Por: María Paula Rincón
El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo en La Universidad de Los Andes el “Gran debate Juvenil por Bogotá”, en el cual se esperaba que los 9 candidatos a la alcaldía dieran a conocer sus principales puntos de vista sobre problemáticas coyunturales que afectan a Bogotá. El debate estaba transcurriendo con normalidad hasta que se empezó a debatir acerca de uno de los temas más relevantes en la carrera por la alcaldía: la seguridad. En este punto, se le hizo una pregunta al candidato Diego Molano acerca de las paupérrimas condiciones de seguridad que deben enfrentar los bogotanos; sin embargo, el candidato de la Salvación Nacional aprovechó su turno para mostrar al público universitario un letrero que decía “No a la primera línea” y para tirar pullas al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, el cual se defendió de las acusaciones y de igual forma, crítico a Molano. Esta fuerte confrontación entre los candidatos desencadenó un efecto dominó en los cuales, unos estudiantes que estaban presentes en el debate les gritaron a los candidatos Diego Molano y Gustavo Bolívar “Asesino” y “Guerrillero”, respectivamente. La tensión que generó este encuentro y las fuertes reacciones de la mayoría de los estudiantes me hizo reflexionar acerca de los grandes retos que tiene la educación superior en Colombia en cuanto a la formación de todos los estudiantes (en todas las disciplinas) frente a la importancia de la libertad de expresión y cultura política, en un contexto altamente polarizado y violento, como el que ha enfrentado el país en toda su historia.
Para empezar, considero que el reto más importante que tienen las universidades de todo el país es la implementación de espacios, clases y actividades que sirvan para la difusión de diversas ideas. Hoy en día, muchas instituciones, medios de comunicación, colectivas sociales, grupos de interés, y muchos otros, se han promocionado como espacios de “libre pensamiento” en donde -supuestamente- todas las opiniones son válidas si se hacen desde el respeto y una base argumentativa. Sin embargo, esto no es muy cierto en la mayoría de los casos, puesto que estas mismas instituciones y los propios estudiantes o miembros de estos grupos se encargan de censurar ciertas opiniones y posturas que consideran políticamente incorrectas o que directamente “ni siquiera vale la pena escuchar”. En la mayoría de estos espacios “libres” se presupone un pensamiento que no es negociable, no se permite el disenso respecto a ciertos temas y censuran cualquier opinión que no se encuentre dentro del código social moral e ideológico que todos sus integrantes aceptaron sin saberlo. Como estudiante, he vivido y he visto que muchas personas no pueden expresar sus ideas libremente por el miedo de ser juzgado o criticado por sus propios compañeros, entonces ¿de qué sirve decir que todas las opiniones son bienvenidas si solo se van a escuchar y respetar aquellas que sigan ese sagrado código social? En realidad, es urgente reconocer que no existe diversidad si se presupone que hay cosas que no se pueden decir o pensar, no hay diversidad si todos están de acuerdo con lo mismo y, por supuesto, no hay diversidad en la condena a la guillotina social de aquellos que no coincidan. La belleza de la diversidad se encuentra realmente en entender que todas las opiniones merecen ser escuchadas, incluso si son opiniones con las que no estamos de acuerdo. Como el presente de la sociedad, creo firmemente que nuestro mantra debería ser la frase de la filósofa mexicana Laura Lecuona “disentir no es odio”, porque disentir no es pecado, pero expresar inconformismo desde el odio y la irracionalidad -como sucedió en el debate- si debiese serlo.
Por otra parte, considero importante resaltar que, a pesar de que muchas instituciones de educación superior cuentan con normativas y/o programas que le exigen a sus estudiantes estudiar y seguir reglamentos con un componente ético, muchos de estos programas no incluyen la cultura política dentro de su planeación y/o los estudiantes tampoco les dan mucha importancia a estos temas. En primer lugar, la educación superior tiene la responsabilidad de formar ciudadanos activos y comprometidos en una sociedad democrática, puesto que la falta de conocimiento y aprecio por la cultura política puede llevar a una ciudadanía desinformada y apática, que no participe en elecciones, no se involucre en debates públicos y no comprenda completamente el funcionamiento de las instituciones políticas. Esto es problemático debido a que se debilita la esencia misma de la democracia, que se basa en la participación informada y activa de los ciudadanos en todos los procesos sociales y políticos que atraviesa el país. Además, la ausencia de un enfoque en la cultura política dentro de todos los programas de las universidades puede contribuir a la polarización y la división en la sociedad, lo cual es uno de los mayores problemas sociales que ha enfrentado Colombia desde hace mucho tiempo. Muchos estudiantes que no comprenden las complejidades de los asuntos políticos son más propensos a caer en trampas de desinformación y a adoptar posturas extremas que dificultan el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones equilibradas a los problemas sociales, generando así muchos conflictos en sus hogares, con sus amigos, en sus clases y en todos los ámbitos sociales.
Para abordar esta problemática, las instituciones educativas deberían incluir cursos de educación cívica y política en todos los planes de estudio, no solo aquellos relacionados con carreras de ciencias sociales y humanas. Adicionalmente, es importante que se reconozca el importante rol que tienen los docentes no solo como transmisores de conocimiento, sino también como modelos a seguir y guías en el proceso de formación de los estudiantes como ciudadanos responsables, empáticos y respetuosos. Los docentes deben cultivar un entorno en el aula que fomenté el debate respetuoso y la apertura a diversas perspectivas políticas y culturales, lo cual implica no imponer sus propias opiniones, sino más bien animar a los estudiantes a cuestionar, explorar y debatir asuntos políticos desde una variedad de ángulos, incluso sin caer en ese sagrado código social que mencioné anteriormente. Asimismo, los docentes y las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a discernir entre fuentes de información confiables y aquellas que propagan desinformación. Para esto, es fundamental que se implementen más cursos y/o módulos que traten estos temas con el fin de reducir el impacto significativo que tienen la desinformación y las fake news en la percepción de los asuntos políticos y sociales. Al fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, los profes empoderan a sus estudiantes para tomar decisiones informadas y basadas en hechos, lo cual promueve la cultura política y el respeto por la diversidad.
Las pequeñas acciones y el reconocimiento de nuestros propios errores son los que nos ayudarán a que – al menos- los estudiantes no protagonicemos otra vez bochornosos momentos como el debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá. No somos el futuro del país, somos el ahora, y no podemos seguir ignorando las responsabilidades políticas y sociales que tenemos con nosotros mismos y con todos los que habitamos Colombia y el mundo.
