Editorial

“Si se acaban los desplazados […] los científicos sociales podrán dedicarse a otra cosa. Todos esos expertos lo han hecho bien, sin duda, pero han hecho tantas veces lo mismo que […] ya está bueno”, escribía un columnista en El Tiempo hace unos meses, indignado por el supuesto gran negocio que tienen las ONG, la academia, etc., alrededor de este tema. “Que el gobierno de turno o los gobiernos amigos o las ONG apliquen todas esas sugerencias […] y que se comiencen a mover los millones en donde toca”.

Dejando a un lado las deficiencias del argumento, el columnista toca tangencialmente un tema que no es ajeno a quienes investigamos temas relacionados con poblaciones vulnerables. ¿Qué gana la joven ex combatiente con que uno denuncie en la tesis que la «atención psicosocial» es insuficiente para tratar sus trastornos de estrés postraumático? ¿Qué pasa con el señor desplazado que contesta la encuesta cuyos datos —ojalá— le abrirán a uno las puertas de una universidad en Estados Unidos o de una organización internacional?

No son preguntas fáciles, pero cuando se está haciendo trabajo de campo son inevitables y, sobre todo, frustrantes y atormentadoras. Pero la cuestión tampoco se resuelve descartando de plano la idea de hablar con las personas que viven en carne propia las realidades que estudiamos como politólogos o científicos sociales. Porque si el asunto fuera tan fácil como aplicar soluciones técnicas preexistentes o seguir al pie de la letra los “principios rectores” de alguna comisión internacional, sería innecesario hacernos todas estas preguntas porque simplemente no habría nada que investigar.

Siempre hay excepciones —muy respetables y generalmente por buenas razones— pero usualmente la gente recibe bien a quienes se interesan genuinamente por su situación y demuestran un compromiso auténtico por contribuir a mejorarla. Por supuesto, no es tan agradable que llegue gente a compadecerse de ellos, recoger datos, tomarles fotos y devolverse por donde llegaron. Pero si quienes llegan las tratan como personas pensantes, actuantes y humanamente iguales, les explican claramente los propósitos y alcances de la investigación, y están dispuestos(as) a acordar los procedimientos del desarrollo de la misma, es muy posible que las personas en cuestión estén dispuestas a participar. Y que dicha participación resulte, de una u otra forma, también beneficiosa para ellas.

Claro, esto depende de mucho más: del diseño de la investigación, de la manera en que se contacte a las personas, de las precauciones de seguridad que se tomen (para uno y para los demás), de la capacidad que se tenga para generar confianza, del manejo que se le dé a cualquier eventualidad y de los compromisos que se asuman (por ejemplo, compartir con la gente los resultados y buscar que éstos influyan en la formulación de políticas), entre muchos otros factores.

Hay cuestiones que siempre son problemáticas, como las inevitables asimetrías entre investigador(a) e investigado(a), y si no es posible eliminarlas el reto es encontrar la manera de paliarlas de forma ética. En cualquier caso, dejar de investigar, de visibilizar realidades ocultas y de tratar de influir en el tratamiento institucional de estas problemáticas cuando se tiene la vocación, las posibilidades y el privilegio de hacerlo tampoco es una opción muy admirable moralmente. Porque no, no “está bueno”, seguramente nunca lo estará, y sí hay muchas cosas por investigar y por hacer.

Sobre las cuestiones éticas en la investigación de campo, vale la pena mirar este libro.

PD: El texto del proyecto de ley de víctimas que radicó el gobierno es un buen ejemplo de lo limitada que sigue siendo la comprensión sobre las realidades de esta población en Colombia. El parágrafo segundo del artículo 21 dispone que no se reconocerá como víctimas a quienes hayan pertenecido a grupos armados ilegales ni a los familiares de éstos. Por las complejas dinámicas del conflicto, gran parte de las víctimas en Colombia tienen parientes que han pertenecido a grupos armados. ¿Por qué debe pagar una víctima por la experiencia en el conflicto de sus familiares, especialmente si se tiene en cuenta que con frecuencia se trata de casos de reclutamiento forzoso?

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