Editorial
Incoherencias dentro y fuera del país: protestas, vacunas, y propiedad intelectual
Por: Carolina Urrego-Sandoval, Profesora Asistente Departamento de Ciencia Política
Desde el 28 de abril, cuando inició el Paro Nacional en medio de uno de los picos más altos de la pandemia de COVID-19, ha quedado en evidencia la inhabilidad de este gobierno para escuchar y dar respuestas al clamor de una sociedad cansada de la desidia estatal. En el marco de esta situación, el actuar del gobierno dentro y fuera del país ha sido lamentable y vergonzoso.
En Colombia, el gobierno ha interpretado las protestas, en su mayoría pacíficas, como un problema de orden público, estigmatizando a los manifestantes.
El país está viviendo una ola de violencia sin precedentes en su historia reciente. Las violaciones a los Derechos Humanos han sido ampliamente documentadas y han generado rechazo a nivel nacional e internacional. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ONGs como Human Rights Watch , Amnistía Internacional, y la prensa internacional han condenado lo que está ocurriendo.
En el contexto internacional, el gobierno a través de la ahora Vicepresidenta y Canciller Marta Lucia Ramírez, se rehusó a recibir en Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, en un necesario cambio de posición, dicha visita fue aprobada y este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) verificará, del 8 al 10 de junio, la situación de Derechos Humanos en el país en el marco de las protestas. Claramente, la posición del gobierno al evitar hacer referencia a las víctimas de la de la fuerza pública en escenarios nacionales e internacionales constituye una estrategia débil, pero clara, para negar su responsabilidad en la crisis de Derechos Humanos que enfrenta el país.
Al mismo tiempo, durante en el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el presidente Iván Duque solicito que esta actúe como mediadora para ayudarle al país a conseguir vacunas prestadas mientras llegan las que han sido encargadas. La misma solicitud fue presentada por Marta Lucia Ramírez al gobierno de los Estados Unidos. Esta propuesta inverosímil evidencia una vez más las enormes disparidades entre los miembros estándar de la OCDE (países de renta alta), que han acaparado las vacunas ofertadas por las farmacéuticas negociando millones de dosis más de las que necesitan, y Colombia (país de renta media-alta) que ahora pide dichos medicamentos prestados. Adicionalmente, demuestra una actitud arribista al desconocer que muchos países, incluido los Estados Unidos, han prometido compartir vacunas en el marco de iniciativas de caridad a través de mecanismos como COVAX. Si bien, esta es una importante alternativa para países de renta baja y países menos avanzados (PMA), esta no constituye una verdadera opción para países de renta media alta como Colombia, que no están priorizados en este mecanismo y que pueden recibir sólo una cantidad reducida de estas vacunas.
Más preocupante aún, es que al interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Colombia no apoyó la iniciativa que busca flexibilizar algunas disposiciones del Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19 (Waiver Proposal). Esta iniciativa que trata de avanzar una solución mundial expedita, abierta y automática para permitir la colaboración en el desarrollo, la producción, y el suministro de vacunas fue presentada por Sudáfrica e India y recibió el apoyo de varios países, organizaciones como la OMS, y organizaciones y grupos de la sociedad civil.
Claramente, el objetivo de esta iniciativa no es que todos los países produzcan vacunas, o que de la noche a la mañana desarrollen una industria farmacéutica, esto simplemente no es posible. Existen otros elementos como el acceso a los insumos que hacen parte de las múltiples dificultades alrededor de la producción de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, de lo que se trata aquí es de, en lo posible, aumentar el número de proveedores, mejorar las condiciones de negociación para garantizar un mayor acceso, y reducir los tiempos de espera para la vacunación. De acuerdo con las cifras reveladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Figura 1) el porcentaje de población vacunada en el mundo a finales del mes de abril revela una cruda pero predecible realidad en torno a la desigual global y las enormes diferencias entre países.
Fuente: FMI (2021)
Por supuesto, la propuesta no ha recibido el apoyo de la industria farmacéutica, que por el contrario avanza sus intereses monopolísticos de propiedad intelectual. Es así como las estrategias comerciales de estas compañías se han visto reflejadas en los altos precios de las vacunas, y las ganancias sin precedentes que han recibido desde el inicio de la pandemia. Este fenómeno evidencia cómo el interés privado se sobrepone al público incluso en medio de una crisis sin precedentes. De manera similar, hasta hace muy poco los Estados Unidos manifestó la posibilidad de apoyar la iniciativa al interior de la OMC lo que se espera genere un efecto dominó con otros países. La Unión Europea aún no ha hecho declaraciones en esa dirección. Lo que podemos evidenciar de estas posiciones es que a pesar de los discursos sobre la importancia de la cooperación en épocas de crisis en la práctica esta no se han manifestado. Estas discusiones continuarán al interior de la OMC y tendrán una plataforma importante en la próxima Cumbre del G7 que realizará en Reino Unido entre el 11 y el 13 de junio.
En el contexto Sudamericano, de acuerdo con una de las últimas ruedas de prensa de la (OMS), «La situación en esta región sigue siendo muy preocupante ya que cuatro de los diez países con más casos absolutos en el mundo durante la semana pasada fueron: Argentina, Brasil, Colombia, y Chile.”
Lo anterior, evidencia una vez más la imperiosa necesidad de exigir al gobierno respuestas y estrategias claras y viables frentes a las diversas crisis por las que atraviesa el país, que sabemos requieren esfuerzos significativos en el escenario nacional e internacional. En particular, se debe resaltar que, si la crisis de salud no se atenúa, tampoco lo hará la crisis económica.
Análisis e Investigación
Derecho y violencia en el problema del ‘vandalismo’
Por: Andrés Parra, Profesor Asistente Departamento de Ciencia Política
Próximamente será publicado en la revista Ideas y Valores un artículo que escribí acerca de la relación entre derecho y violencia en Hans Kelsen y Walter Benjamin. Kelsen, representante del positivismo liberal, defiende la tesis de que la violencia es una condición necesaria, pero no suficiente, del derecho, mientras que Benjamin identifica plenamente el derecho con la violencia: el derecho no es otra cosa que la violencia más fuerte que se llama a sí misma ‘derecho’ y bautiza a las otras violencias como ‘violencia’.
Más que presentar un resumen de este artículo de investigación, me gustaría relacionar las principales tesis y conclusiones del texto con la coyuntura actual del paro nacional.
Kelsen no desconoce la relación que pueda existir entre derecho y violencia, pero para él se trata de una relación externa. El derecho, para ejemplificarlo con una analogía, es como una escultura. Las esculturas tienen o presuponen un material, pero las esculturas no se reducen a su material porque ellas son la forma de su material. De igual manera, el derecho presupone la violencia, pero no se reduce a ella, pues el derecho es la forma de la violencia. Esto significa, en otras palabras, que el derecho es violencia, pero una que está regulada por normas.
Estas normas conforman un sistema y un campo de sentido. El derecho, de este modo, es una forma específica de interpretar la realidad social y no solo un conjunto de normas. Bajo ese modo de ver e interpretar la realidad social, nos acercamos a dicha realidad preguntándonos si los hechos sociales corresponden o no con una norma. Y todo este campo de sentido está estructurado por una norma abstracta que surge de una operación intelectual que unifica este campo de sentido como un campo coherente. Esa norma abstracta es lo que Kelsen llama la “norma fundamental”, la cual aparece y es definida como un presupuesto lógico-trascendental, es decir, como resultado de una operación mental de unificación. Por esta razón, el derecho no es violencia desnuda, pues, si bien la violencia es un hecho social, pensarla desde el campo de sentido del derecho significa preguntarse por si ella coincide o no con una norma.
La tesis de Kelsen corresponde con los análisis liberales de la violencia en la coyuntura del paro nacional. La violencia es legítima, desde este punto de vista, si corresponde con una norma. Desde allí, el Estado tiene una prerrogativa para ejercerla, y ese ejercicio es válido si corresponde con una norma, en este caso, con las disposiciones consignadas en el derecho administrativo policivo y la Constitución.
El análisis desde Benjamin es diametralmente opuesto. Él no desconoce que en el derecho existan normas que regulen el uso de la violencia por parte de las autoridades. Sin embargo, enfatiza en que esas normas se basan ellas mismas en la violencia, tanto en su origen como en su reproducción en el tiempo dentro de un espacio social definido. Para mostrar este punto, Benjamin interroga la razón por la cual el Estado se preocupa por monopolizar la violencia. Tendemos a pensar que esta razón radica en que el Estado quiere proteger ciertos fines o valores para la convivencia social por medio de la violencia: pensamos entonces que la violencia es un medio que el Estado utiliza para asegurar ciertos fines políticos (ideas de justicia, concepciones del bien y de la convivencia, etc.).
Sin embargo, Benjamin está en contra de esta concepción de la violencia como un simple medio de los fines políticos. Para él la razón por la que el Estado busca monopolizar la violencia es más profunda y revela un secreto oscuro que la teoría jurídica siempre quiso ocultar. El Estado busca monopolizar la violencia simplemente porque no tolera la existencia de la violencia por fuera del derecho, así esta violencia coincida con los mismos fines políticos que el Estado pretende alcanzar. Un claro ejemplo de esto lo vemos en los superhéroes de las películas de Hollywood. En muchos casos (si no en todos), ellos buscan los mismos fines políticos que el Estado: quieren arrestar a aquellos delincuentes buscados por la policía y comparten la misma concepción de la convivencia (por ejemplo, la defensa de la propiedad privada). Pero aun así, el superhéroe sigue siendo violento ante los ojos del derecho. Esto nos demuestra que el derecho llama violencia a todo uso o despliegue de la fuerza que esté por fuera de su esfera y no simplemente a aquellos usos de la fuerza que no correspondan con sus fines políticos. De acuerdo con Benjamin, esta circunstancia remite a su vez al hecho de que el derecho teme a la violencia ejercida por fuera de su órbita porque el fin del monopolio de la violencia significa el fin del derecho.
De allí se deduce que el derecho coincide con el monopolio de la violencia. También que el ejercicio constante, repetido y centralizado de la violencia se convierte él mismo en derecho. La violencia no es entonces solamente una materia externa del derecho, como lo pensaba Kelsen, sino que derecho y violencia coinciden, pues el primero no es más que el ejercicio constante y monopolizado de la segunda.
Con esto en mente, Benjamin descubre una violencia de segundo orden que está a la base del derecho. Hay una violencia de primer orden, que corresponde al sistema penitenciario, el ejército, los cachiporrazos de la policía y los métodos disuasorios de la protesta. Pero hay una violencia de segundo orden, que siempre acompaña a la primera violencia. Esta consiste en llamar ‘derecho’ a la violencia de primer orden y ‘violencia’ a todo uso de la fuerza por fuera de la órbita del derecho. La violencia de segundo orden es nada más y nada menos que la distinción entre derecho y violencia. Esta distinción es teórica, pero sus efectos prácticos son intensos: en efecto, si se considera que la fuerza que utiliza el Estado es derecho y no violencia, estamos partiendo discursivamente de que la violencia estatal está investida de toda legitimidad a priori, mientras que la violencia por fuera del derecho (en este caso, la violencia de las protestas) no solo es ilegítima, sino enemiga de toda legitimidad.
Esto no debe llevarnos a ser acríticos frente a la violencia de las protestas, sino a interrogar el origen teórico de la forma en que vemos y entendemos la violencia estatal y la violencia de la protesta. Los excesos de la policía son una cuestión de manzanas podridas, dado que la violencia estatal es legítima a priori: si hay exceso o conductas inaceptables, el problema será siempre de los individuos y nunca del Estado o del derecho como tal. Pero si hay actos censurables y reprochables por parte de los manifestantes que acuden a las vías de hecho (que los hay y deben ser criticados sin concesiones), lo que tenemos en frente es una actitud vandálica general de la protesta como protesta: aquí el problema no es la parte, del individuo, sino el todo: el ánimo general de la protesta, el espíritu incivilizado de los vándalos, la amenaza global al orden jurídico y a la seguridad, etc. ¿Por qué condenamos el exceso de la violencia estatal como una cuestión individual y el de las protestas como una cuestión global?
Benjamin nos da una buena respuesta.
Dato de la semana
En la investigación “ Igualdad de género, violencia y acoso sexual en América Latina: Hallazgos de la encuesta anual WIN World 2020 ”, se encontró que para el 2020 17% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia ya fuera física o psicológica. Estos resultados se obtuvieron de una encuentra en la que una de las preguntas era “¿Ha sufrido algún tipo de violencia (ya sea física o psicológica) en el último año?».
Estudiantes
Reflexiones en torno al final de otro semestre virtual
Por: Valentina Correa, estudiante de séptimo semestre de Ciencia Política y Antropología
Nos acercamos a la culminación de otro semestre bastante atípico y cargado de muchas emociones que se encuentran atravesadas por la virtualidad. Contando este semestre, ya vamos un año alejados del campus y a lo largo de este tiempo, hemos intentado acostumbrarnos a un espacio lleno de cuadros negros y unas escasas cámaras prendidas, que a medida que pasan las semanas, cada vez terminan siendo menos. A lo largo de estos tres semestres, hemos venido familiarizándonos con el tono de voz de las personas, a pesar de que a muchos en un futuro no los lograremos reconocer por la calle. Incluso, hemos mejorado nuestra habilidad a la hora de sostener monólogos, pues, al salir de las sesiones, ya no tenemos recorridos con nuestros compañeros que nos permitan continuar con las discusiones de clase.
Con esto, no quiero decir que las herramientas tecnológicas no traigan beneficios, ya que, como lo hemos podido evidenciar, la tecnología brinda la posibilidad de acercarnos a otras personas que, de otra forma, no podrían estar presentes sino fuera por las aulas virtuales. Sin embargo, es importante situarnos, pues como lo muestra un informe de la Unesco, la realidad para muchos estudiantes en el país no es la misma. De acuerdo con el informe, en Colombia solo el 67% de los estudiantes de quince años tienen conexión a internet, el 62% tiene acceso a una computadora y solo el 29% cuenta con un software educativo. Así que, mientras que algunos nos hemos desesperado a través de las pantallas, hay otros que no han tenido ni siquiera la posibilidad de hartarse de ellas. Lastimosamente, con la pandemia del COVID-19 las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, han incrementado, y aunque para muchos, entrar a clase sigue siendo una decisión, para otros, las barreras tecnológicas, se los impide. Así que, aunque la virtualidad nos ha afectado de maneras distintas, podría decirse que, para todos, retornar a la presencialidad es necesario.
Quizá haya algo de tristeza en mí al pensar en aquellos estudiantes que hasta ahora están iniciando su vida universitaria y que no tuvieron la oportunidad, que muchos otros tuvimos, de disfrutar día a día del campus, de nuestros profesores y de nuestros compañeros de forma presencial. De pronto, también se debe al pensar en otros estudiantes, que, como yo, están llegando al final de su carrera y no han podido disfrutar del final de esta etapa tan importante en nuestras vidas. Por lo tanto, aunque sea cierto que la virtualidad llegó para quedarse, sigo ilusionada esperando un retorno tranquilo a la semi-presencialidad, y que al menos, el próximo semestre, podamos en la medida de lo posible, volver a disfrutar de esa conexión de estar en contacto directo con los demás.
¡Feliz final de semestre para todos!
Egresados
Andrés Ucros
Andrés es politólogo y abogado graduado en 2008 con una amplia experiencia en el sector público y privado. Comenzó su carrera como investigador en la Fundación Ideas para la Paz, Corporación Excelencia en la Justicia y posteriormente hizo parte de la recién creada Alta Consejería por la Reintegración (ACR). Posteriormente, desarrolló su práctica privada y se desempeñó como abogado experto en temas de infraestructura y project finance en Prieto & Carrizosa y Arrieta Mantilla & Asociados.
En junio de 2012 ingresó al equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante la fase exploratoria del proceso de paz con las Farc- Ep. Entre 2012 y 2014 fue asesor en temas de justicia transicional y derecho internacional donde participó del equipo de Gobierno encargado de diseñar el arreglo de verdad, justicia y reparación que sería posteriormente incluido en el acuerdo de paz. Posteriormente fue becado por el Gobierno del Reino Unido donde cursó su maestría en el London School of Economics y al mismo tiempo hizo parte del equipo de Lord Alderdice en la Cámara de los Lores del Parlamento Británico. En esa capacidad, Andrés contribuyó a explicar y generar apoyo internacional al acuerdo de paz. A su retorno a Colombia, dirigió por primera vez la Oficina de Construcción de Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde durante 5 años, lideró la estrategia para vincular el sector privado al proceso de paz y reconciliación. Actualmente, lidera la estrategia de integración regional de la misión de USAID en Colombia buscando generar intervenciones de desarrollo sostenible, secuencial y de alto impacto.
Colombia internacional en Abstract
Lo internacional y lo global. Gubernamentalidad global: analítica y práctica de gobierno
Objetivo/contexto: El artículo es resultado de la convocatoria realizada por Colombia Internacional para pensar los estudios globales desde el sur. Se trata de un aporte teórico crítico que tiene como objetivo dejar de lado el binarismo que opone lo global a lo internacional y, en cambio, buscar modos de pensarlos como mutuamente constitutivos. Metodología: A través de una revisión bibliográfica que indaga en los textos de sus máximos referentes, argumenta que los estudios globales encuentran su razón de ser en concepciones estrechas tanto de las relaciones internacionales como de lo internacional. Al ser esto último concebido como equivalente a interestatal, el artículo sostiene que lo global emerge en oposición al Estado y vinculado a la sociedad civil global. La herramienta que el artículo propone para sortear este binarismo es el concepto de gubernamentalidad elaborado por Michel Foucault. Este es globalizado y presentado como marco analítico y como práctica de gobierno liberal, y permite pensar un poder descentrado del Estado que se ejerce en múltiples direcciones y no en oposición a la sociedad civil sino a través de ella. Conclusiones: Así, en conclusión, permite concebir tanto al Estado gubernamentalizado como a la sociedad civil como productos del liberalismo en tanto práctica gubernamental globalizada, eliminando el binarismo que está en la base de la emergencia de los estudios globales.
Noticias
La profesora Carolina Urrego-Sandoval publicó el pasado 21 de mayo un articulo para la revista Global Brief, este se titula “Paro Nacional 2021: Colombia en crisis”. Léalo aquí.
El pasado miércoles 26 de mayo se publicó un nuevo episodio del podcast [INciso] titulado “Kpop y activismo digital”. En este participaron Carolina Urrego-Sandoval, Jean-Marie Chenou y Lina Daniela Cardona. Aquí lo puede escuchar.
El pasado 20 de mayo se publicó un nuevo capitulo de #Unboxing por Democracia Abierta , titulado “Situación crítica en Colombia”. Este capítulo fue presentado por la profesora Sandra Borda. Revívalo aquí.
Esta semana se publicó un nuevo episodio del podcast Buceando en el naufragio dirigido por la profesora Sandra Borda junto al egresado Daniel Poveda. En esta ocasión, analizan las políticas del gobierno de Joe Biden hacia América Latina. Escúchelo aquí.
Agenda
El jueves 10 de junio a las 9:30 a.m. se llevará a cabo el panel “Adhesión de Corea del Sur como Miembro Asociado de la Alianza del Pacífico: Relevancia e implicaciones”. Ingrese aquí.
Oportunidades
La Revista de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales tiene convocatoria abierta del 1 al 15 de junio para la recepción de artículos, el tema es libre. Aquí para más información.
Director
Miguel García Sánchez
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Fanny Medina Ariza
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