Editorial

Junto al nuevo año llegó la esperanza de que este semestre fuera diferente a lo que nos tuvimos que enfrentar en el 2020. Muchos inscribimos las clases con la idea de retornar a la presencialidad por lo menos bajo el modelo de la alternancia. A pesar de que enero no fue el mes que marcó la diferencia, febrero nos está brindando la oportunidad de acercarnos a aquella cotidianidad que anhelamos desde hace ya casi un año. El aviso del Ministerio de Salud donde se daba el aval a los colegios y demás instituciones educativas de retornar a la presencialidad, bajo el modelo de la alternancia, fue una decisión que nos tranquilizó a la mayoría de los estudiantes. No obstante, guarda detrás un sin número de discusiones sobre si regresar a nuestro antiguo entorno educativo es ideal en medio de la contingencia, que aún persiste.

Entre los cuestionamientos, cabe preguntarnos si el derecho a la educación se ha visto limitado por las condiciones que ofrece “la nueva normalidad”. La Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, reveló los resultados de una encuesta a varios hogares colombianos de diferentes estratos. La información recolectada apuntaba a que el cierre prolongado de las instituciones educativas tiene efectos inmediatos como futuros. Los estudiantes se ven expuestos a nuevos desafíos que incluyen: efectos sobre el aprendizaje, riesgos de deserción, detrimento de la salud física y mental, y dificultades en las relaciones familiares (García et al, 2021). A pesar de ser un estudio que se enfocó en la educación básica, no podemos desconocer que es aplicable a los demás entornos educativos, pues todos hemos enfrentado el temor de que nuestro derecho a la educación esté siendo limitado como consecuencia de estos nuevos desafíos que el sistema educativo colombiano no estaba preparado para afrontar.

En nuestro país un gran porcentaje de la población no tiene acceso a los recursos necesarios para poder asistir, conectarse o aprender en una clase de modalidad virtual. Según la encuesta estudiada un 20.7% de los estudiantes encuestados ven los problemas de conectividad, o falta de dispositivos como una razón para desertar en 2021. La misma fuente revela que un 94.5% de los estudiantes no recibieron ninguna ayuda material por parte del gobierno para realizar sus clases virtuales. Dichas cifras son alarmantes y nos llevan a reflexionar si el derecho a la educación, viéndose limitado, debe primar en el contexto del 2021 sobre las restricciones de salud que evitan el retorno a las aulas.

La realidad indica que, en medio de la contingencia, el sistema educativo no está siendo efectivo para Colombia. Así surge una necesidad de sopesar las restricciones de salud que impiden la presencialidad, frente al derecho a la educación en el caso concreto del COVID-19 en 2021. En principio, era razonable que para el 2020 las instituciones educativas cerraran, en protección al derecho a la salud, era un momento en que el conocimiento científico sobre el virus y su prevención eran imprecisos. Por otro lado, desde finales del año pasado, el mundo ha tenido la obligación de ajustarse a los nuevos parámetros de vida en sociedad, y no es razonable que nos conformemos con descuidar el provecho máximo de otros derechos fundamentales. En este contexto, la atención no debe ponerse sólo en dirección hacia la protección de la salud, también debe convertirse en una prioridad la garantía del derecho a la educación, que evidentemente se ha visto limitado desde ya casi un año.

Regresar a la vida antes del COVID-19 es algo que todavía permanece como un futuro lejano en nuestras cabezas. A pesar de que las clases virtuales no implican una suspensión material del derecho a la educación es innegable que, sí implican su limitación, y dado que concierne a los derechos fundamentales, su efectividad debe ser la máxima posible en medio de cualquier circunstancia. En un mundo ideal tal vez las opciones fueran distintas, pero en la realidad colombiana es momento de volver a las aulas y trabajar con lo que tenemos.