Editorial

El 10 de diciembre de 2010 los periódicos colombianos dieron a conocer el reporte oficial de víctimas fatales relacionadas con el invierno: 238 personas. También se publicaron datos sobre el número de familias afectadas por el invierno (374.411), el número de desaparecidos (103) y el número de heridos (250). En total, la vida de 1.818.472 personas había cambiado radicalmente, según los periódicos, a causa de la ola invernal. Destaco en cursiva la relación causal por varias razones. En primer lugar, por lo insólito (¿descarado?) que resulta culpar a un fenómeno natural predecible y regular, como es La Niña, de las tragedias humanitarias que alcanzaron su pico a finales del año pasado. Y segundo, porque es igualmente inquietante que a pesar de que Colombia es un país altamente vulnerable a la ocurrencia de fenómenos naturales, dicha vulnerabilidad no ha sido aún aprovechada políticamente en los escenarios multilaterales, específicamente en la consecución de recursos de cooperación predecibles y sostenidos.

Desde mediados de los años setenta, la literatura sobre emergencias y desastres ha venido insistiendo en lo poco “natural” que son los desastres naturales. Tradicionalmente, la forma de enfrentar las tragedias causadas por los fenómenos naturales se había enfocado en el estudio del fenómeno mismo (su magnitud, frecuencia, etc.) y en determinar la vulnerabilidad de las estructuras físicas como los puentes, las edificaciones y las carreteras ante las amenazas de la naturaleza. La creación y posterior multiplicación de organizaciones civiles internacionales de asistencia humanitaria que se presenta entre los años sesenta y setenta, en conjunto con el surgimiento de las nuevas corrientes de pensamiento sobre el desarrollo, crearon las condiciones necesarias para cuestionar el modelo de atención de desastres y, sobre todo, para expandir el estudio de la vulnerabilidad más allá de las estructuras físicas. Pobreza, estructura económica, exclusión social, relaciones de género e interraciales se constituyeron en variables privilegiadas por el nuevo enfoque. En términos simples, la vulnerabilidad de una comunidad a una amenaza natural se determinaba no sólo a partir de la fortaleza de su infraestructura y de la magnitud de la amenaza natural (léase huracán, tifón, terremoto), sino también a partir de la resiliencia social y económica de la comunidad, es decir, la capacidad de reacción y sostenibilidad del sistema económico y del sistema social ante el desastre. Basta con comparar la recuperación de Haití y Chile luego de los terremotos del año pasado. Si uno se basara sólo en la magnitud del fenómeno, Chile (magnitud de 8,8 en la escala Richter) habría tomado mucho más tiempo en recuperarse que Haití (magnitud de 7,0 en la escala Richter). Incluso, no es muy loco especular que el Japón se recuperará física y económicamente antes de que Haití pueda terminar sus esfuerzos de reconstrucción. En resumen, el impacto de un fenómeno natural es más desastroso si existe pobreza, discriminación y exclusión social, inequidad e inestabilidad política y económica. En el caso colombiano, es posible afirmar que una buena parte de los casi dos millones de personas afectadas por La Niña sean en realidad damnificados de la falta de planeación, la falta de recursos, la corrupción y la falta de oportunidades de empleo, vivienda y educación que los obligó a asentarse en zonas de alto riesgo.

Al día siguiente de que se publicaran los datos sobre los damnificados en Colombia, el 11 de diciembre de 2010, la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de Cancún se clausuraba con ánimos optimistas sobre los compromisos alcanzados, entre los que se destacó la creación de un Fondo Verde Climático que garantizaría recursos a países en vías de desarrollo para la adaptación al cambio climático y el desarrollo de tecnologías verdes. La relación entre cambio climático y recursos de cooperación, como el Fondo Verde que anunciaron en Cancún, no es novedosa. De hecho, si uno estudia el tema con detenimiento podrá percatarse que desde que fue creado el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988, los hallazgos científicos han ido acompañados de demandas por mayores recursos, no sólo para investigación sobre el tema —que sería lo más obvio— sino también para actividades de adaptación a los efectos negativos del cambio climático. En particular, ha habido un grupo de naciones que ha sido pionera en vincular la ciencia del cambio climático con la necesidad de recursos económicos: las islas pequeñas en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés). Las SIDS son un grupo de más o menos cincuenta islas, de las cuáles 40% aproximadamente son considerados países menos desarrollados; es decir, que se encuentran en la cola en lo que se refiere a desarrollo económico, humano y social (Colombia es catalogado como un país de renta media). En este grupo se encuentran las Islas Maldivas, Samoa, Seychelles, y las Islas Mauricio, entre otras. Lo peculiar del caso es que siendo pequeñas (física y políticamente) y de bajos recursos, han logrado politizar para su beneficio su condición de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Desde la promulgación de la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCC, de la cual se desprende el protocolo de Kyoto) en 1992, las SIDS han logrado reconocimiento como stake–holders en el tema. Y más allá del valor simbólico que esto representa, debido a su status de vulnerabilidad, las SIDS han convocado tres conferencias mundiales sobre desarrollo sostenible y han recibido apoyo técnico y financiero privilegiado de parte de Naciones Unidas y la OECD para desarrollar proyectos que fortalezcan su capacidad de reacción y su sostenibilidad económica, e inclusive física, ante los fenómenos naturales relacionados con el cambio climático.

Dado el regreso de la “ola invernal” (que si nos basáramos sólo en el cubrimiento mediático, se parecería más a Voldemort que a un fenómeno natural), cabe preguntarse si no es hora de ponerle más atención al tema del cambio climático en el diseño de la política multilateral colombiana (¿y por qué no interna?). Usemos nuestra vulnerabilidad ambiental y económica no sólo para levantar recursos en Colombia Humanitaria (bonito y todo, pero políticamente inocuo) sino, siguiendo el ejemplo de las SIDS, para convertirnos en abanderados de las discusiones mundiales sobre cambio climático, aumentar la recepción (y sostenibilidad) de los recursos de cooperación internacional y, de paso, mejorar nuestra capacidad de reacción y adaptación al próximo «embate» de la naturaleza.

Catalina Arreaza es la coordinadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI) del Departamento de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

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