Editorial

En Colombia no existe ninguna ley que prohíba la adopción por parejas del mismo sexo, pero tampoco hay ningún recurso legal que la proteja. Por ese vacío jurídico, los funcionarios del ICBF pueden imponer su ideología social para impedir que los niños y las niñas sean adoptados por familias homoparentales, o que una persona adopte los hijos de su pareja si esta es de su mismo sexo.

La Corte Constitucional tenía que fallar al respecto en marzo. En agosto dijo que se tomaba un par de meses más. Nada que falla. El caso es la tutela de una mujer que quiso compartir la custodia de su hija con su pareja, con quien había formalizado una unión marital en Alemania. La adopción fue rechazada por funcionarios del ICBF, quienes argumentaron que la ley colombiana prohibía la adopción para las parejas del mismo sexo, y, después de dos fallos a favor de las mujeres, la cosa terminó en la Corte.

La Corte Constitucional debe proteger la adopción de estas mujeres, y de todas las familias homoparentales que cumplan con los requisitos para darle un buen hogar a sus hijos. Esto a mí me parece evidente, no solo por ser yo gay y querer ser padre eventualmente, sino porque en el año 2011 y bajo la Constitución de 1991 no debería estarse discutiendo derechos tan evidentes y fundamentales como conformar una familia.

Pero ya que esto está sobre la mesa, hablemos de algunas razones, entre muchas, por las que la Corte debe fallar a favor de las dos mujeres. Primero, no otorgarles la adopción atenta contra el derecho de los niños a tener una familia. En familias homoparentales en los que solo uno de los padres tiene custodia, los hijos corren un riesgo irracional de perder su núcleo familiar. En caso de que muera el padre o madre legal, el otro padre no tendrá protección para conservar a sus hijos. Esos niños estarán en un riesgo inminente de perder también a quien ha actuado como su padre por no tener vínculos legales, y por tanto podrían perder todo el espacio familiar en el que están creciendo.

Segundo, no otorgarles la adopción cae en discriminación por orientación sexual. Hay numerosos estudios que muestran que los niños crecen en iguales condiciones de desarrollo intelectual, social, y afectivo cuando son criados por familias homoparentales. Si ambos tipos de familias tienen igual capacidad de brindar un crecimiento adecuado a los niños, desproteger a las familias homoparentales equivale a mantener una discriminación insensata. Tercero, no otorgarles la adopción cae en discriminación de género. La mujer no puede adoptar los hijos de su compañera, por ser mujer y en vez de hombre. El género es la razón por la que no se le permite la adopción: a pesar de que las dos mujeres cumplen con todos los requisitos para brindar un espacio familiar óptimo, es su condición de mujer la que impide en este caso compartir la custodia sobre la hija de la otra mujer.

La Corte debe fallar a favor de las mujeres, y proteger el derecho de los niños a tener y conservar una familia, y el de todas las familias homoparentales a no ser discriminadas en los procesos de adopción. No hacerlo atenta contra la igualdad de género ante la ley y la no discriminación por orientación sexual, y maltrata el derecho de los niños, mientras que no protege ningún valor racional de la sociedad. Los niños crecerán bien, en hogares llenos de amor y respeto, y enseñarán a todos los demás niños que la discriminación de la generación anterior no tiene por qué ser reproducida por la suya.

* Profesor en desarrollo docente de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y candidato a doctor en Relaciones Internacionales en American University.

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