Editorial

Vivir juntos, en paz – segunda parte

Hace algunas semanas, dentro de este mismo espacio, hacía énfasis en lo importante que resulta el diálogo para aprender a “vivir juntos, en paz” –y destacaba lo estimulante de la experiencia Colombiana al respecto (ver editorial De Política n° 200*). Entre tanto, el 24 de agosto, se llegó a un acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC, desde la mesa de sus negociaciones en La Habana. Éste invita incontestablemente a proseguir la reflexión sobre cómo pensar puntos de equilibrio entre las diferencias: las que revelaron años de guerra bajo el argumento de valores enfrentados, las que se reflejan a través de la diversidad nacional.

Del Acuerdo Final llama la atención la forma como los grandes capítulos que registra van acompañados de consideraciones que, expresadas desde el preámbulo y a manera de introducciones, insisten en dos aspectos fundamentales: uno, no discriminación negativa alguna dentro de la sociedad Colombiana; y dos, fortalecimiento democrático fundado en una concepción que, sin dejarlo de lado, rebasa el mero ámbito electoral.

De hecho, la lista es larga, de los sectores de población a los que el Acuerdo Final quiere prestar especial atención: porque fueron afectados por el conflicto armado, porque sufren mayores riesgos de marginalización, y porque el tenerlos en cuenta es parte del proceso hacia la paz. Desde sus primeros renglones, el texto alude a las mujeres y a la necesidad de contemplar el enfoque de género. También incluye referencias explícitas a un sinnúmero de “grupos sociales vulnerables” –como los grupos étnicamente diferenciados, lo/as campesino/as, discapacitado/as, desplazado/as, adulto/as mayores y la población LGBTI. Finalmente, cuenta con un Capítulo Étnico –el cual fue ratificado conjuntamente por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC, así como por representantes de organizaciones sociales, comunidades y autoridades indígenas y afrocolombianas, el pasado 7 de septiembre, desde el llamado Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María-Piendamó, en el Cauca.

Paralelamente –dice el Acuerdo– “[p]ara consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo (…)”, y “[l]a democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política”. Estas aspiraciones serán de concretar, por un lado, a través de la vía de las elecciones –para la cual una Misión Electoral Especial tendrá próximamente a su cargo la responsabilidad de brindar recomendaciones en pro de mecanismos conformes al doble reto de adecuarse a escenarios de post-conflicto armado y a la heterogeneidad de la nación. Pero por otro lado, se trata igualmente de velar por “el fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social”. En este sentido, se amplía significativamente el entendimiento de la acción política –y con ello nuestro compromiso para estudiarla, por ejemplo desde la ciencia política.

Sin duda, son muchas las preguntas que quedan abiertas sobre el cómo traducir estos objetivos en realidades. Surgirán dificultades –probablemente seguirán presiones, amenazas y desafortunadamente también muertes. No obstante, el camino trazado con el Acuerdo Final de La Habana representa probablemente la mayor esperanza para proponerse la construcción de una paz “estable y duradera”. Con esta convicción, me emociona la idea de que, haciendo uso de mi recién adquirida cédula de ciudadanía, el próximo 2 de octubre mi primer voto en Colombia irá por un “SI”: a favor de esta apuesta por obrar para “vivir juntos, en paz”, para la Colombia de los próximos años.

*https://appsciso.uniandes.edu.co/cpol/dp/home.php?numero=200&ac=inic