Editorial

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Ni un niño o niña más en las filas: el reclutamiento ilícito en Colombia

Todos los 12 de febrero se conmemora el Día mundial de la Mano Roja, que busca detener el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. La selección del día no fue gratuita, ya que hace trece años entró en vigencia el “Protocolo relativo a la participación de niños y niñas en los conflictos armados” de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención establece el mandato de observar a toda persona menor de 18 años como un sujeto de derechos y protegerla integralmente. El Protocolo, por su parte, prohíbe el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes tanto por fuerzas estatales como por grupos armados; en paralelo, demanda a los Estados parte tomar todas las medidas necesarias para la prevención de su vinculación en los conflictos armados, al igual que la liberación de quienes ya han sido reclutados y su promisoria reintegración a la vida civil y al goce efectivo de sus derechos.

En el mundo, son aproximadamente 300.000 niños y niñas que han sido envueltos por los armados, bajo sus lógicas, intereses ilícitos y prácticas violentas, perpetradoras de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Colombia, desafortunadamente, hace parte de los 17 países que aportan a la citada cifra con niños, en su mayoría de zonas rurales y marginales. Y, continuará siendo parte advirtiendo los anuncios realizados en La Habana por las FARC.

El reclutamiento ilícito es una práctica naturalizada en el medio del prolongado y degradado conflicto armado colombiano. No en vano, la relevancia del día de la Mano Roja para nuestro país. Este día recuerda la tragedia que viven muchos niños y llama la atención del Estado, la sociedad y la familia para avanzar en el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los daños ocasionados al no protegerlos.

Tan sólo en 1997, la Ley 418 reconoció como víctimas de la violencia política a menores de 18 años vinculados a los grupos armados. Esta norma demandó el diseño e implementación tanto de estrategias de atención como de prevención.

En 1999, se creó el programa de Atención Especializada del ICBF, fruto del mandato normativo. Los primeros niños y niñas atendidos provenían de las FARC; en particular, hacían parte de la columna móvil Arturo Ruíz, que había emprendido marcha desde el sur del país para disputarle a los grupos paramilitares la región del Catatumbo. En el marco de los operativos militares, el Ejército observó que niños y niñas eran utilizados como escudos y “carne de cañón” por el grupo insurgente.

Desde 1999 a 31 de enero de 2015, el ICBF ha atendido a 5.708 niños, niñas y adolescentes. A ellos, la Comisión Intersectorial –creada por el Decreto 4690 de 2007 y modificada por el 0552 de 2012– les ha preguntado si existían otros menores de edad en las filas y su respuesta siempre ha sido afirmativa. Es de anotar que no todos reclutados que salen de los grupos armados son atendidos institucionalmente. Muchos, por temor, prefieren llevar un proceso autónomo de reintegración a la vida civil. Lo anterior invita a pensar en la magnitud del fenómeno del reclutamiento ilícito en el país y los retos en aras de una paz estable y duradera.

En las estadísticas oficiales de niños desvinculados del conflicto armado, llaman la atención cuatro datos. El primero, relata cómo a medida que pasan los años, la edad de reclutamiento es menor y tiene cierta correlación con los éxitos cuantitativos de las estrategias oficiales de desmovilización de adultos. El ICBF ha atendido casos de niños de siete años. Si bien, éstos no son la mayoría, nos alerta sobre lo degradado del conflicto armado colombiano; al igual que las graves violaciones perpetradas contra los derechos de esta población y la prevalencia de crímenes de guerra.

El segundo, se observa una tendencia en aumento del reclutamiento de niños de pertenencia étnica[1]. Fenómeno que no sólo vulnera derechos individuales sino también colectivos, sin contar, además, cómo en muchos casos coloca en riesgo la diversidad étnico-cultural de la Nación[2]. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación advirtió, en 2010, que existen pueblos como Hitnü en riesgo de desaparecer física y culturalmente.

El tercero, el principal grupo reclutador son las FARC con el 61% de los mismos en el histórico nacional, aunque en muchos departamentos es responsable de más del 75% de los casos. El cuarto, el 37% de los reclutamientos se perpetró a la edad de 17 años.

Las FARC emitió, el pasado 12 de febrero, un comunicado a través del cual anunciaron su compromiso de no reclutar por debajo de los 17 años. Anuncio que fue recibido con un gesto para des-escalar el conflicto. Sin duda, que recluten a partir de 17 y no de 7 años puede resultar esperanzador.

No obstante, hay que llamar la atención sobre una serie de aspectos. El primero, tanto al Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo como en la legislación interna se prohíbe el reclutamiento por debajo de los 18 años. Se trata de un delito penal, una de las peores formas de trabajo infantil –de acuerdo con el convenio 182 de la OIT–, y una grave vulneración a los derechos del niño de acuerdo con la Ley 1098 de 2006.

Segundo, las FARC, décadas atrás, se habían comprometido con la delegada del Secretario General de la ONU, a no reclutar por debajo de 15 años respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario. Promesa notoriamente incumplida, que señala la comisión de un crimen de guerra.

Tercero, en el comunicado se advierte un discurso que justifica el reclutamiento a partir de los 15, verbi gracia las “batidas ilegales” realizadas el Ejército. Si bien se tienen denuncias de esta práctica institucional, no así de un reclutamiento de menores de edad para prestar servicio militar. Adicionalmente, el comunicado oculta el hecho de que el reclutamiento por debajo de 15 ha sido una práctica sistemática de las FARC y un porcentaje significativo de reclutamientos entre 17 y 18 años, como lo indican las estadísticas del ICBF.

Cuarto, no basta un compromiso en pro de parar el reclutamiento de niños y niñas. Es necesario avanzar en detener y erradicar su vinculación y utilización de diversas formas en la guerra. De igual manera, garantizar una apuesta decidida por la liberación de todos y cada uno de los niños vinculados a las FARC. Sería imperdonable repetir errores de pasadas negociaciones en las que los niños y niñas reclutados por los grupos paramilitares salieron por la puerta de atrás y eran atrapados por otros actores generadores de violencia.

Ante una eventual firma entre el gobierno Nacional y las FARC para salir del conflicto, es condición sine qua non la liberación total, formal y controlada de los niños. Así mismo, el reconocimiento de esta práctica por parte de la comandancia como aporte al derecho a la verdad de las víctimas, a la contribución de la memoria histórica y a las garantías de no repetición de los hechos.

El objetivo es trazar un camino, que asegure el restablecimiento y la reparación integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento ilícito; así mismo, un proceso pertinente, asertivo, diferenciado e integral de reintegración e inclusión social. La invitación, entonces, motiva a demandar tal escenario en el marco de las negociaciones de La Habana si se quiere contar con bases sólidas para la construcción de una paz promisoria. Como lo señaló en su mensaje el premio Nobel para la Paz, el pakistaní Kailash Satyarthi, debemos proteger a niños y niñas, permitirles que sueñen y garantizarles un futuro alterno a la guerra. Esa es una tarea de todos.

Ver:

Mensaje Premio Nobel de Paz 12 febrero
Voces de niñas y niños por la paz

* Antropóloga, magíster en Estudios Político y candidata al doctorado en Estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia.

[1] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 2013. Observar para proteger: enfoques alternativos para valorar la dinámica del riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por los GAOML en Colombia. Bogotá, Colombia: ICBF-DPS, OIM y UNICEF.

[2] La Constitución Política de 1991, su artículo octavo demanda del Estado garantizar tal diversidad.