Editorial
Seguridad ciudadana basada en evidencia empírica
En los últimos veinte años, la literatura sobre política pública ha señalado la importancia de diseñar e implementar políticas basadas en evidencia. Es decir, fundamentadas en datos y análisis que indiquen qué es lo que funciona mejor y cómo funciona para atender un fenómeno u objetivo de política pública. En esta lógica, diferentes investigaciones han afirmado que uno de los principales desafíos en las políticas basadas en evidencia es demostrar a los hacedores de política, el riesgo de tomar decisiones basadas en lo que históricamente se ha realizado, en la experiencia personal o en la intuición de los agentes políticos. Definir políticas a partir de evidencia empírica reduce costos, optimiza recursos y aumenta la efectividad de las instituciones.
Al respecto, el campo de la seguridad no es ajeno a este debate y ha desarrollado numerosas investigaciones empíricas que pueden alimentar las políticas públicas, estrategias y acciones para enfrentar los fenómenos de (in)seguridad y el mejoramiento de los entramados criminógenos. Criminólogos, expertos en seguridad y algunos cuerpos de policía han demostrado, a través de diferentes investigaciones, la efectividad de guiar las acciones de las instituciones de seguridad a partir de análisis de datos e información y haciendo uso de resultados producto de evaluaciones de impacto (evidencia empírica).
Por otra parte, a nivel mundial se han documentado una serie de innovaciones, políticas y estrategias en seguridad con relación al servicio de policía que han asumido como principio la utilización de la evidencia empírica. Esta tendencia se ha denominado como “Evidence-Based Policing” y algunas de estas innovaciones son: la vigilancia comunitaria, la vigilancia de puntos calientes, la integración de terceros a la labor policial y la disuasión focalizada del delito.
En Colombia, es posible enumerar diferentes avances en el Servicio de Policía Basado en Evidencia liderados por la Policía Nacional. Ese es el caso del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que además actualmente tiene componentes ajustados a los retos de la seguridad ciudadana y hace parte del Plan Integral de Innovación, Transparencia y Efectividad del Servicio de la Policía Nacional.
Este Plan Integral tiene como premisa el uso de la evidencia empírica y el desarrollo de un enfoque de policía proactiva, que va más allá de la reacción ante el delito y actúa analizando con anticipación los cambios y transformaciones del crimen y los contextos criminales. En otras palabras, este plan integral es un ejemplo de una policía basada en evidencia, que comprende algunos componentes como la profesionalización del servicio de policía y el mejoramiento de las condiciones de carrera e innovación en los elementos del servicio.
Entre los elementos innovadores para la efectividad del servicio policial, se destaca la incorporación de las cámaras de cuerpo, los dispositivos taser y los cambios en los uniformes y patrullas de policía. Innovaciones que tienen como objetivo mejorar la calidad en los procedimientos de policía, aumentar la confianza del ciudadano y reducir los delitos de alto impacto. Asimismo, la creación del primer laboratorio de criminología táctica y neurocriminología al interior de un cuerpo de policía en América, que fortalecerá la generación de evidencia científica para el servicio de policía y la seguridad.
En cuanto al enfoque de policía proactiva, es posible destacar estrategias basadas en evidencia que se han puesto en marcha en diferentes ciudades; en especial, la focalización del homicidio denominada “Segmentos de Vida”, que comprende priorización, articulación y microfocalización del servicio de policía en tres dimensiones (territorios, actores criminales y conductas delictuales) y un conjunto de acciones de persecución judicial, disuasión, contención y disrupción del delito.
No obstante, en el entendido que la seguridad tiene diferentes componentes y el delito es multicausal y multidimensional, la evidencia empírica ha indicado que es vital el desarrollo de acciones y programas locales en lógicas de prevención social del delito y que, por su naturaleza, no son competencia exclusiva de los cuerpos de policía.
Por ejemplo, un estudio reciente dirigido por Blattman en el año 2018, estableció que solamente las acciones de policía controlan y disuaden el delito; pero el efecto es mayor si se acompañan de acciones y programas sociales de prevención situacional y social en el crimen. Es decir, en la intervención de fenómenos de seguridad y reducción del delito, es necesario vincular un trabajo fuerte de capacidades institucionales que comprende programas sociales sobre prevención del crimen. Entre ellos, la intervención de entornos, el trabajo con la población en riesgo, las acciones para fortalecer el tejido y la cohesión social y mejoras de iluminación. Estas acciones aumentan y sostienen los resultados en la disminución del delito e incluso, logran beneficios adicionales como el mejoramiento de la percepción y sensación de seguridad en la población.
En consecuencia y en clave con los cambios en las dinámicas sociales actuales de las poblaciones y los países de la región, en las cuales se combinan factores vulnerables para el delito, es necesario que las instituciones locales tengan presente la necesidad de diseñar e implementar estrategias y políticas de seguridad basadas en la evidencia, que comprendan una mirada diagnóstica constante de las transformaciones de los escenarios criminales y conforme una visión holística de la criminalidad en donde la prevención social y situacional del delito va más allá de la policía. Existen otros componentes que deben mirarse desde un punto de vista sistémico, dada la interacción entre actores y variables asociadas al delito y la seguridad.
1 Mayor General, Director de la Policía Nacional de Colombia, Magister en Seguridad Pública y Especialista en Resolución de Conflictos.
2 Mayor de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
3 Coronel de la Policía Nacional, Secretario Privado Dirección General, Magister en Seguridad Pública.
Análisis e Investigación
La dimensión espacial de los fenómenos electorales
En esta investigación intentamos explorar una posible veta de análisis basada en el papel que puede tener el espacio en los resultados políticos. Este proceso exploratorio dialoga con la geografía política en general y, en particular, con la perspectiva analítica desarrollada en la geografía electoral, en busca de claves conceptuales y analíticas que ayuden a plantear el problema y a buscar caminos complementarios a las estrategias analíticas de los estudios electorales. Así, nos preguntamos por las relaciones entre la capacidad estatal de los municipios colombianos y la formación de bastiones electorales en las elecciones para la Cámara de Representantes de 2018 (municipios con alta concentración de votos en uno o pocos candidatos). El mapa a continuación muestra los bastiones en la Cámara, de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2018. Entre más claro es el color del municipio, mejor es la competencia política en el mismo debido a que los votos no se concentran en uno o unos pocos candidatos.
Fuente: elaboración de los autores con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Nuestro interés es explicar qué tanto hay bastiones electorales en los municipios del país a partir, principalmente, de los indicadores de capacidad estatal en dichos entes territoriales. De acuerdo con nuestro análisis, aquellos municipios con mayor capacidad de generación de recursos tienden a tener un indicador más bajo de bastiones electorales. Igualmente, los datos muestran que entre más fuerte sea la presencia del Estado en los municipios, los votos de los municipios son disputados por un mayor número de candidatos.
Con esta investigación queremos ofrecer nuevas aproximaciones a un tema central de la Ciencia Política: la obtención de votos por parte de los candidatos y su distribución en el territorio. Nuestra contribución al tema tiene dos aristas: tenemos en cuenta la naturaleza espacial del despliegue de la capacidad estatal y consideramos el papel del Estado como variable que explica la existencia de bastiones electorales. En cuanto a la dimensión espacial, quisimos recalcar la necesidad de considerar tanto la heterogeneidad de la capacidad estatal, las condiciones de desarrollo y la distribución de los votos, así como su dependencia geográfica: los resultados en un municipio dado no son independientes de lo que ocurre en los municipios vecinos. En cuanto al Estado, hicimos explícito el supuesto de su dimensión territorial apoyándonos principalmente en la idea de su presencia diferenciada: la institucionalidad estatal no es la misma en Bogotá que en Bojayá. Nuestros resultados señalan que la capacidad estatal no sólo trae desarrollo y bienestar material, sino que también mejora el funcionamiento de la democracia al reducir la instauración de bastiones electorales en los municipios.
El resultado de esta investigación será publicado como capítulo en un libro de análisis de las elecciones que se edita conjuntamente entre la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.
Dato de la semana
Por: Por:Gender, Justice and Security Hub y DeJusticia
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, y como parte del trabajo de recopilación de datos sobre género en Colombia adelantado por el Gender, Justice and Security Hub y DeJusticia, queremos recordar que de las 10.167.165 de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas al 31 de mayo de 2020, 5,165,790 son mujeres. Además, la mayoría de las víctimas por delitos sexuales relacionados con el conflicto armado, de nuevo son mujeres (29.309) entre afrocolombianas, indígenas, palenqueras, raizales, gitanas y sin identificación étnica.
Fuente: Registro Único de Víctimas – 31 de mayo del 2020, *todos los actos violentos registrados están relacionados con el conflicto armado
Estudiantes
Eco-disturbing
Por: Paula Marinkelle, estudiante séptimo semestre de Ciencia Política e Historia
En los últimos años, el “problema ambiental” ha empezado a resonar cada vez más en la opinión pública. Numerosos documentales, políticas públicas, pronunciamientos de activistas y campañas mediáticas han contribuido a visibilizar la urgencia del daño ambiental que producen los modos de vida globalizados de hoy día. Sin embargo, en las aproximaciones al tema hay vacíos significativos y problemas que no permiten un avance real en las luchas por la ecología y la justicia ambiental (que no son lo mismo que “el problema ambiental”).
#1
Muchos políticos, académicos, empresarios, y demás “gentlemen” de la sociedad, hablan de la crisis ambiental y ecológica como un problema que deben resolver en términos económicos. Es decir, se habla de esto como una cuestión adicional a resolver dentro de los otros muchos y más importantes problemas de la economía, el comercio y la industria, como la maximización de ganancias, reducción de costos de producción, etc. El problema no es solo que la crisis ecológica sea vista como marginal e indeseable, sino que es vista como problema en tanto no permite el crecimiento económico. Algo así como la “cuestión social” hace un siglo, cuando los políticos de la high trataban de reducir la población pobre y no civilizada, porque no contribuía al progreso de sus naciones modernas.
#2
Aquellos políticos, académicos, economistas, empresarios y demás “gentlemen” proponen soluciones monetarias a un problema que es de carácter ecológico con repercusiones sociales, políticas y económicas. En otras palabras, si bien la crisis ecológica surgió a raíz de las políticas económicas y modelos globalizados de industria y comercio, no es en la economía donde encontramos las soluciones más optimas. La crisis ecológica no se soluciona con inyecciones de capital, con PIBs que integren “el valor económico de la naturaleza” o con reformulaciones del modelo en los que no sea necesario descartar las ventajas que nos ha traído “la revolución tecnológica”, como afirma Maria Fernanda Valdés en un artículo de El Espectador.
El verdadero problema no es aumentar las cifras de millones de dólares invertidos por los países desarrollados o el BID, para compensar el desajuste ambiental. Por el contrario, el cambio radica en comprender que la moneda no sustituye ecológicamente lo que generan los manglares, los páramos, los lagos, las selvas y bosques tropicales, los mares y océanos. No importa qué tanta plata le inviertan los países “desarrollados” a sus países proveedores de materias primas, porque el daño ambiental que implican la tala de árboles, la destrucción de manglares, los monocultivos, la ganadería extensiva, la pesca a gran escala, la minería, el uso de pesticidas, entre otros, no se puede revertir en el largo plazo.
#3
El tema ambiental es visto siempre con relación al ser humano. Pero no me malentiendan, no reniego por que el ser humano busque solucionar la crisis ecológica. Me refiero a que aun en el siglo XXI, el ser humano no es capaz de pensar en la naturaleza no humana como tal, sino que la sigue pensando como un objeto, un no-sintiente, como un no-ser.
Eso implica que la única relación que el ser humano cree que puede establecer con ella es de carácter utilitario y racional. En esta relación la naturaleza es recurso, es mercancía, disponible para la voluntad del ser humano. Y cuando no es así, es vista como un problema del que hay que encargarse para poder seguir adelante con el verdadero crecimiento, el verdadero bienestar y la producción de felicidad a nivel global.
¿Es posible que el hombre suelte un poco su faceta de homo economicus y pueda pensarse por un momento como un ser vivo más dentro del planeta? ¿Podría pensar que no todo lo que es en el mundo, está ahí para satisfacer sus deseos? No todo es utilizable porque no todo lo que no es persona es necesariamente objeto. Para explicarme mejor, lo diré puntualmente, el océano no es el segundo vertedero de basuras, de mercurio o elementos radioactivos como lo piensan los industriales japoneses. La otra forma de pensar la naturaleza además de mercancía no es como un paisaje. La crisis ecológica no debe importarnos porque el “ambiente nos genere beneficios” o porque el medio ambiente es limitado.
Replantearse la economía para solucionar “la cuestión ambiental” debe ir, necesaria y urgentemente, más allá de un “abrir la oportunidad para que se industrialicen los países productores de materia prima”, mas allá de un desarrollo sostenible cuya prioridad sigue siendo el crecimiento económico y “la producción masiva para quitar el hambre” *. Dentro de otras cosas; más allá de las retribuciones monetarias y definitivamente más allá de PIBs y otros indicadores que “integren el valor económico de la naturaleza”. Puesto que la naturaleza no puede ser reducida a una cifra cuando de vida se trata.
*De hecho, el hambre que se busca combatir en los ODS, tiene lugar justamente en las comunidades que protegen la biodiversidad, producen materias primas para los países industrializados y más perjudicadas se ven por los objetivos de desarrollo. (“La mayoría de las empresas en América Latina y el Caribe están basadas en la explotación de los recursos naturales”)
Egresados
Diana María Quimbay Valencia
Diana es politóloga con énfasis en Estudios Latinoamericanos graduada en el 2001 de la Universidad de Los Andes. Tiene una Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Málaga que realizó desde el 2002 hasta el 2004. Vivió durante casi 10 años en España y trabajó la mayor parte del tiempo en el sector privado. A su regreso a Colombia, trabajó en la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) inicialmente como Coordinadora de proyectos y posteriormente como Subgerente de programa (2011-2015), para luego incursionar como funcionaria pública siendo Jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), entre 2015-2019. Desde junio de 2019, se desempeña como Asesora de Cooperación Bilateral en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC-Colombia, donde asesora a la Dirección General en la toma de decisiones respecto a la identificación y priorización de oportunidades de cooperación que recibe el país por parte de donantes bilaterales. También coordina la preparación y formulación de intervenciones para las diferentes negociaciones de Acuerdos Marco de Cooperación y Estrategias País, firma de convenios y formulación de programas y proyectos, que apoyen la misionalidad de la agencia y su fortalecimiento en los diferentes mecanismos de articulación existentes de la cooperación internacional. Con más de 10 años de experiencia en el campo de la cooperación internacional, Diana ha participado como representante de Colombia en diferentes eventos, plenarias y foros internacionales; acompañado la implementación de proyectos de alto impacto y asistido a cursos internacionales relacionados con la cooperación al desarrollo. Su mayor interés es trabajar para que Colombia logre el tan anhelado desarrollo sostenible. Que su camino o transición hacia el desarrollo se dé de la mano de cooperantes estratégicos que compartan su conocimiento para que el país fortalezca sus capacidades institucionales y técnicas, logrando un crecimiento sólido con equidad y sostenibilidad.
Colombia internacional en Abstract
De papeles y derechos. La difícil traducción del paradigma de derechos humanos en la política migratoria de la Argentina actual
Por: Ana Paula Penchaszadeh
Objetivo/contexto : el artículo propone analizar la difícil y paradojal traducción normativo-administrativa del paradigma de derechos humanos en la política migratoria argentina actual. El estudio de este caso reviste especial interés, por un lado, porque la Argentina ha sido y es el principal país receptor de migraciones del Mercosur en las últimas décadas y, por otro lado, porque su modelo de gestión migratoria, inaugurado en 2004 con la sanción de la Ley de Migraciones 25871, que se encuentra basado en el enfoque de derechos humanos, convive con una marcada tendencia a la securitización y al control. Metodología : la investigación que sustenta este artículo es cualitativa: las principales ideas y conclusiones han sido extraídas del estudio de leyes, decretos, reglamentos, informes y resoluciones emitidos por distintas agencias públicas nacionales e internacionales, así como del cotejo y contraste con bibliografía secundaria. Conclusiones : el avance del enfoque securitario de la migración, más centrado en el control que en la regulación, aunado a la falta de adecuación normativa y administrativa de las distintas agencias estatales en la garantía de ciertos derechos reconocidos como universales, explican la poca efectividad del paradigma de derechos humanos en áreas clave como la política de regularización documentaria y el acceso a derechos universales.
PALABRAS CLAVE: migración, regularización documentaria, derechos humanos, Argentina
Noticias
El pasado 22 de marzo, la profesora Lina Álvarez defendió con éxito su tesis doctoral «Oikonomias de la tierra habitada. Un análisis decolonial de la fisiocracia», para así obtener el título de Doctora en Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina.¡Enhorabuena Lina!
El jueves pasado se llevó a cabo la clase abierta del curso de posgrado “Terrorismo internacional, crimen organizado e insurgencia” dirigido por el profesor Víctor Mijares. Esta sesión tuvo como invitado a Christian Vianna de Azevedo, Policía Federal de Brasil. Revívala aquí.
Ayer la profesora Sandra Borda publicó su columna quincenal en el diario El Tiempo. En esta ocasión, Sandra analiza los pasaportes COVID, los cuales certifican la vacunación y se quieren implementar en diversas partes del mundo. Léala aquí.
Agenda
Hoy a las 5:30 p.m., a través de Facebook, se llevará acabo el lanzamiento del libro de Oliver Kaplan, Resistir la guerra, o cómo las comunidades se protegen a sí mismas. Este evento está organizado por el Departamento de Ciencia Política y los comentarios estarán a cargo de la profesora Angelika Rettberg y Fernando Sarmiento.
El jueves 15 de abril a las 12:30 p.m., tendrá lugar el lanzamiento del libro Historia empresarial en América Latina. El capítulo de este libro “Conflicto, criminalidad y violencia: Un desafío para los empresarios de Colombia y México” tiene como autora a la profesora Angelika Retbberg y Sandra Ley. Inscripciones aquí.
El lunes 19 de abril vía Facebook se llevará acabo el evento “La política exterior de Colombia hacia Venezuela: entre la crisis y el conflicto”. Este evento es organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El evento contará con la participación de la profesora Sandra Borda.
Oportunidades
Hasta el 15 de julio la Revista Latinoamericana de Opinión Pública (RLOP) tendrá abierta convocatoria para el número especial “COVID-19 y opinión pública en América Latina”. Los artículos pueden ser escritos en inglés, español o portugués. Consulte aquí los términos de la convocatoria.
Director
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