Editorial

El Presidente Santos se queja de que el General Arias Cabrales, quien dedicó su vida a la defensa de la patria, reciba una pena de treinta y cinco años por su responsabilidad más bien omisita en el llamado holocausto del palacio de justicia, mientras en el marco de la ley de justicia y paz grandes criminales que le han entregado su vida a destruirla en forma activa y depravada están recibiendo penas de entre cinco y ocho años. El Presidente tiene la razón. ¿Cómo se explican la asimetría y la injusticia implícita en tratamientos tan distintos para el uno y para los otros? Algún defensor de derechos humanos podría alegar que el Estado representa un superpoder frente a los individuos y que ello amerita una vigilancia especial. Y podría decir además que es el Estado el que firma los tratados y el que está más obligado por la Constitución y por las leyes. La explicación acaso era buena sobre todo en el Cono Sur, donde lo derechos humanos debieron servir de contrapeso y de rasero para juzgar el comportamiento de dictaduras que tenían el cuasimonopolio de los medios y de las prácticas de violencia. Pero es malo de cara una guerra intestina como la que ha sufrido Colombia durante el último medio siglo. Tiene razón Gustavo Petro cuando propone una ampliación de la ley de justicia y paz a los militares. Él más que nadie, por su condición de exguerrillero del M-19 beneficiado por esa asimetría en el trato, debe haberle dado muchas vueltas al asunto. Otra cosa es, por supuesto, que ellos lo acepten.

Ya el Gobierno Santos tuvo el coraje de aceptar que la ley de víctimas se articule en torno al principio de que el Estado debe reparar a sus víctimas porque es responsable y no simplemente porque es solidario con ellas. Con ello ha dejado claro que, por lo menos en el ámbito de la responsabilidad objetiva, al Estado colombiano le corresponde una “responsabilidad parcial histórica”, compartida con otros actores no-estatales como son las guerrillas y los paramilitares, por la barbarie bastante horizontal que hemos padecido. La negación absoluta del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado por parte del Gobierno Uribe era la otra cara de la moneda de la atribución cuasiexclusiva de la responsabilidad a ese mismo Estado por parte de algunos defensores de derechos humanos, despistados o malintencionados, así como de muchos políticos de izquierda. El Gobierno ha dado, sin duda, el primer gran paso para acabar con ese juego perverso de responsabilidades concentradas y excluyentes, contrario a la realidad. El Estado debe reconocer sus culpas y los enemigos del Estado las suyas, de manera que la paz pueda llegar a funcionar, algún día, según un modelo judicial de mesa redonda como el que propone Petro.

Es cierto que todavía entonces estaremos frente a un doble estándar de juzgamiento a favor de los destinatarios de la justicia transicional y contra los de la justicia ordinaria. Pero por lo menos no contaremos con algo tan odioso como es un rasero múltiple para el juzgamiento de quienes han sido parte en el conflicto armado. A menos que triunfe el igualitarismo universalista de los derechos humanos, de manera que la idea de una justicia extraordinaria y transicional desaparezca en beneficio de un criterio único y ordinarizante, la justicia transicional, sensible como tiene que ser a las diferencias de los contextos, está condenada a operar con doble estándares a pesar de lo odiosos que le resultan a muchos. Y es que sin rebajas de penas a cambio de confesiones y demás formas de amnistía condicional no puede haber negociaciones de paz, ni verdad, ni reparación, y acaso ni siquiera castigo.

Hoy, hasta los más comprometidos con la justicia global y contra la impunidad como el famoso Cherif Bassiouni, mentor de los llamados “principios de Chicago” y director de un gran proyecto de justicia global que ha contado con el aval de las grandes cortes internacionales, han terminado por aceptar, vencidos por la tozuda realidad y después de haber militado en el maximalismo punitivo, que la justicia transicional sólo puede operar sobre la base de modelos complejos, que combinan, entre otros mecanismos, castigo y amnistías condicionadas, y que las amnistías condicionadas del tipo de la subyace al modelo de justicia y paz, antes que su gran enemigo pueden ser un mecanismo de justicia.

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