Editorial

En un artículo que presentamos recientemente en la Asociación Estadounidense de Ciencia Política (APSA), nos interesamos en comprender mejor un hecho innegable: las clases bajas y los grupos marginados en todo el mundo han sufrido de manera desproporcionada el impacto de la pandemia del COVID-19 y, a menudo, se han beneficiado menos de las políticas sociales destinadas a aliviar esta carga. En nuestro artículo, por lo tanto, nos preguntamos: ¿Cuáles son los determinantes políticos de esta desigualdad?

Como respuesta proponemos que el carácter oligárquico de varios países del mundo ha sido el factor determinante común para la configuración de las respuestas al COVID-19. Argumentamos que los intereses oligárquicos definieron la puesta en marcha de los sistemas de salud de una manera que agobiaba desproporcionadamente a las clases bajas y a los grupos marginados; y dieron forma a las políticas aplicadas por los gobiernos durante la crisis del COVID-19 para minimizar los efectos nocivos de la pandemia para las oligarquías, al tiempo que socavaba los esfuerzos por proteger la vida humana.

Para demostrar este argumento, nuestro artículo se centró en la respuesta a la pandemia del estado canadiense, que a menudo se ha presentado como un modelo de virtud democrática liberal. Si bien es cierto que Canadá ha invertido mucho dinero en la expansión de su infraestructura social después de la pandemia, la contención del COVID-19 se ha producido de una manera que ha protegido en gran medida los intereses de los oligarcas del capital, incluso a expensas de la vida humana. Este no es simplemente un problema de un partido o líder más o menos incompetente, sino que, a pesar de las variaciones subnacionales, se extiende a los partidos en el poder sin importar su afiliación ideológica, contexto y lugar. Específicamente, argumentamos que en Canadá no se tomaron pasos cruciales para reformar la política de licencia remunerada por enfermedad, y el sistema de atención de largo plazo (en la primera ola de la pandemia el 80% de las muertes ocurrieron en las residencias para adultos mayores), porque significaba fortalecer el poder de los trabajadores, y debilitar o incluso eliminar los incentivos a las ganancias y aumentar el gasto público a largo plazo.

Los Pandora Papers proporcionan evidencia innegable sobre la forma como las élites oligárquicas despliegan su poder económico y político para maximizar sus propios beneficios a expensas del bien público. El viernes pasado, en respuesta a las revelaciones de los Papers, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), anunció que 136 países han acordado reformas tributarias que incluyen el establecimiento de una tasa corporativa mínima del 15% a partir de 2023, diseñada para ayudar a poner fin al traslado de operaciones a paraísos fiscales por parte de las multinacionales. Si bien este es un desarrollo positivo, es importante recordar que en las democracias de todo el mundo las consecuencias y amenazas de las graves desigualdades y el poder oligárquico se extienden mucho más allá del ámbito de la política fiscal. Analizar y cuestionar las relaciones entre desigualdad y democracia debería ser un foco central de la Ciencia Política.