Editorial

Hoy día, luego de dos décadas de uribismo, no solo constato mi intuición de entonces sino que me parece central para explicar la génesis del autoritarismo y para pensar el tema de la responsabilidad política. Sin negar su 

existencia, y añadir varios matices, mi perspectiva es distinta. Si el poder es una relación, y una que, en ciertas modalidades, implica consentimiento, las élites no lo son sin nadie que las respalde y aclame o, cuando menos, que acepte pasivamente su comportamiento. Un segmento significativo de los ciudadanos respalda así esas élites corruptas y violentas, y busca toda clase racionalizaciones para justificar su posición, porque esta última resuena con los intereses, con los deseos inconscientes y con la comprensión de la vida social de ese mismo segmento. No solo es la oferta de ‘mano dura’ la que despierta el interés en ella, sino que hay, también, de manera circular, una demanda de ese tipo de postura. Esos ciudadanos recurren a una forma inadvertidamente hobbesiana de pensar la política. Si el gobernante es un déspota o un loco, si se roba el patrimonio público o, de vez en cuando, asesina a quien no debe asesinar, no importa: lo importante es que haya alguien con un poder suficientemente aterrador como para garantizar, por miedo, un mínimo de estabilidad entre los gobernados y, sobre todo, para asegurar la conservación de la vida, los intereses particulares y las propiedades de los gobernados. El gobernante, desde esa perspectiva, debe establecer un mínimo orden a nivel horizontal, entre todos los ‘súbditos’, pero está por encima de toda regla. Es el único, como bien lo dice un personaje de ‘Saló’ de Pasolini, al hablar de los líderes fascistas, con el derecho a comportarse de manera anárquica. 

Una anécdota de Hans George Gadamer, referida a un ingenioso simpatizante del hobbesianismo como Carl Schmitt, ilustra el punto: “Recuerdo por ejemplo una ocasión, durante una visita a Leipzig, en la que discutió un caso ficticio: si un hombre político que ha cometido un crimen común debe ser sometido a la justicia ordinaria. Carl Schmitt se divertía defendiendo, con sobrada habilidad, la posición del acusado, sosteniendo que aquel crimen debía ser considerado como una debilidad irrelevante comparada con la importancia del político, el cual debería ser tratado aparte del orden de los comunes mortales: hace las leyes y está por encima de ellas; debe permanecer libre. Carl Schmitt defendía esta tesis, absurda e inaceptable para todos nosotros, con una habilidad mefistofélica”.
El hobbesianismo de masas – cuyo practicante puede ser su vecino, su tía, su primo – es menos hábil argumentativamente e implica, por tanto, contradicciones y graves sesgos morales: desea el orden, pero valida el poder excepcional que lo transgrede; ama la “ley” pero solo cuando se trata de proteger lo suyo y a quienes dicen proteger lo suyo; habla con virulencia de los “terroristas” pero es incapaz de reconocer el terrorismo de Estado porque toda violencia estatal, sea cual sea su magnitud, proporción y procedimientos, está justificada a priori; habla del “país” y otras entidades colectivas, pero le interesa, ante todo, su pellejo. Ese es el tipo de personaje que odia todo lo que suene a guerrillas, porque, como es innegable, estas cometieron atrocidades a lo largo del conflicto armado, pero no se indigna ni un pelo ante los descuartizamientos, la tortura, los desplazamientos o la violencia sexual ejercidas en nombre de la “moral y la ley”. Es el mismo que se indigna de la “impunidad” concedida a las FARC pero ignora, o prefiere ignorar, las reglas y resultados de la Ley de justicia y paz. Siempre podrá apelar a clichés ideológicos para justificar, sin tomarse mucho trabajo intelectual, su estrechez política y su miseria moral. Esos ciudadanos – que no son necesariamente los más privilegiados pues ahí se incluyen aquellos que temen perder lo poco que han alcanzado a acumular – no son cómplices, en sentido estricto, de las acciones corruptas y violentas de ciertas élites, pero su respaldo, en distintos grados, a ellas, los implica en la legitimación y en la reproducción de la violencia (para)estatal y la corrupción. No están, en absoluto, libres de responsabilidad.

El autoritarismo, por no hablar de una suerte de neo-fascismo que circula en Colombia y en todo el mundo, no es un capricho de las élites. Responde, en cuanto a sus motivaciones, a la mezcla de un tipo de individualismo ciego a la dimensión inevitablemente relacional de la vida en sociedad con una inmensa ansiedad ante las situaciones de cambio, por un lado, y con un fuerte elemento de desconexión moral (Bandura), por el otro. Tenemos así personas que son incapaces de inscribir su proyecto de vida en un marco colectivo y creen, por tanto, que la función del Estado es reprimir toda aquello que recuerde las innegables inconsistencias y fracturas del sistema en que viven. El hobbesianismo parte, de hecho, de la descomposición de toda vida comunitaria pre-estatal. Personas que, como sucede con muchos cristianos evangélicos, son fieles, por un lado, a una fuerte ética del trabajo y temen perder, en esa medida, los resultados de su propio esfuerzo, y, por otro lado, que ven con inquietud, y en asociación con las amenazas económicas, los cambios culturales – como sucede con la expansión del ateísmo o la ‘ideología de género’. Para no centrarse solo en ciertos grupos evangélicos, esta última actitud culturalmente reaccionaria le incumbe a distintos grupos: la mentalidad patriarcal o la desigualdad racial son parte, para muchos, de los valores amenazados. La promesa principal de los partidos de derecha, en ese sentido, es la de estabilidad y continuidad. Aquello que ya se tiene, se debe conservar, y aquello que, en términos normativos, parece ‘natural’, debe seguirlo siendo.

Personas, por último, que, cobijadas por comunidades de discusión y medios de comunicación que reproducen una serie de clichés hasta el punto de hacerlos parecer razones aceptables, se vuelven no solo tolerantes sino simpatizantes de actos brutales de violencia y no se percatan, en absoluto, de la inmoralidad de sus propios juicios. Asumen, ante conductas reprochables de actores estatales y no estatales, que todo el que esté en condición de ser el Otro se merece un trato violento (“quien lo manda a…”), o que ya había hecho algo peor y la violencia contra él es una mera reacción (“se lo buscó”), o que no hay nada malo en querer hacer cumplir la ley (“dura lex sed lex”) o que denunciar esa violencia es confabularse con ese Otro (“usted habla como guerrillero”) o – en el mejor de los casos – que la violencia en cuestión fue un error pero no es nada estructural (“¡qué exageración!”). Bajo cualquiera de estas modalidades de justificación, el resultado final es el mismo: deshumanizar a ese Otro (el guerrillero, el “vándalo”, el “comunista”, el estudiante militante, el homosexual, el “indio”, el periodista crítico, etc.) y justificar cualquier desmán.

Carlos Gaviria, al menos en lo concerniente a las tentaciones autoritarias, estaba muy equivocado. Su humanismo resulta políticamente cándido. Para muchos, a quienes se les llena la boca hablando de la defensa de la “democracia”, la cura contra el miedo a perder lo propio, el cambio cultural y la “anarquía” es un gobernante sin límites y un aparato policivo-militar sin restricciones para ejercer la violencia. Así como algunos aman la libertad, otros aman los tiranos. Esa extendida demanda de autoritarismo, más allá de tales o cuales élites o políticos puntuales, es la mayor amenaza viva a la democracia.