Editorial

Los pasados 20 y 21 de octubre tuvo lugar la quinta edición de la Cátedra Franco-Andina de Ciencia Política, creada en el 2005 a partir de una iniciativa compartida entre la Secretaria General de la Comunidad Andina, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y el Instituto de Estudios Políticos de París.

Organizado conjuntamente por nuestro Departamento y el Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, con el respaldo de la Embajada de Francia en Colombia, la Cooperación Regional Francesa para los Países Andinos y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), este encuentro convocó a investigadores de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Francia alrededor de una propuesta de reflexión titulada «Reformas constitucionales y cambios socio-políticos en el área andina. 1990-2010: una mirada crítica».

La cercanía del vigésimo aniversario de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Carta Magna de 1991, da motivo para interesarse no sólo en lo que ésta significó en cuanto al diseño institucional y societal de Colombia y su (buen o no tan buen) funcionamiento, sino también en la forma como ha sido objeto de modificación, desviación o adaptación, procesos a veces calificados de «contrarreforma».

Por otra parte, el carácter central de las constituciones para conducir proyectos políticos, destinos de las sociedades y esfuerzos de definición nacional, lejos de limitarse al caso de Colombia, marca igualmente la historia política reciente de sus vecinos andinos. Sabemos cómo Ecuador pasó por la elaboración de dos proyectos constitucionales en apenas diez años, con la ratificación de la Constitución de 2008, promovida por el presidente Correa, para remplazar la aún joven Constitución de 1998. Asimismo, después de las reformas de 1994, en la Bolivia de Evo Morales, y como resultado de una larga y conflictiva labor constituyente, finalmente se adoptó una nueva Constitución desde el año pasado.

En paralelo es de destacar, en los procedimientos que apuntan a la aprobación de cambios constitucionales, la preocupación de los mandatarios por velar por una renovación —refundación— nacional. Y en ello, ni el Perú de Fujimori y post-Fujimori, ni la Republica Bolivariana de Venezuela son excepción.

Con base en estos fenómenos, ¿qué lecturas hacer de la referencia a la Constitución para orientar las reglas del juego nacional? ¿Cómo evolucionan las prácticas —políticas, electorales, sociales y culturales—, que acompañan los procesos o intentos de reforma constitucional? ¿Cómo, a su vez, transformaciones en las relaciones de poder inciden en la voluntad de respaldarse en cambios constitucionales? ¿Hasta qué punto los renuevos operados traen los resultados anhelados por el poder constituyente? O por el contrario, ¿cómo a veces quedan como letra muerta? ¿Por qué otorgar tanta importancia a la reforma constitucional, a pesar de que no siempre se acata la ley y la Constitución? Éstas son algunas de las preguntas que, con base en las experiencias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se propuso abordar durante el encuentro.

De las discusiones sobresalió una serie de temas centrales para acercarse a dichas preguntas: la correspondencia entre constitucionalismo y fortalecimiento democrático y la preocupación por instaurar mecanismos de participación ciudadana; el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la ampliación de las Cartas de derechos; el papel de las Cortes frente a las demás ramas del poder público y la tendencia a una judicialización de la política; la articulación entre normatividad nacional e internacional; así como las interrelaciones entre Estado, instituciones y movilización social en los procesos de reforma constitucional, sus implicaciones y efectos; de manera más general, la eficiencia —simbólica o material— de las Constituciones adoptadas en Latinoamérica en los últimos años.

Sobre esto dos aspectos merecen ser subrayados. En primer lugar, es de destacar la experiencia relativamente «pionera» de Colombia entre los países andinos y la forma como, desde hace veinte años, la Constitución de 1991, los alcances y límites de su aplicación, los efectos —esperados e inesperados— de su puesta en práctica son objeto de numerosos estudios. Por otra parte —y éste es un punto que, ante la poca asistencia estudiantil en el evento, quisiera señalar con especial énfasis—, de ninguna manera el análisis de la Carta Magna es solamente asunto de constitucionalistas. Muy por el contrario, se confirmó en estos dos días, la riqueza —y necesidad— de miradas cruzadas, multi y transdisciplinarias, para aproximarse a esta dimensión de las realidades políticas y sociales de los países de la región. ¡Un elemento más, que las futuras politólogas uniandinas y los futuros politólogos uniandinos deben tener en cuenta!

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