francisco Leal ha sostenido un vínculo muy importante con la realidad política del país y con la sociedad civil durante toda su trayectoria profesional. Actualmente esta relación sigue muy activa a través de las columnas de opinión que publica periódicamente en medios de comunicación impresos y digitales. Una muestra de ese compromiso con la realidad política del país es su último libro: “Antología de escritos efímeros: Colombia en el siglo XXI”, una publicación que recoge 50 columnas de opinión alrededor de temas que han sido coyunturales en último siglo en nuestro país y además han sido “obsesiones” de Leal durante su carrera.
La situación del puerto de Buenaventura, los dos periodos presidenciales de Alvaro Uribe, el difícil camino de Juan Manuel Santos hacia la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, y el reciente gobierno de Iván Duque, son algunos de los temas que se desarrollan en el libro, analizados desde la óptica intelectual e investigativa de Leal que le aportan mucho a los debates de nuestra coyuntura nacional y que en un futuro pueden convertirse en fuentes de consulta para comprender a Colombia durante las primeras décadas del siglo XXI.
Del 28 al 30 de septiembre de 2022 se llevaron a cabo las primeras Clases a la Calle del año, abiertas para todo el público, en las escaleras de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) en el centro de Bogotá. La agenda, que fue nombrada #PAZaLAPALABARA, ya tiene programación para los meses de octubre y noviembre, y estará dedicada a conocer y debatir el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Entre los temas que se debatieron en las jornadas de septiembre, estuvieron La relación entre cultura y conflicto armado Colombiano, Mujeres en la guerrilla, Masculinidades en la guerra: imagen, memoria y herencias a partir de la danza folclórica, y Reflexiones sobre el Frente Nacional en el tiempo presente. Para octubre, se tienen programadas 6 sesiones más alrededor del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Para conocer la programación de @ClaseALaCalle se pueden visitar los siguientes canales:
Desde el comité de organización de Clase a la Calle les extendemos una invitación a incorporarse al equipo en calidad de voluntarixs para apoyar las jornadas de este semestre. Estamos buscando estudiantes que nos ayuden con la gestión y logística de las sesiones (presenciales y virtuales) que tendrán lugar la última semana de los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Para unirse como voluntarixs para apoyar la organización del comité organizador de Clase a la Calle, por favor diligencien este formulario: bit.ly/clasealacalle-org2022.
En el marco del proyecto de investigación «Sociedad civil, cooperación internacional y nuevo diálogo entre América Latina y Estados Unidos», el cual es financiado por la Fundación Ford, la Universidad de los Andes, y particularmente el Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales, organizaron un seminario internacional en el Hotel Marriot de Bogotá. Este seminario hace parte esencial en la construcción de un libro académico que será uno de los productos del proyecto.
A través de una reflexión sobre los desafíos comunes en el continente americano, el proyecto busca contribuir a la reestructuración del diálogo interamericano. Este diálogo se logrará realizar mediante la escucha y la difusión de la voz de la sociedad civil latinoamericana, en articulación con el conocimiento académico y las necesidades de la región, con el objetivo de tener un impacto en las tomas de decisión y las instituciones a nivel interamericano. El proyecto se realiza en conjunto con la Universidad Torcuato de Tella de Argentina y el Colegio de México. Se llevará a cabo en el 2022 y 2023.
En el evento participaron actores de diversos sectores de la sociedad civil latinoamericana y la academia; asistieron 180 expertos y expertas de organizaciones privadas y públicas, líderes de opinión y profesores de las universidades organizadoras. Durante el Seminario las personas se dividieron por mesas de discusión. Cada mesa tenía un tema en torno al cual giraba la conversación. Los temas eran: derechos humanos, diplomacia, fronteras, medioambiente, militarización, multilateralismo, orden internacional, soberanía y transnacionalización.
El libro que saldrá como resultado de este seminario busca reflejar la diversidad de las y los autores que provienen de distintas regiones de Latinoamérica y tienen diferentes visiones y reflexiones alrededor de los temas mencionados. Próximamente se realizarán tres talleres más con representantes de la sociedad civil para cada capítulo del libro. En septiembre se presentará en México una versión preliminar de los capítulos del libro.
Empezamos un nuevo semestre lleno de retos y buenas expectativas. Los y las estudiantes de primer semestre de Antropología, Ciencia Política, Historia, Filosofía, Lenguas y Cultura y Psicología fueron recibidos en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Del 3 al 5 de agosto se realizó la inducción para los «primiparos», quienes tuvieron la oportunidad de conocer a las coordinadoras de sus programas, profesores y profesoras, y a los representantes del Consejo Estudiantil. También recorrieron el campus y conocieron los espacios en los que desarrollarán su vida universitaria.
Nuestro decano Mauricio Nieto les dió la bienvenida y les recordó que al entrar a la Facultad de Ciencias Sociales no sólo entran al programa que escogieron como carrera, sino que también tienen a su alcance una riqueza gigante al poder entablar conversaciones con una gran variedad de disciplinas.
¡Esperamos que esta nueva etapa que comienzan esté llena de aprendizajes y aprovechen al máximo nuestra Facultad de Ciencias Sociales!
La vida del entrevistado es un reflejo de una lucha que lastimosamente lleva viva durante siglos, una en la que las autoridades colombianas entregan el territorio y sacrifican el vivir de comunidades por capital extranjero. En las propias palabras de Orlando: “esto que estoy viviendo, este desplazamiento es una historia terrible de violación de derechos humanos masiva y sistemática por estas multinacionales”; me dijo nostálgico en su “cambuche” al frente de las oficinas de Enel-Emgesa cerca al parque de la 93, en Bogotá.
Con 67 años Orlando Ramírez, un pescador artesanal huilense, vive en una pequeña edificación construida por él mismo, a partir de madera y plásticos. Alrededor de su pequeño cambuche hay grandes pancartas que resaltan por sus llamativos enunciados como: “aquí lucha y sobrevive en resistencia un campesino pescador desplazado por estas corruptas multinacionales extranjeras que están convencidas que todavía este país les pertenece y por eso nos tratan como su colonia”. Esto en referencia a la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo, entre los ríos Páez y Magdalena, por parte del consorcio español-italiano de las transnacionales Enel y Emgesa. Tras presentarse y ofrecerme un asiento afuera de su vivienda, Orlando llenó de ira, tristeza y recuerdo me contó sobre sus experiencias: el desplazamiento, la injusticia y su resistencia. A partir de su historia construí este artículo como una manera de visibilizar una voz que el Estado y las corporaciones se niegan a reconocer. Por tanto, este texto corresponde a una recopilación de las afirmaciones de Orlando, una descripción propia de su lucha.
*A continuación, encontrará una transcripción de la versión de los hechos de Orlando, la cual de forma alguna representa una acusación por parte del periódico y/o su autor.
Fue un cambio del cielo a la tierra, de vivir en libertad con ese río tan abundante antes de que llegara esa gente. Hace 13 años comenzaron a hacer sus actividades, supuestamente legales, pero a comienzos del 2012 empezó a acabarse el pescado, revolcaron y contaminaron los ríos, se tomaron toda la región. Antes de su llegada vivíamos sabroso, siempre respondí por mis hijos con la pesca, nunca les quedé mal, pero después de que llegaron ya no les pude mandar nada; les tocó retirarse del colegio. En la vereda murieron dos por sufrimiento y hambre, les negaron https://sharksinfo.com/ derechos de restablecimiento de condiciones de vida, inundaron el territorio. Además, el Estado expropiaba si no vendíamos propiedades, les prestaron a las multinacionales la policía, el ejército y el ESMAD, consiguieron vigilantes y así se apoderaron de la región para excavar los ríos, supuestamente para sacar materiales para la obra. Pero lo que sacaron fue oro, por cinco años excavaron los dos ríos, el Páez como 20 kilómetros y como 50 del Magdalena.
Todo comenzó en el 2009 cuando empezaron a actuar sin una licencia ambiental, que obligaba a las multinacionales a realizar un censo sobre todos aquellos a los que la construcción de la represa iba a perjudicar. Comenzaron a apoderarse del territorio, entraron a excavar los ríos, con miles de volquetas que sedimentaron y contaminaron. Además, a las orillas empezaron a talar la selva para construir sus carreteras. La primera afectada fue la pesca, la empresa estaba obligada a censar a todos los habitantes para incorporarles al proyecto de restablecimiento de condiciones de vida. Pero, este consorcio de malditos violadores de derechos humanos censó a los que se les dio la gana. Esos procuradores ambientales y judiciales del Huila fueron cómplices, les legalizaron todo, justificaban todas sus actuaciones y pasaron encima de las comunidades.
En el 2013, yo, como presidente de la junta de acción comunal de mi vereda, denuncie ante el procurador ambiental que no me censaron ni a mí ni a mi comunidad. El cual respondió que los únicos que podían obligar a la multinacional a hacerlo eran los jueces que eran difíciles de convencer, pasando por encima de las peticiones comunitarias. El procurador acompañó a este pícaro [refiriéndose al representante legal del consorcio de las multinacionales] que vino a dañarme las pancartas y en una notaría de Garzón, Huila les firmó escrituras públicas y así, legalizaron el proceso. El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) estudió este censo y encontró que la empresa había actuado irregularmente; a su vez, La Controlaría encontró que la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) no había obligado al consorcio a cumplir con la licencia ambiental. Estas irregularidades provocaron que la Corte Constitucional emitiera una sentencia (T-135 de 2013), en la cual obligan al consorcio a realizar un nuevo censo.
Pero, estos corruptos vuelven a burlarse de la gente, se presentan nuevas personas al censo y al año empiezan a contestar. Llegaron a las casas los resultados, que disque no llenaba cualidades y requisitos ¿acaso qué debo cumplir para que se me restituya mi derecho al trabajo, seguridad alimentaria y vida? La ANLA, que son unos corruptos, pero de **** ******, eran la autoridad competente en El Quimbo, unos violadores de derechos humanos la crearon para hacer el trabajo sucio del Ministerio de Ambiente. Por ocho años o más me han dicho que no me van a restituir, es que deben ser empleados de la multinacional, la ANLA se niega a proteger los derechos de los ciudadanos, pero para eso está instituida. Cómo se van a negar si tienen una orden judicial encima de la Corte Constitucional que las obliga, yo he hecho varios derechos de petición para que le hagan valoración a mis pruebas y cumplo con las cargas probatorias; es decir, probar que realizaba actividad económica afectada y que la realizaba en área de influencia directa. Pero, la empresa se inventó que no iba a incluir a Puerto Seco [donde Orlando pescaba], solo a los que vivían encima de la represa, desconocieron estos corruptos la licencia ambiental y el Estado lo permitió. Para la ANLA somos una colonia, le trasladan autoridad a un poder extranjero, disque ellos no son competentes para decir si tengo derecho a restitución, sino es la multinacional quien lo decide, se despojan de autoridad sobre el restablecimiento de mis derechos y se lo trasladan a un consorcio extranjero.
¿Por qué actúan así? para mí son delincuentes, ellos han impedido, más que todo la ANLA y los procuradores ambientales que haya justicia en El Quimbo. El Estado de Derecho no existe, no actúan como autoridades competentes, se niegan a proteger los derechos de los ciudadanos colombianos. Yo no les pido nada a esos triple hijos de **** , me certifican mis pruebas todas las autoridades competentes: el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), la Fundación Humedales y hasta la junta de acción comunal de mi vereda. Pero, como a esas multinacionales les permitieron ser juez y parte, disque yo no reunía cualidades, no tenían que buscar ni cualidades ni defectos, solo ver que cumpliera con las cargas probatorias y finalmente incluirme en el proyecto de restablecimiento de condiciones de vida.
Si me toca morir al frente de estos hijos de **** aquí muero y ya llevo acá año y medio. En Bogotá, como desplazado, cinco años pensando que como tengo todas las pruebas me iban a proteger. Tres años en la Plaza de Bolívar, más de 1000 días, al frente del presidente, cortes, congresistas y alcaldías, ¿dónde está el Estado de Derecho?, una democracia sin justicia no existe eso es pura ******. Yo nunca he violado la ley, no he ido a una cárcel ni de visita, no tengo ni un comparendo. Ellos violaron los derechos de mi comunidad, fui víctima de despojo y testigo de cómo despojaron a mi vereda. Ese consorcio se robó la compensación de 25000 personas y tristemente no hay una autoridad que defienda nuestros derechos, las multinacionales son las dueñas de este país. Llegué en septiembre de 2020 acá [al frente de las oficinas de Enel-Emgesa] con un sartén a hacer bulla, mandaron a traer a la policía. El primer día tendí un plástico, me quedé en el suelo y llegó un tipo a lanzarme un polvo en la cara, sentí ardor en los ojos y piel, eso era para asustarme. Como a los veinte días tenía agendada una cita médica en Compensar, donde tengo salud subsidiada, y se dieron cuenta que me fui y cuando llegué, por la tarde, me habían recogido todo, me dejaron sin con que cambiarme, sin una cobija; así duré un mes.
Ahorita llegó ese hijo de ****, supuestamente representante legal de la multinacional, a romperme mis pancartas, pero estoy en espacio público. Una vez me entraron una bolsa de marihuana al cambuche. Llegó la policía que disque “¿usted qué fuma aquí?”, eso nunca había pasado. Respondí “yo no fumo el humo me fastidia”, me habían metido una bolsa con papeletas de marihuana, como no han podido sacarme legalmente. Pero yo estoy en espacio público realizando una protesta pacífica, yo no pienso dejar de protestar y estoy dispuesto a morir aquí si me toca, ya voy diez años. En lo jurídico queda la última instancia, que la Corte Constitucional revise mi caso, pero ¿qué son diez años más?
Independiente de la postura política que se tenga la historia de Orlando es una oportunidad de reflexión, un posible cuestionamiento hacia conceptos que hemos naturalizado como siempre positivos. El caso de El Quimbo permite entender como detrás del afán por el desarrollo existe el desplazamiento forzoso y la destrucción de ecosistemas. A su vez, al escuchar a sus víctimas, se hace evidente la necesidad de cuestionar al Estado por la manera en que articula negocios sobre el territorio y se relaciona con aquellos a quienes perjudica. Además de como las ganancias, que parecen justificar cualquier atrocidad, no favorecen a las comunidades aledañas, sino a las grandes empresas extranjeras que, con el apoyo del Estado, afectan irreversiblemente el equilibro ecológico del paisaje. Las múltiples aristas de esta problemática parecen remitirnos a un proceso de dominación, uno que permite que gobiernos como el colombiano entreguen su estabilidad ambiental y social a las nociones de progreso de poderes ajenos. Tal como escribe Orlando en una de sus pancartas, que pueden visitar frente a las oficinas de Enel-Emgesa cerca al Parque de la 93: “el colonialismo sigue, los países colonialistas de siempre ya no practican su dominación a sangre y fuego, hoy en día la ejercen por multinacionales”; nuestro sometimiento no se acabó en 1820, este aún está arraigado dentro de nuestra sociedad. Desde el abogado blanco-mestizo que sintió que podía destruir los letreros que hizo Orlando, hasta un gobierno que es capaz de sacrificar las formas de existir de comunidades ribereñas para cumplir con sus acuerdos frente a conglomerados europeos. La explotación del territorio y de su gente a costa de una elite emblanquecida que desde grandes centros urbanos decide en nombre de pueblos racializados y periféricos no es un evento del pasado es la realidad de nuestro presente. Ahora, simplemente cambiamos su justificación, antes como una colonia al yugo de ideas monárquicas, ahora como un país en vía de desarrollo arrodillado ante el pensamiento neoliberal.
Este artículo, que busca visibilizar la voz de Orlando Ramírez, como víctima de la construcción de la represa de El Quimbo, permite cuestionar el actuar del Estado, de las multinacionales y hasta el propio. Dado que, la primera reacción pública ante un megaproyecto de infraestructura tiende a ser de elogios y satisfacción, pero pocas veces de reflexión hacia el impacto que pudo tener en el ecosistema y el diario vivir de los habitantes del territorio. Sin lugar a duda la lucha de este pescador huilense, que a diario se enfrenta con un sistema que permitió entregar el río por el cual vivía al extractivismo europeo, es una oportunidad para transformar nuestras percepciones. El desarrollo no debería construirse a costa del sufrimiento de comunidades, del daño irreversible hacia las cadenas biológicas y las relaciones ecológicas. Está en nuestras manos efectuar un cambio, el cual debe iniciar por la manera de pensar y relacionarnos, por cuestionar la concepción errónea que por siglos a privilegiado la visión europea sobre la de comunidades autóctonas. Así pues, esta narrativa podría terminar convirtiéndose en una última reflexión hacia el significado de pertenecer a esta tierra, a lo problemático que es pensar que el territorio está para entregarlo a la explotación de extranjeros y que los pueblos que viven junto a él no merecen tener la última palabra. Al final todo se remite a cuestionar el sistema de relaciones sociales que hemos construido y el cual habitamos, este inicia por nuestra forma de pensar, la cual tiene el poder de reproducir o transformar testimonios como el de Orlando. El futuro de este pedazo de planeta que asimilamos como propio está sujeto a la narrativa que decidamos seguir, todo depende de sí, como sociedad, perpetuamos la necesidad de explotar al territorio y su gente para progresar, o decidimos cuidar, desde el entendimiento y el respeto por los modos de vida comunitarios, al espacio y a su gente.
Foto 1: https://www.radionacional.co/actualidad/tribunal-reconoce-dano-pescadores-afectados-por-hidroelectrica-el-quimbo
El Scimago Journal & Country Rank (SJR) publicó recientemente los resultados de la medición del año 2021, en el que incluyeron a más de treinta mil publicaciones académicas alrededor del mundo. Las revistas de Ciencias Sociales: Antípoda, Colombia Internacional, Historia Crítica y la Revista de Estudios Sociales (RES) obtuvieron la calificación de Q1, que las ubica dentro del mejor 25% del ranking.
El ranking SJR clasifica las diversas publicaciones académicas según el número de citas en otras revistas, periódicos o medios indexados. Cada año publican el ranking de publicaciones, teniendo en cuenta las citaciones que se realizaron en los tres últimos años. De esta manera, el resultado de este año refleja un trabajo de largo tiempo, en la que el Equipo de Revistas de nuestra Facultad ha buscado la más alta calidad académica.
El SJR se encuentra dividido por temáticas y se caracteriza por ser una de las mediciones a nivel mundial que más temas de Ciencias Sociales y Humanidades incluye. La Revista de Ciencias Sociales se ubicó en el mejor percentil https://www.overnightglasses.com en la categoría de Historia, al igual que Colombia Internacional. Mientras que Antípoda e Historia Crítica estuvieron dentro de las mejores revistas en la temática de Estudios Culturales.
¡Desde la Facultad de Ciencias Sociales felicitamos a nuestro Equipo de Revistas y publicaciones!
Este espacio ofrece a los estudiantes y participantes la oportunidad de asistir a cursos innovadores con profesores que trabajan en universidades de primer nivel en todo el mundo y que traen consigo una amplia experiencia y conocimiento en sus campos de especialización.
Como ya es tradición, la Universidad de los Andes abre la posibilidad a sus estudiantes de acceder a una variada oferta de cursos en diferentes disciplinas, a través de novedosas metodologías que les permitirán conocer las últimas tendencias y avances en sus campos de interés.
Los cursos de Educación Continua, abiertos a todo el público, se pueden tomar en dos modalidades: curso libre, el cual no otorga créditos ni notas, y curso de extensión, que otorga créditos y notas. Puede ser homologable una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, de acuerdo al reglamento de estudiantes y de homologaciones.
Los y las estudiantes deben inscribirse a través de mi banner en las fechas estipuladas.
Personas externas a Los Andes podrán inscribirse a través de Educación Continua de la Universidad de los Andes.
Tras un año ejerciendo dentro del órgano democrático universitario por excelencia puedo concluir que su agencia política es ciertamente inquietante; ¿qué tan democrático y representativo es el Consejo Estudiantil? ¿Cómo se conciben las responsabilidades democráticas en la universidad? Por primera vez en quien sabe cuánto el Departamento de Ciencia Política no cuenta con representantes ante dicha instancia -cabe añadir que también es el caso de la mayoría de los departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales-. Quienes abogamos por el estudio de los ejercicios de poder y política no contamos con representación en lo que se proclama como la participación política estudiantil por antonomasia.
Como comenté anteriormente fui representante ante el Consejo del Departamento de Historia, asistí a las asambleas en las que nuestro afán por trabajar se veía reflejado en incontables horas discutiendo la duración de los encuentros. Ciertamente, ya sea desde una pantalla o en algún salón de la universidad, surgieron conversaciones que cautivaban mi atención, como fue el caso del Comité Fenicia. En pocas palabras el debate en sesión se reducía al rol del CEU frente al papel activo de la Universidad en la gentrificación urbana del centro de la ciudad, particularmente en los barrios Germania y Las Aguas. Estaban quienes decían que como miembros del Consejo debíamos asumir una postura frente a un problema que nos involucraba como miembros de la comunidad, y quienes defendían que el CEU respondía a necesidades únicamente estudiantiles y que su competencia se limitaba a la voluntad de sus representados. ¿Cómo debemos responder frente a estas cuestiones? ¿Recurrir siempre al escudo invisible de la institucionalidad?
Como escenario político y eventualmente nosotros como agentes en tarima, debemos concebir nuestro impacto más allá del encuadre en el que nos vemos inscritos; es menester que busquemos alternativas a lo que entendemos como participación política, sus espacios y sus actores. Al principio de la nota mencioné un afán que se germinaba desde la institucionalidad del CEU por perpetuarse para el periodo siguiente, la preocupación por ocupar las plazas que dejábamos vacantes quienes terminábamos nuestro recorrido anunciaban el debacle de la democracia estudiantil. ¿Qué significa esto para la búsqueda de vertientes participativas que menciono al principio? La democracia como horizonte estudiantil se reduce, las posibilidades para trabajar fuera del amparo institucional que brinda el consejo son cercenadas.
Pienso que ese horizonte no solo comenzó a ampliarse desde la crisis de representación, sino que viene gestándose desde hace tiempo, fugándose en esplendorosas y efímeras llamaradas. Hay que reconocer que como estudiantes no estamos exentos de la toma de decisiones en la universidad, siendo miembros políticos debemos evitar caer en ambigüedades y eufemismos, asumir la toma de acciones y afrontar las implicaciones de ser en comunidad. Solo entonces podremos apreciar la importancia de ese horizonte, donde lo político no tenga que reducirse a representar ante una institución, cuyos intereses estructuralmente hacen que nuestras aspiraciones se reduzcan a un paisaje engendrado por su propia desidia.
Estudiantes del Departamento de Ciencia Política, junto a los demás que no contarán con representantes ante el Consejo Estudiantil Uniandino, tendremos que trabajar en función de nosotros mismos y repensar lo que implica ser un actor político, los escenarios y las reglas del juego que necesitamos sentar para no permanecer en un ideal en decadencia.
En lo que va del 2022 se han incautado más de 1000 tortugas hicoteas en el departamento de Córdoba y 68 personas han sido capturadas por traficar ilegalmente con esta especie, según Gabriel Bonilla, comandante de la Policía de Córdoba.
Al acercarse la Semana Santa estas cifras aumentan: en la Costa Atlántica y particularmente en el departamento de Córdoba, el consumo de Hicotea durante la “semana mayor” es una tradición que viene desde muchos años atrás, hace parte de su patrimonio y de lo que los identifica como comunidad. Sin embargo, de acuerdo con estudios del Instituto Humboldt, desde hace más de 20 años esta especie se encuentra en peligro de extinción y tanto el tráfico como su consumo es ilegal. A pesar de esto, este tipo de tortuga es la más decomisada del país con un promedio de casi 6000 animales incautados al año.
Elizabeth Ramos es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y durante más de 25 años ha venido realizando investigaciones arqueológicas alrededor de toda la Región Caribe, estudiando la relación de los humanos con la fauna. La tortuga hicotea ha sido una de las especies que más ha investigado en su trabajo de campo, tanto en la parte arqueológica, como en el componente etnográfico que ha llevado a cabo con varias comunidades actuales del Bajo Magdalena:
Elizabeth Ramos, profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.
Según la profesora Elizabeth, hay un problema de doble moral respecto a la prohibición y el consumo de la hicotea. Al llegar a hacer trabajo de campo durante la Semana Santa, se sorprendió de encontrar tantas personas de diferentes estratos económicos y de poblaciones urbanas y rurales que abiertamente le contaban que esperaban ansiosos esta época para poder degustar este manjar. La hicotea no sólo es deseada por su sabor, que para los cordobeses es exquisito, sino también por el ritual alrededor de la preparación del plato; comer hicotea durante la Semana Santa es momento de unión y celebración familiar.
A partir del trabajo de campo que ha realizado, la profesora ha podido observar cómo desde el miembro más pequeño de la familia, hasta los mayores, se involucran en la preparación de la tortuga y cumplen con roles específicos. Los hombres son los encargados de conseguir los animales, mientras que las mujeres se encargan de estos de la cocina para adentro. Además, comer hicotea durante la Semana Santa es para ellos un augurio de buena suerte durante el resto del año, si la comen significa que tendrán prosperidad y bienestar en sus vidas. Por todas estas razones, el consumo de hicotea está naturalizado y esto puede explicar porqué aunque haya vallas inmensas que prohíben su consumo, la tradición siga tan arraigada, incluso para las mismas autoridades que sabiendo esta situación no la penalizan directamente en las plazas de mercado y restaurantes.
Desde las excavaciones arqueológicas que ha realizado en el departamento de Córdoba, la profesora Elizabeth ha podido comprobar que la tradición de comer tortuga hicotea viene desde tiempos prehispánicos cuando las comunidades podían sobrevivir y alimentarse muy bien con las especies que encontraban en los ríos y sus riberas. Al llegar los españoles, esta tradición se justificó a través de la religión católica, que sólo permitía comer “carne blanca” durante la Semana Santa; las comunidades acogieron este mandamiento cristiano e interpretaron que la tortuga, al ser un reptil, clasificaba como carne blanca. El agüero de que trae buena suerte consumirla durante esta época no se sabe muy bien desde cuándo está presente, pero también viene de largo tiempo atrás. Cuando la profesora preguntaba a las personas porqué creían eso, le respondían que sus abuelos y abuelas se los habían dicho.
Sin embargo, que la tradición venga desde tiempos prehispánicos no quiere decir que se conserve intacta desde esa época, tanto la especie, como las poblaciones humanas han tenido cambios significativos.
Como lo explica la profesora, “antes las comunidades de humanos eran pequeñas, se podían dar el lujo de volver a echar al agua las tortugas chiquitas. Y definitivamente, los humanos del pasado en líneas generales eran mucho más conscientes. Nosotros entre más crecemos en población y, paradójicamente, entre más conocimiento tenemos, menos nos importa el ecosistema que habitamos. Hoy en día importa mucho más el “yo” que lo colectivo. En las comunidades del pasado el tema de lo colectivo era más fundamental. Y eso es algo que si no volvemos a eso, vamos a estar en la olla.”
Actualmente la caza para el consumo familiar no se encuentra penalizada, en cambio la caza para comercializar con los animales sí está prohibida. Sin embargo, las fronteras entre un tipo y el otro se vuelven muy difusas en la práctica, porque los cazadores, que suelen ser personas de bajos recursos económicos, ven en las tortugas una posibilidad para producir dinero y encuentran una gran demanda en las redes de comercio ilegal establecidas en las zonas urbanas como Montería o Cartagena.
Por otra parte, la profesora Elizabeth cuenta que los animales que son incautados por la policía muchas veces no corren mejor suerte que los que son utilizados para la alimentación humana. Entre la comunidad se rumorea que muchas veces los mismos policías, después de decomisar las tortugas, comercian con ellas en el mercado negro, y las tortugas que efectivamente sí son llevadas a los centros de protección animal terminan en su gran mayoría muertas, ya sea por las terribles vulneraciones y maltratos a los que fueron sometidas desde antes de su llegada o por las condiciones del lugar a donde son llevadas, que no cuentan con la infraestructura para mantenerlas sanas y a salvo.
La investigadora explica que: “todas esas son las falencias de las políticas estatales, las autoridades de protección animal hacen su mejor esfuerzo, no estoy diciendo que todos los funcionarios actúen con mala voluntad. Todo es un engranaje que no se corresponde con el discurso. Si todos los decomisos llegan allá, al cabo del tiempo la mayoría de los animales se mueren y no tienen las condiciones para mantenerlos.”
Para Elizabeth Ramos la solución está en la antropología, desde su experiencia ha conocido trabajos de biólogos muy acertados y rigurosos al describir la especie y el estado de conservación de esta. No obstante, a estas investigaciones les hace falta el conocimiento construido desde y para las comunidades donde habita la tortuga hicotea. Las políticas estatales actuales se crearon desde el desconocimiento del territorio y por eso, a pesar de que el consumo y la caza de la tortuga lleva más de 20 años prohibida legalmente, la amenaza de su extinción sigue más vigente que nunca y cada año su población baja considerablemente. La antropología podría aportar desde el estudio de la cultura y costumbres de las comunidades, para crear políticas centradas en contextos específicos, que respondan tanto a las necesidades de conservación de la especie, como a la de la preservación del patrimonio alimenticio:
Es necesario entonces un trabajo en conjunto entre biólogos, antropólogos y la comunidad para que la tortuga hicotea tenga esperanzas de sobrevivir en el futuro, porque además de las grandes amenazas a la conservación de esta especie por el consumo, también está la destrucción de ciénagas y pantanos, en la cual también intervienen como actores principales las comunidades y el Estado.
Representación de Tortuga. En Bernardino de Sahagún, Historia General de las cosas de Nueva España ó Códice Florentino. Libros Raros y Manuscritos, Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección del Banco de la República.
Historia, Antropología, Lenguas y Cultura y Ciencia Política y Estudios Internacionales son los programas de la Facultad de Ciencias Sociales que se encuentran entre las 100 mejores carreras universitarias del mundo, de acuerdo con la más reciente publicación del ranking QS World University Rankings by Subject.
De acuerdo con el QS World University Rankings, este año el ranking fue el mayor hasta ahora, evaluando 1300 universidades en todo el mundo. Cada universidad ha sido medida de acuerdo con seis métricas clave, sobre las que se puede indagar más en este enlace.
Recientemente, el diario La República publicó un artículo sobre la https://whitespools.com/ clasificación de 18 programas académicos colombianos entre los 100 mejores del mundo por el QS Ranking, lee la nota completa a través de este enlace.
Elvis Mejía Egas, director del Centro de Estudios Históricos del Ejercito, le entregó el pasado 24 de marzo a Carolina Urrego, profesora del Departamento de Ciencia Política, y a su asistente de investigación Juan Sebastián Trujillo, politólogo egresado del Departamento, un apoyo a la investigación; otorgándoles acceso a sus archivos, material y visitas a los museos relacionados con el tema, lo que contribuirá a la construcción de un Museo Virtual, que contendrá la historia y los perfiles de los veteranos colombianos que llegaron a brindar apoyo en el importante https://visitlcvalley.com/ conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte, transcurrido entre los años 1950 y 1953. En el proyecto también participa Mario López Viveros, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Libre.
En los próximos meses se lanzará al público esta iniciativa. Los invitamos a conocer la página: https://ap-kf.uniandes.edu.co/es/ , donde encontrarán más información sobre el proyecto de la profesora Urrego, que realiza en conjunto con Korea Foundation .
Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia.
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