Editorial
Seguridad ciudadana basada en evidencia empírica
Por: Ingrid Johanna Bolívar, profesora Asistente Departamento de Ciencia Política
Desde hace al menos una semana, el Gobierno y los medios de comunicación se han unido en un solo grito: protestas sí, bloqueos no. La fuerza y la intensidad del mensaje se amplifican a medida que los bloqueos interrumpen la circulación de las mercancías, impiden que la gente vaya normalmente a sus trabajos y dificultan en algunos casos el tránsito de las misiones médicas.
Así lo testifica el editorial de El Espectador del 24 de mayo. El editorial acusa al Gobierno y a los manifestantes que bloquean de traspasar la frontera de lo innegociable y poner en cuestión la humanidad. La represión policial y los bloqueos, afirma el editorial, han costado vidas humanas, y toda pérdida de vidas humanas es lamentable. Nadie podría dudar de estas verdades. Intentar minimizar las muertes que pueden atribuirse directa o indirectamente a los bloqueos es un camino errado para asumir esta discusión de forma crítica. Que si la bebé de Buenaventura murió por los gases y no por el bloqueo, que si el bebé que murió en Tocancipá ya estaba muerto y que no fue culpa del bloqueo, son cuestiones no solo irrelevantes, sino que degradan la discusión.
Aceptar que los bloqueos pueden producir daño sobre vidas humanas concretas –y que eso constituye un hecho condenable– hace parte de una mirada crítica de la situación actual. Pero esto no es suficiente. El problema político, que es el que nos concierne aquí, es qué hay que hacer para superar la situación actual. Y, en ese sentido, los llamados a la mesura y al respeto de la humanidad dirigidos al Gobierno y a los manifestantes que bloquean son estériles. Lo son no solo desde un punto de vista fáctico, dada la dudosa capacidad que tendrían de producir efectos en sus destinatarios, sino sobre todo desde el político.
Lo que ignora el llamado al respeto por la humanidad es que hace rato la humanidad está en cuestión; la frontera de lo innegociable ya ha sido traspasada. Así lo ven miles de manifestantes y por eso están en la calle y efectúan bloqueos. Y no es difícil darles la razón: el manejo no solidario de la pandemia y la relegación de todo a la responsabilidad individual del ciudadano con el discurso del autocuidado han afectado y destruido vidas humanas. No solo en el sentido físico y literal del dejar morir por omisión, sino en uno más grave que afecta al carácter humano (y no meramente biológico) de toda vida: la sensación de pérdida de futuro, la imposibilidad de autoproyección, la frustración anticipada del despliegue de un proyecto de vida.
Esto no justifica el daño producido por los bloqueos, incluso cuando el daño producido por las deficiencias estructurales y de gestión en la pandemia sea infinitamente superior. Que queden las balanzas utilitaristas para los espíritus infructuosos. Tampoco se trata de, por medio de un mecanismo de causalidad indirecta, atribuirle en última instancia al Gobierno los daños producidos por el bloqueo. Quienes bloquean tienen agencia y responsabilidad moral.
El problema es que el discurso que se queda en la culpabilización de los manifestantes y en la exigencia abstracta y equidistante de respeto a la humanidad, a pesar de sus buenas intenciones morales, tiene efectos políticos concretos en la situación actual, y esos efectos políticos producen una sin salida. Pues en un contexto político (como el que vivimos ahora y en el que está inmerso cualquier medio de comunicación), de toda condena moral se sigue una acción específica contra el condenado moralmente. Se sigue entonces la dispersión de los bloqueos a cualquier precio. Ese precio va bajando a medida que la indignación moral contra los bloqueos sube.
Para no caer en esta trampa es necesario entender la naturaleza de los bloqueos en medio de una protesta. El bloqueo es, ante todo, un mensaje. Uno que indica que la normalidad daña y destruye vidas humanas. Aquí la forma y el contenido del mensaje son inseparables: el bloqueo muestra en su realización efectiva que la normalidad es insoportable para quienes los protagonizan. Esto debe prender las alarmas en toda la sociedad, no para asumir el bloqueo como un problema de orden público, sino para preguntarnos qué estamos haciendo como país para que una parte de nuestra población considere la normalidad como algo insoportable. Los llamados a restaurar la normalidad de la circulación de personas y mercancías son simplemente un acto de desprecio hacia los manifestantes: les estamos diciendo que no nos importa que consideren la normalidad como algo insoportable.
Por estas razones, así nos parezcan condenables las acciones de los manifestantes que bloquean la circulación de los insumos y vehículos médicos con pacientes, nuestras energías y discusiones deben centrarse en exigencias al Gobierno, y no en reclamaciones equidistantes contra ambos ‘bandos’ de la confrontación. La actitud equidistante no ha entendido de qué va el paro. Observa el conflicto como si se tratara de una tribuna ajena, como un mero objeto de contemplación: como un proceso físico en una mesa de laboratorio. Pero si el bloqueo muestra que la normalidad es insoportable para una parte de la población, la cosa no es entre el Gobierno y los manifestantes y no podemos vernos a nosotros mismos como observadores neutrales que ponderamos y evaluamos las actuaciones de las partes con sana distancia.
El problema es la normalidad, que no podemos simplemente volver a ella. Y para que eso no suceda, debemos exigir, en primer lugar, al Gobierno que tome medidas de emergencia y asuma la verdadera naturaleza del problema: que la sociedad no es solo un espacio de orden público, sino que el orden público está antecedido por un orden más radical y de base, un orden existencial, el cual consiste en que las personas vean las instituciones y leyes de la sociedad como oportunidades de vida y existencia, y no como mandatos que se imponen simplemente por la fuerza.
Análisis e Investigación
Empresa y verdad en Colombia: una conversación impostergable
Por: Angelika Rettberg, Profesora Titular Departamento de Ciencia Política
Los empresarios colombianos han sido reconocidos internacionalmente por su aporte a la construcción de paz a lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, han sido renuentes a participar en los esfuerzos de la Comisión de la Verdad. En este texto se analiza por qué.
Entre los retos de la Comisión de la Verdad está producir en menos de un año un informe integral y plural de lo que pasó en Colombia durante el largo conflicto armado que ha azotado a este país. Uno de los sectores cuya participación en la construcción de esta verdad ha sido más difícil de lograr es el empresariado colombiano. Hoy no es claro que el empresariado colombiano valore, ni busque aportar masivamente al proceso de construcción de verdad. Este proceso es importante porque permitirá esclarecer lo ocurrido y afianzar un consenso en torno a la decisión estratégica de la no repetición. Sin embargo, en muchos sectores del empresariado la relación con la verdad genera resistencias y temores y un aparentemente infranqueable muro de silencios. Como resultado, el empresariado colombiano no está haciendo lo que estaría a su alcance para contribuir a este pilar fundamental de la construcción de paz.
Esto no siempre ha sido así. Durante los más de quince años que lleva desarrollándose la infraestructura transicional colombiana una parte amplia del empresariado colombiano ha sido un aliado clave de la construcción de la paz, en especial si se compara con otros países transicionales. Tanto por su propia cuenta como en alianza con el Estado y la cooperación internacional el empresariado colombiano ha financiado iniciativas de paz desde la sociedad civil, ha promovido la capacitación y contratación de población desmovilizada y de víctimas, ha participado en la construcción de guías y estándares de Derechos Humanos, ha financiado tareas de facilitación para promover negociaciones de paz y ha intervenido con proyectos innovadores para estimular la producción y el crecimiento en regiones vulnerables del país. Incluso ha promovido los esfuerzos de construcción de verdad y memoria histórica. Ha hecho esas contribuciones desde su perspectiva como víctima (de secuestros, ataques a la infraestructura y extorsión) y como protagonista o beneficiario de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por otros, ya que, como es bien conocido, en muchas regiones de Colombia el fenómeno paramilitar contó con el beneplácito de algunas élites empresariales, por necesidad o por convicción.
El compromiso empresarial con la construcción de la paz y con la verdad y la memoria histórica ha sido heterogéneo pero significativo. Ha sido la base sobre la cual han surgido alianzas, aprendizajes, prácticas y redes que se extienden mucho más allá de la desmovilización de un grupo en particular. Sin duda, constituye uno de los principales activos de Colombia de cara a la construcción de su futuro y ha sido reconocido como excepcional por la comunidad internacional. Cientos de empresas colombianas adhirieron al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo número 16 referido a “Paz, justicia e instituciones sólidas”, así como a otras guías y estándares de Derechos Humanos y de buenas prácticas corporativas.
Dato de la semana
Por: Congreso Visible
El control político de los decretos presidenciales durante la pandemia ha sido precario, así lo demuestran los siguientes datos:
- En la legislatura 2019-2020 se presentaron 12 iniciativas para derogar o modificar los decretos, de las cuales 11 fueron archivadas por vencimiento de términos y 1 fue retirado.
- En la legislatura 2020-2021 las únicas iniciativas que se han radicado están relacionadas con las extensiones al PAEF (el subsidio del 40% del salario mínimo a las empresas), de la cual una fue aprobada y otra está en trámite. También está en trámite la prorroga al decreto para extender el internet sin IVA que va en su tercer debate.
Estudiantes
Hablemos por quienes no tienen voz
Por: Laura Suárez estudiante de octavo semestre de Ciencia Política
En el marco de las manifestaciones que se han llevado en el último mes en Colombia, el Presidente Iván Duque y la Ministra de Educación María Victoria Angulo, anunciaron que para el segundo semestre de 2021 los estudiantes de estratos uno, dos y tres tendrán matrícula en instituciones públicas de educación superior. Esta decisión, a pesar de responder a una de las peticiones de los estudiantes, quienes argumentaban no tener los recursos necesarios para pagar la matrícula universitaria, no responde a problemáticas mucho más profundas y tampoco refleja una atención a una justa distribución del presupuesto de la educación.
Debido a la llegada del COVID-19, hace 15 meses, los niños, niñas y adolescentes dejaron atrás las aulas de clase en Colombia, medida que ha generado una pérdida de las dinámicas de aprendizaje, el aumento de la deserción escolar y problemas de salud mental en los menores. Adicionalmente, los intentos por reabrir las instituciones educativas han sido insuficientes. Lo anterior, ha vulnerado gravemente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política. Solo el 13,8% de dichas instituciones le ha apostado a la defensa de los derechos de los menores, una cifra preocupante.
A pesar de esta situación, aún no es claro cuál es la ruta de regreso a clase y poco se ha adelantado sobre las condiciones que se deben ofrecer a los adultos que se encuentran en el contexto educativo, tales como profesores, administrativos y cuidadores. El ofrecer matrícula cero en educación superior se convierte, en cierta manera, en un saludo a la bandera que no responde a una problemática más profunda, perdiendo esta última la merecida atención del Gobierno nacional. El no abrir los colegios a lo largo del territorio, le suma niños y niñas al reclutamiento forzado, aumenta las brechas sociales e incrementa los índices de pobreza estructural en el mediano y largo plazo.
Nuestros esfuerzos como estudiantes no deben dirigirse únicamente a abogar por la matrícula cero de las universidades públicas, sino a proponer, buscar y defender soluciones y garantías para que, quienes no tienen voz, también tengan su lugar en la movilización social. En este sentido, la solución que todos debemos ayudar a construir debe partir de la reapertura de las instituciones de educación básica y media, cumpliendo los requisitos de bioseguridad, tanto para los menores, como para los adultos. Además, se debe garantizar el regreso de aquellos que decidieron no volver a las instituciones educativas e invertir en la mejora en la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Solo así, podremos lograr un mejor país, menos desigual, en el que la educación sea la clave para la construcción de una paz duradera.
Egresados
Roberto Suarez Shool
Roberto es politólogo de la Universidad de Los Andes, con maestría en Mercadeo Internacional en Hult International Business School de San Francisco, California; y una especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Rosario. Tiene más de 14 años de experiencia en mercadeo, publicidad, desarrollo de estrategias digitales y consultoría en mercadeo y comunicaciones.
Roberto es socio co-fundador y director estratégico de la agencia de estrategia y publicidad digital AdMedia Rock. Esta tiene oficinas en Bogotá y Ciudad de Panamá; sus clientes se ubican en Centro y Sur América, en diferentes industrias que incluyen el sector automotriz, retail, consumo masivo, tecnología, proyectos público-privados, entre otros. Adicionalmente, Roberto mantiene su trabajo como consultor en mercadeo y está desarrollando proyectos de transformación digital para empresas.
Antes de saltar al emprendimiento y crear su agencia, Roberto trabajó en departamentos de mercadeo, fue director estratégico en agencias de publicidad y firmas de consultoría en mercadeo y comunicaciones.
Además de su trabajo en el desarrollo de estrategias digitales y como consultor de mercadeo, Roberto es deportista aficionado y ha participado en 8 medias maratones, a finales del 2019 hizo su primer maratón y actualmente está entrenando para incursionar en el mundo del triatlón.
Colombia internacional en Abstract
Política migratoria y derecho al trabajo: estudio de caso sobre la acogida de inmigrantes venezolanos en el sur de Brasil
Por: Renata Ferreira da Silva y Juliane Sant’Ana Bento
Objetivo/contexto: el contexto de la crisis humanitaria venezolana influye en su flujo de inmigración de población a Brasil e impacta directamente en el mercado laboral brasileño. Así, el propósito del artículo es analizar las dificultades y las condiciones juslaborales que vivencia la población venezolana recién llegada al sur de Brasil. Metodología: se parte de una investigación de campo cualitativa y cuantitativa realizada con inmigrantes venezolanos recibidos en el sur de Brasil, específicamente en el estado de Rio Grande do Sul. Se busca hacer una comparación entre el marco normativo vigente en Brasil con respecto a los derechos laborales de los extranjeros y la realidad fáctica descrita por estos inmigrantes. Conclusiones: se concluye que la integración de la población venezolana en el estado de Rio Grande do Sul implica varios desafíos, tales como el lingüístico, la burocracia excesiva en la convalidación de títulos, la discriminación y, sobre todo, actuar en áreas incompatibles con su formación.
Noticias
El medio digital African Arguments publicó el pasado 19 de mayo la entrevista del profesor Luke Melchiorre al líder opositor de Uganda, Bobi Wine. Léala aquí.
El jueves pasado se llevo acabo el evento “Propuestas para un mejor país: diálogo entre estudiantes y profesores”, con la participación de los profesores de nuestro departamento Carlos Ramírez y Miguel García Sánchez. En este se discutió acerca de la reforma tributaria, los acuerdos de paz y, la reforma policial. Revívalo aquí.
El pasado 20 de mayo se publicó un nuevo capitulo de #Unboxing por Democracia Abierta , titulado “Situación crítica en Colombia”. Este capítulo fue presentado por la profesora Sandra Borda. Revívalo aquí.
Ayer se publicó la columna quincenal de la profesora Sandra Borda en el diario El Tiempo. En esta ocasión, Sandra discute la estrategia internacional del Gobierno colombiano frente a la crisis que atraviesa el país. Léala aquí.
Agenda
El viernes 21 de mayo se llevará a cabo a la 1:00 p.m. el evento “América Latina con Biden: ¿de vuelta a la negligencia benigna?”. En este evento participará la profesora Sandra Borda. Inscríbase aquí.
A propósito de la publicación número 103 de La Revista Foro, tendrá lugar el evento “Constitución Política de Colombia 30 años”, este jueves 27 de mayo a las 4:30 p.m. a través de Facebook Live.
Oportunidades
La Revista Latinoamericana de Opinión Pública (RLOP) tendrá abierta convocatoria hasta el 15 de julio para recepción de artículos para el número especial “COVID-19 y opinión pública en América Latina”. Consulte Aquí los términos de la convocatoria.
Director
Miguel García Sánchez
Asistente Editorial
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Fanny Medina Ariza
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Ossman Aldana