Editorial

Poco antes de que nuestros estudiantes se aprestaran a reanudar sus labores académicas del segundo semestre de 2011, sucedió un hecho significativo para el país. El 19 de julio, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 16 años, a Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura del Gobierno de Uribe, como consecuencia de la investigación disciplinaria por el inadecuado manejo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS); una semana después fue detenido precautelativamente, para evitar que pudiera alterar el acervo probatorio del proceso judicial que se le sigue por los mismos hechos. Cuando digo que es un hecho significativo no pienso que lo sea porque se trate del “ocaso de un presidenciable”, como tituló El Tiempo. Me preocupa más que tales hechos reflejen la acomodaticia actitud ante la ley de altos funcionarios del anterior Gobierno, que terminaron procesados (nueve, incluido Arias) por seguir las órdenes de un presidente que basó su mal entendida legitimidad, en el ambiguo “principio” de que “el Estado de opinión es la fase superior al Estado de derecho”, como afirmó Uribe en más de un centenar de ocasiones, según los datos de La Silla Vacía. Pero me preocupa aún más un significado que ha pasado inadvertido para la opinión pública y que sólo surge si se considera lo ocurrido en una perspectiva histórica de “larga duración”.

En 1949 vino al país la primera misión del Banco Mundial con el fin de sentar las “Bases de un Programa de Fomento para Colombia” y elevar “el nivel de vida de su pueblo”. Dicha misión, que se considera el antecedente de la planeación socioeconómica en el país y que propuso la creación del Departamento Nacional de Planeación, fue dirigida por un profesor de Harvard, Lauchlin Currie, quien desde entonces, y hasta su muerte en 1993, fue profesor de economía en las universidades Nacional y de los Andes.

Concluía el informe de la misión, que el bajo nivel de vida de la sociedad colombiana de ese entonces, se debía a la baja productividad del trabajo, especialmente en el sector agropecuario, debido, entre otros factores, a la alta concentración de la propiedad de la tierra, la usencia de reforma agraria, la dedicación de las mejores tierras la ganadería extensiva y, sobre todo, a la inexistencia de crédito y capacitación técnica para el pequeño y mediano campesino. Proponía entonces la Misión Currie un programa de acceso a la tierra, de crédito subsidiado y de asistencia técnica para el pequeño productor rural. El gobierno colombiano de la época constituyó un comité de notables que analizara la posibilidad de poner en marcha dichas propuestas, pero éste fue reticente a ello puesto que afectaría los intereses de la elite de una sociedad, en ese entonces, eminentemente agraria.

El actual programa AIS fue creado por el Gobierno de Uribe con el propósito de otorgar $500 mil millones de ayuda a los sectores del agro que se vieran perjudicados por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. En esencia, se trata de un sistema de crédito subsidiado para los pequeños productores agrarios, que son los más afectados por la internacionalización de la economía. Sin embargo estos subsidios terminaron beneficiando a familias y empresarios agrícolas de altos ingresos, curiosamente en zonas de alta concentración de la propiedad rural. De acuerdo con recientes investigaciones, el desvío de esos recursos puede ascender a los $300 mil millones.

En síntesis, el escándalo de AIS, significa más cincuenta años de falta de voluntad política de la clase dirigente del país para resolver el problema agrario. No nos extrañe, pues, que entre las principales causas de le generación y prolongación del conflicto armado colombiano se encuentre la cuestión agraria no resuelta.

* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política.

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