Editorial

‘Guachos’ no entierran todos los días, líderes sociales sí

La noticia de que Walter Arizala alias ‘Guacho’ habría resultado gravemente herido como resultado de una operación militar del ejército colombiano, en el marco de una persecución que en los últimos tres meses han intensificado las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas, representa un hecho central en los esfuerzos nacionales en la lucha contra la criminalidad organizada. Su importancia es doble. Por un lado, significa un golpe táctico militar contra disidencias de las FARC que operan en la convulsionada región comprendida en la frontera entre Colombia y Ecuador, y el departamento de Nariño en particular. Este suceso llevará a una revisión de los eventuales remplazos de Guacho, al reacomodamiento de la estructura criminal a la que pertenecía, y a disputas por el poder con los otros grupos ilegales que se ubican en el territorio.  La población civil seguramente se verá afectada por la espiral de violencia que se avecina. Como lo destaca un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), estas disidencias actúan como ‘saboteadores armados’ con capacidad para desestabilizar la seguridad en ámbitos rurales y urbanos, entorpecer la implementación del Acuerdo y robustecer el funcionamiento de economías ilícitas, por tanto, detener su avance y golpear su estructura resulta positivo, siempre que el Estado logre traducirlo en presencia y control de estos territorios.

Adicionalmente, la disidencia liderada por ‘Guacho’ tiene comprobados vínculos con carteles dedicados al narcotráfico, por lo que su disputa por el territorio obedece también a una necesidad de control de las rutas de comercialización hacia Centroamérica principalmente. Sin embargo, el éxito militar debe ser llevado a su debida proporción. Calificar, como algunos lo han hecho, el operativo como si fuera un ‘golpe a las estructuras escondidas de las FARC’, es poco riguroso, alarmista y falso.  A la fecha, no contamos con información oficial unificada, verificable y contrastable sobre la magnitud de los grupos disidentes de las FARC.  Las cifras no coinciden: mientras el Ministerio de Defensa reportaba cerca de 1.100 disidentes, organizaciones como la FIP hablaba de por lo menos 1.200.  Estas cifras, a su vez, difieren del porcentaje aproximado de miembros del grupo armado que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en Bogotá (el cual, dicho sea de paso, es muy cercano a los estimados considerados como ‘normales’ tras los procesos de desmovilización de grupos armados: un 10% del total): una cifra cercana a los 1.500 guerrilleros.

El éxito del golpe contra Guacho consiste en la posibilidad que ofrece para desarticular la estructura criminal, así como la oportunidad de que el Estado haga presencia en el territorio, atienda a las comunidades que allí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y ponga en marcha el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.  El éxito duradero no puede ni debe seguirse midiendo en ‘bajas’.

Es también una oportunidad para la constatar la predicada ‘centralidad de las víctimas’ en el posconflicto en Colombia. Ante la noticia de los avances en la persecución a ‘Guacho,’ un sector de la opinión pública se apresuró a sugerir que algunos lo reportarían como “un líder social asesinado”. La insinuación es, como mínimo, cruel y muy grave.  Decir que los líderes sociales asesinados son miembros o colaboradores de las FARC o de los grupos armados ilegales conformados por las disidencias, desconoce el contexto regional, la vulneración de los derechos humanos de las comunidades ubicadas en Tumaco, y la ocurrencia de un fenómeno sistemático de violencia armada homicida contra líderes sociales en todo el país. La insinuación, deliberadamente, los pone en un riesgo aún mayor al que ya corren.

Reconocer el lugar central de las víctimas en nuestro proceso de posconflicto pasa por ubicarlas -como se ha hecho durante la última década- en el centro del discurso.  Pero debe también incluir muchas otras acciones, como garantizar sus derechos a la seguridad personal y familiar, a la protesta social y a la oposición, a la vida y a la integridad. Estas garantías deben darse en el marco de acciones coherentes del Estado encaminadas a denunciar imaginarios y afirmaciones que fungen como señalamientos sin fundamento.  Los derechos humanos y los derechos de las víctimas son un compromiso de los gobiernos y sociedades democráticas, y su defensa implica la protección del más vulnerable como una cuestión ética fundamental.  A las víctimas hay que garantizarles capacidad y posibilidad de referirse a sus propias necesidades a través de sus líderes. La centralidad de las víctimas exige ubicarlas en el centro del debate público, y que se les garantice usar su voz para denunciar y tomar posición.

Este es un llamado a que se respete la vida e integridad de los líderes sociales en todo el país. Que se respete su honra y su buen nombre sin sugerencias acusatorias que los ponen en riesgo. Que se reconozca que son diferentes de los criminales, que son víctimas de ellos, que ‘Guachos’ no enterramos todos los días, pero líderes sociales, sí.