Por: Santiago Giraldo Daza
En los últimos años se ha propuesto la construcción de una base militar en el PNN Gorgona, como respuesta a la lucha contra las drogas y el fortalecimiento de la interdicción en el pacífico colombiano. De la mano de la Oficina Internacional de Asuntos y Antinarcóticos de EE. UU, el gobierno nacional ha intentado llevar a cabo una serie de obras en la isla para mejorar la seguridad y el control costero, entre las cuales se encuentran; la construcción de un muelle, una torre de comunicación con radar, una estación de guardacostas y un tanque de almacenamiento de combustible. La licencia ambiental del proyecto fue otorgada en 2015 por la ANLA, pero a día de hoy enfrenta una serie de problemas legales y resistencias políticas.
Frente a la construcción de la base hay posturas dividas, mientras que grupos de ambientalistas y autoridades regionales se oponen a la medida, expertos en drogas y seguridad afirman que puede ser una estrategia efectiva para reducir el narcotráfico (Guilfoyle, 2009). Gobiernos como el de Juan Manuel Santos e Iván Duque defendieron la ejecución del proyecto, argumentando que sería de utilidad para contrarrestar actividades ilegales de pesca, narcotráfico y contaminación marítima. Sin embargo, de acuerdo con el Comité Científico del Parque y la Academia Colombiana de Ciencias, la existencia del parque nacional va más allá de los intereses geopolíticos, busca proteger la biodiversidad de la zona, y con ella a las más de 381 especies de peces, 155 especies de aves y 430 tipos de plantas que en ella habitan (Giraldo et al, 2014). La isla Gorgona no solo es un gran atractivo turístico, sino también un importante centro de investigación científica. Pero ¿qué tan legal es construir una base militar en una zona de especial protección como un Parque Nacional?
Los Parques Nacionales son ecosistemas no alterados con un valor científico, educativo y estético, en donde se permiten únicamente actividades de conservación, recuperación, investigación y cultura. Son espacios generalmente delimitados en el SINAP, que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y en donde no se permite casi ningún tipo de actividad económica. A pesar de las múltiples restricciones que tienen, de acuerdo con el decreto 3572 de 2011, si se pueden llevar a cabo proyectos de infraestructura en estos, siempre y cuando Parques Nacionales Naturales de Colombia y la ANLA otorguen los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales. ¿Cuál es el problema entonces?
Expertos en derecho ambiental y comunidades del municipio de Guapi, en el pacífico colombiano, explican que los impactos negativos del proyecto en la fauna y la flora del parque son incalculables. Además, estudios han demostrado como la construcción de un puerto y una estación de guardacostas podrían afectar el ecosistema coralino que rodea la isla, y que es “uno de los más desarrollados y diversos del Pacífico oriental tropical” (Giraldo et al, 2008). Se apela a que, con la construcción de la base, no se está cumpliendo con el principio de precaución ambiental, ni se está respetando el proceso de consulta previa, debido a que la Procuraduría ha tenido que solicitarle a la ANLA en reiteradas ocasiones llevar a cabo una audiencia pública ambiental. Lo peor de todo es que las audiencias tienen como propósito dar a conocer y recibir información de las comunidades frente a los proyectos, sin embargo, lo discutido no es vinculante, y las comunidades no siempre están informadas de la existencia de estos espacios (Madrid, 2021). Faltará ver si en un futuro el acuerdo de Escazú logra corregir las asimetrías de información que existen en este tipo de procesos.
Ahora bien, resulta indignante que el gobierno de Gustavo Petro, un presidente de izquierda que se hizo elegir con las banderas de la biodiversidad y la protección ambiental, haya decidido continuar con la ejecución del proyecto. El 12 de febrero de 2024 la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que la base militar seguiría en construcción, teniendo en cuenta todas las recomendaciones ambientales y haciendo mayor énfasis en el turismo. En la realidad, la esencia del proyecto no cambia, y permanecen vigentes todas las construcciones sobre la zona costera y el lecho marítimo, la ejecución de un proyecto turístico a gran escala, como plantea el gobierno, puede ser perjudicial para la isla, pues no tiene en cuenta el factor de sostenibilidad. Además, la decisión de continuar con las obras es inconstitucional, pues un comité ambiental llamado “Salvemos Gorgona” había presentado una acción popular frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió hacer un peritaje técnico en 2022, y que aún no se ha realizado. Continuar con el proyecto sin los resultados del peritaje, sería desconocer la decisión del tribunal y pasar por encima de la acción popular presentada por la organización ambientalista y la ciudadanía.
Si bien la base militar juega un papel importante en la interdicción y en el fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos, su construcción podría significar el fin de la biodiversidad, el interés científico y ecoturístico que hay en torno a la isla. La decisión del gobierno nacional es antidemocrática, y puede costarles a los colombianos la pérdida de un ecosistema único en el mundo. ¿En todo el pacífico colombiano no hay lugares más oportunos y menos nocivos para la construcción de una base militar? Hay que dejar el capricho con Gorgona.
Referencias
- Giraldo, A., Diazgranados, M. C., & Gutiérez-Landázuri, C. F. (2014). Isla Gorgona, enclave estratégico para los esfuerzos de conservación en el Pacífico Oriental Tropical. Revista de Biología Tropical, 62, 1-12.
- Giraldo, A., Rodríguez-Rubio, E., & Zapata, F. (2008). Condiciones oceanográficas en isla Gorgona, Pacífico oriental tropical de Colombia. Latin american journal of aquatic research, 36(1), 121-128.
- Guerrero Castro, J. E. (2017). Maritime interdiction in the war on drugs in Colombia: practices, technologies and technological innovation.
- Guilfoyle, D. (2009). Shipping Interdiction and the Law of the Sea (No. 63). Cambridge University Press.
- Madrid Gómez, L. (2021). La participación ambiental de los campesinos en Colombia: un análisis desde las audiencias públicas ambientales en el período 2015-2019.
