Editorial

Quién hubiera creído que el tema que apenas semanas atrás fue un duro y polémico obstáculo en las relaciones con muchos países de la región, por cuenta de un fallo —que no declaró ajustado ni violatorio de la Constitución el acuerdo sobre las bases militares con Estados Unidos— es hoy, por rebote, el mejor as de la administración que empieza, en su propósito de enderezar las cosas, especialmente con los vecinos que no se destacan especialmente por sus sentimientos pronorteamericanos.

El asunto deja varias enseñanzas, preguntas y reflexiones. En primer lugar, un fallo en los términos que se dio habría sido impensable en un contexto diferente de poder. En ese sentido, el tribunal constitucional no sólo basaría su decisión en elementos jurídicos sino que no desconoce la realidad política. No en vano su función es alrededor del instrumento político por excelencia. Pero lo que sí pone en claro el fallo que dejó sin efectos el “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, suscrito el 30 de octubre pasado entre el gobierno colombiano y EE. UU., es que no se trataba de un mero adendo a la larga lista de acuerdos de cooperación que involucran el campo militar entre ambos países. La enseñanza ahí es que tratándose de materias tan hondas es precisa la mayor formalidad e institucionalización —mismas que no fueron propiamente la impronta del anterior gobierno— y que el escenario natural para ese debate es el Congreso.

Con este fallo la Corte abrió el camino a un amplio abanico de posibilidades, incluyendo las más delirantes que sienten remozados sus ánimos de ver respondiendo penal y disciplinariamente a los responsables, incluyendo al propio ex presidente Uribe, por presuntos actos de traición a la patria, hasta otras que es imposible no tomarse más en serio.

Un país puede decidir si acepta acuerdos que no sean equitativos o recíprocos. ¿Se imagina algún cuerdo, ver ingresar a miembros de nuestras fuerzas armadas, o contratistas a su servicio, pongamos por caso, a una instalación naval o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o que esos mismos pudieran estar amparados por inmunidad de características de diplomático si llegaran a violar las leyes de EE. UU.? Parece que ni el pretendido acuerdo complementario, ni las diversas disposiciones reseñadas en el preámbulo del mismo, permiten comprometer la responsabilidad del Estado colombiano sin mediar una ley que faculte de esa manera al gobierno nacional ¿Qué sentido tenía entonces embarcarse en un acuerdo que en la práctica terminó siendo tan negativo en términos de conveniencia nacional, por lo menos a la luz del efecto que tuvo entre nuestros vecinos más próximos, para no mencionar los resbalosos temas de soberanía nacional?

Un asunto para nada menor es que si el Gobierno decidiera enviar el texto del acuerdo para su trámite en el Congreso, tras una previsible aprobación, ese acto legislativo tendría que someterse a control de constitucionalidad, con lo cual la Corte deberá pronunciarse, ahí sí también de fondo, sobre si ese tipo de acuerdos que permiten la presencia de tropas extranjeras es conforme a la Constitución. Esa puerta la dejó abierta el fallo del pasado 19 de agosto y desde allí virtualmente el camino para que por la vía de nuevas demandas este Tribunal avoque el conocimiento de otros acuerdos de naturaleza similar que hasta ahora transitaron aguas tranquilas.

La otra cara de la moneda es la reacción de los Estados Unidos que de momento se ha declarado a la espera de que el Gobierno colombiano destape sus cartas acerca de cómo responderá al fallo, más allá de la obvia expresión pública de acatamiento a la decisión de la Corte. No parece sensato esperar que Estados Unidos vaya a quedarse cruzado de brazos frente a una postura que, algunos consideran, sería la aconsejable de asumir por la administración Santos, en el sentido de no hacer nada y más bien pasar de agache frente a un impasse que no puede serle atribuido y que de paso mejora su situación regional. No es sensato porque EE. UU. con seguridad espera más de su principal aliado regional después de que los vientos de Manta ya no son apacibles a sus naves.

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