Editorial

Recordé la anterior frase, a propósito del absurdo atentado perpetrado con un carro bomba por el ELN, el pasado 17 de enero, en la Escuela de Policía General Santander, en el que murieron 21 jóvenes, cuyas cegadas vidas y sueños apenas empezaban a florecer profesionalmente. Dicha frase forma parte de una carta pública que un conjunto de académicos, intelectuales, periodistas y artistas, “demócratas convencidos”, y contrarios al uso de la violencia, como se identificaban, con razón, a sí mismos, le envió, a finales de noviembre de 1992, a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la cual formaban parte, entre otros grupos armados, las FARC y el ELN.

La lucha armada no ha propiciado en Colombia la justicia social, argumentaba la carta, y en cambio sí ha generado “toda clase de extremismos, como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común y los excesos de la fuerza pública que condenamos con igual energía” (El Tiempo, 22 de noviembre de 1992). Y en efecto, la acción de la izquierda armada ha producido en el país un proceso de extrema derechización política, no sólo porque aquella no ha sabido leer el momento histórico-político sino también porque, como han sostenido varios enfoques de teoría social, las acciones intencionales de los actores producen efectos no intencionales. Menos mal que las FARC lograron comprender, aunque tarde, dicha falta de olfato político, que las llevo a convertirse en partido intentar una reforma estructural de la sociedad por la vía democrática.

Pero el diagnóstico de los intelectuales de aquel entonces, sigue vigente respecto del ELN. Su lucha armada y su actitud ambigua frente a la paz, han perdido vigencia histórica. La sociedad civil actual, que el ELN invoca y pretende representar e incluir en los diálogos de paz, es ahora mucha más diversa y plural en sus dimensiones étnica, cultural, ideológica sexual, religiosa y política que la de la sociedad colombiana de los años sesenta y setenta del siglo XX, cuando dicho grupo guerrillero estaba surgiendo. La mezcla de maoísmo y teología de la liberación del ELN ya no interpela ni a una sociedad mucho más compleja y diversificada ni a una nueva izquierda, cuyos referentes ideológicos y simbólicos, están más del lado de la posmodernidad contestataria que de la modernidad marxista. En una sociedad y un mundo que valoran, cada vez, más el medio ambiente, nuestra “casa común”, y condenan las acciones que contribuyen a su deterioro, el ELN insiste en volar los oleoductos y producir derrames indiscriminados de petróleo, que dañan irremediablemente el ecosistema y disminuyen la riqueza nacional.

En este contexto, revindicar el atentado a la Escuela de Policía, institución de educación superior, como un “objetivo militar legítimo de guerra”, como lo hizo el ELN, no solo es una muestra de miopía política, sino de torpeza argumentativa y, si se quiere, de falta de ética revolucionaria, pues los estudiantes que murieron, lejos de considerarse como representantes del poder o de un régimen “capitalista y opresor y corrupto”, eran, ante todo, jóvenes de clase media y baja que tenían en mente formarse para ejercer una profesión y obtener de ella un ingreso, que les permitiera vivir dignamente o, como algunos de ellos lo expresaron, acceder a las condiciones que les permitieran convertirse en grandes deportistas. Así, pues, el ELN, como lo señalaban los autores de la carta de 1992, está en mora de rectificar radicalmente y de buscar formas de acción política “nuevas y más novedosas (. . .) acordes con las realidades del mundo actual”.

Pero al otro lado del espectro ideológico, señores de la oscura y extrema derecha, también su guerra no sólo ha perdido vigencia histórica sino que ha llegado a un grado de degradación inaceptable. 426 líderes sociales y reclamantes de tierras asesinados en dos años, testimonian de la reactivación de la vieja guerra sucia que ha sido una de las formas de expresión del conflicto político y social colombiano. Por ello, celebro que la marcha de la ciudadanía, en protesta por el asesinato de los jóvenes cadetes, el pasado 20 de enero, haya sido también una protesta por los asesinatos de los líderes sociales.

La paz lograda desde 1991 con varios grupos armados y ahora con las FARC, ha permitido, por fin, la lenta emergencia de una sociedad civil que reclama su autonomía y su derecho a la organización y la protesta porque antes era usada como mampara por los distintos actores del conflicto armado. Pero esa autonomía se ve a ahora amenazada y eliminada puesto que la reactivación de la sociedad civil y de los movimientos sociales se ha dado, no exclusivamente, pero sí principalmente, en relación con el problema de la distribución de la tierra. El asesinato de líderes sociales como, finalmente, ha tenido que reconocer el Gobierno, obedece a una lógica sistemática, la cual expresa la continuación, bajo nuevas formas, y tal vez, en una escala menor, del conflicto que se intentó resolver con el acuerdo de paz con las FARC: un conflicto que se origina en la concentración de la tierra, en la baja productividad de la pequeña producción familiar campesina, y en su defensa frente a la ganadería extensiva y la agroindustria. Si la derecha desea un desarrollo capitalista estable y viable, sólo lo será si se cierran las diversas brechas entre la Colombia Urbana y la Colombia rural.

En últimas, el conflicto colombiano es un conflicto de alta complejidad, en sus múltiples dimensiones y causas, que no se agota en la negociación con un solo actor armado. Hablar de “posconflicto” sólo contribuye a obscurecer dicha complejidad. Se requiere de una negociación más amplia donde sean reconocidas las diversas causas por los diversos autores, de derecha, de izquierda, y de la criminalidad común, implicados en él. Se requieren, así mismo, más acciones y manifestaciones de la sociedad civil, a fin de rodear la paz y hacer posible el acercamiento y el acuerdo entre los diversos actores, para lograr una paz que, en últimas, es justicia con desarrollo e integración social.