Editorial

Entender, dimensionar y evaluar el papel de los empresarios en la política y sus implicaciones para la democracia es una labor compleja. No es que el tema haya pasado desapercibido: ha habido un largo debate académico al respecto, pero debido a malas conceptualizaciones, sobre-ideologización y falta de datos, los avances en el conocimiento han sido limitados. Por así decirlo, existe una literatura relativamente amplia sobre el tema, pero numerosos estudios se quedaron en la especulación teórica. De ahí que la carencia de estudios empíricos rigurosos y fundamentados sea notoria.

En la Ciencia Política, a partir de los años 60 del siglo XX se formularon críticas y cuestionamientos a las democracias occidentales contemporáneas, por cuanto el Estado parecía favorecer principalmente los intereses de grupos poderosos (las grandes empresas), y no a la sociedad en su conjunto.

Aproximaciones neomarxistas -como las de Miliband, Poulantzas y Offe- ofrecieron distintas explicaciones sobre por qué el Estado respondería a los intereses del capital en desmedro de las clases subordinadas. Pero dichas aproximaciones subsumieron a las empresas bajo conceptos generales de “clases dominantes” y “capital”, que no son estrictamente equivalentes. Más aún: no distinguieron entre empresas de distintos tamaños -y en distintos sectores de la economía-, asumieron (algunos autores) en forma equivocada la existencia de una mancomunidad de intereses entre ellas, y dieron por hecho su capacidad de actuar colectivamente y de influir en el Estado. Tampoco aterrizaron sus planteamientos a casos históricos concretos.

En la misma dirección, la malograda teoría de la dependencia denunció en su momento la existencia de una alianza entre Estados periféricos, burguesía y multinacionales, lo que supuestamente habría sido causante del subdesarrollo en el Tercer Mundo. Pero esta teoría perdió vigencia por cuenta de sus planteamientos retóricos, sobre-ideologizados y tautológicos.

Desde otra perspectiva, el neo-pluralismo, autores como Lindblom y Dahl también advirtieron que, en las democracias contemporáneas, los Estados tienden a responder más a los intereses de las grandes empresas, puesto que de ellas dependen los ingresos fiscales. Además, si las empresas no generan riqueza y empleo se presentan crisis económicas, y cuando las crisis superan ciertos umbrales el descontento social puede tumbar gobiernos. De ahí que, para estos autores, sea esperable que haya una colusión de intereses entre el Estado y los empresarios en detrimento de la democracia. Pero de nuevo, se trata de planteamientos teóricos generales, que dicen poco si no se sustentan con estudios empíricos.

Mi investigación pretende dialogar con las literaturas mencionadas, y construir a partir de algunos estudios pioneros que han realizado autores como Schneider y Rettberg sobre los casos de Colombia y América Latina. Algunas preguntas que espero resolver son: ¿qué tanto distintos empresarios individuales, gremios y grupos económicos influyen en política? ¿qué estrategias utilizan y a qué niveles? ¿qué tan efectivas son esas estrategias y qué tan legítimas en términos democráticos?

Los retos metodológicos son grandes, por cuanto históricamente ha habido poca transparencia con la información referente al lobby empresarial, la financiación privada de campañas electorales, participación de empresarios en política y similares. Como la incidencia de los empresarios en la política a veces (no siempre) se pisa con temas de corrupción, y el propio Estado busca legitimarse posando como ente imparcial, es difícil obtener información confiable que brinde pistas sobre instancias de colusión de intereses. A su vez, superar esas dificultades puede dar dividendos importantes en materia de entender la conexión que existe entre economía política y democracia.

Aclaro que no se trata de satanizar (a priori) la incidencia de los empresarios en la política. Una piedra angular de toda democracia es la libertad de asociación, y es esperable (y legítimo) que distintos sectores sociales se organicen y aboguen por sus intereses ante el gobierno entre elección y elección. El problema surge cuando hay captura de sectores del Estado por intereses privados, y por cuenta de ello el Estado deja de responder a las demandas ciudadanas más amplias. Eso es lo que puede debilitar a la democracia al punto de vaciarla de contenido.